Andrew Crocker y Jennifer Lynch informan en Electronic Frontier Foundation (EFF) sobre el reciente fallo judicial del caso Chatrie contra Estados Unidos, en el que la Corte Suprema dictaminó que la Cuarta Enmienda protege los datos de ubicación de las personas, al considerar que incluso el rastreo gubernamental a corto plazo de los movimientos de una persona puede constituir un registro que requiere protección constitucional. Esta decisión amplía el histórico fallo de la Corte en el caso Carpenter contra Estados Unidos de 2018, al reconocer que periodos breves de vigilancia de la ubicación pueden revelar información altamente sensible sobre la vida privada de una persona, incluyendo sus afiliaciones políticas, religiosas, profesionales y personales. Este fallo judicial cobra importancia global por la referencia que supone ante la presencia internacional que tienen las empresas tecnológicas estadounidenses y por la presión y los condicionantes que imponen sobre los diferentes cuerpos legales y fiscales de cada nación.
El caso se centró en el uso de órdenes de geolocalización, que permiten a las fuerzas del orden obligar a las empresas tecnológicas —principalmente Google— a revelar datos de todos los dispositivos ubicados dentro de un área geográfica específica durante un periodo determinado. Los críticos argumentan que dichas órdenes funcionan como vigilancia masiva, ya que no se dirigen a un sospechoso específico, sino que recopilan información sobre miles de personas, muchas de las cuales no tienen ninguna relación con un delito. En el caso Chatrie, la policía obtuvo una orden de geolocalización en 2019 que abarcaba una amplia zona del norte de Virginia, incluyendo viviendas, negocios y una iglesia.
El fallo también establece que los datos generados por aplicaciones y almacenados por empresas tecnológicas externas siguen protegidos por la Cuarta Enmienda. El Tribunal enfatizó que los usuarios conservan una expectativa razonable de privacidad respecto a registros como correos electrónicos, documentos, fotografías, calendarios y datos de ubicación, a pesar de compartirlos con proveedores de servicios digitales. Observadores legales señalan que este aspecto de la decisión podría tener amplias implicaciones para el acceso del gobierno a una gran cantidad de información digital personal.
Si bien la Corte Suprema no determinó si la orden judicial específica de geolocalización en el caso Chatrie era constitucional o si las pruebas obtenidas en virtud de ella aún pueden utilizarse bajo la doctrina de la «buena fe», remitió esas cuestiones al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito. No obstante, se espera que la decisión influya significativamente en casos futuros relacionados con la privacidad digital, la vigilancia policial, los intermediarios de datos y otras formas de recopilación masiva de datos electrónicos.
Fuente: Electronic Frontier Foundation (EFF)
[CIDAF-UCM]