El Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) ha anunciado el domingo a través de las redes sociales su vuelta al poder tras controlar el gobierno en la región de Tigray, al norte de Etiopía, lo que supone en la práctica una posible ruptura con el marco establecido tras el acuerdo de paz firmado en 2022. La decisión, comunicada públicamente el domingo por Facebook, implica la reactivación del parlamento regional, que había sido suspendido como parte del proceso de pacificación. Este movimiento ha generado preocupación ante la posibilidad de que se reactive el conflicto armado que devastó la zona durante dos años.
Mientras, Desde el TPLF se acusa al gobierno federal de incumplir el Acuerdo de Pretoria, señalando tanto la falta de financiación para pagar a los funcionarios como la ejecución de acciones que estarían alimentando nuevas tensiones militares. Por su parte, Getachew Reda, quien fuera portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray y que actualmente ostenta el cargo de ministro consejero para Asuntos de África Oriental, habiendo ocupado por designación de Abiy Ahmed el liderazgo de la administración regional provisional del Tigray, de marzo 2023 a abril de 2025, calificó esta decisión como un rechazo directo al sistema político transitorio establecido tras la guerra. El origen del conflicto se remonta al deterioro de relaciones entre el TPLF y el actual primer ministro Abiy Ahmed, cuyo ascenso al poder en 2018 puso fin al dominio político que el grupo había mantenido durante décadas.
La guerra, que enfrentó a las fuerzas federales contra los combatientes del TPLF, dejó un saldo de cerca 600.000 víctimas y cinco millones de desplazados. Aunque el acuerdo de paz logró frenar los combates, la situación sigue siendo frágil, como lo demuestran los recientes enfrentamientos y ataques con drones registrados en la región. A esto se suma una grave crisis humanitaria agravada por la reducción de la ayuda internacional, especialmente tras los recortes en programas como los de USAID, lo que ha dejado a gran parte de la población dependiente de asistencia de emergencia y ha incrementado la presión sobre los servicios básicos.
Fuentes: Aljazeera
[CIDAF-UCM]