La Unidad de Investigaciones Especiales (SIU) de Sudáfrica, que depende directamente del presidente y el Parlamento, en un informe presentado hace unos días acusa a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de ser los responsables del escándalo Nkandla de la residencia del Jefe de Estado Jacob Zuma. La restauración del lugar, en la región de KwaZulu-Natal, que fue justificada con las necesidades de seguridad, pero que también incluyó mejoras exteriores, costó 246 millones de rand – de los cuales 16 sólo para el jardín, informó el periódico Beeld. Una cifra (el equivalente de más de 17 millones de euros) que Zuma habría utilizado de manera ilegal, según el defensor del pueblo de Sudáfrica, Thuli Madonsela.
Sin embargo, en su informe presentado ante el Parlamento los investigadores acusan a tres exdirectores generales del ministerio: Solomon Malebye, Sam Vukela y Siviwe Dongwana. La competencia entre los tres por el control de la obra habría elevado los costos. Sin embargo, parte de la prensa sudafricana expresó dudas sobre estas conclusiones, ya que – de acuerdo con los propios investigadores – ninguno de los tres funcionarios tuvo ganancias como consecuencia del caso Nkandla.
La SIU también afirma que el daño causado a la Hacienda de Sudáfrica no debería ser compensado por Zuma, sino por el arquitecto Makhanya, quien dirigía la obra. Ya se presentó una demanda civil de indemnización ante los tribunales de KwaZulu-Natal.
Fuente MISNA Fundación Sur
