El Tribunal Supremo de la provicia Occidental del Cabo decidió el miércoles que los acuerdos nucleares del gobierno con Rusia, Corea y Estados Unidos eran ilegales e inconstitucionales.
En un fallo histórico de hoy, el Tribunal también rechazó la decisión del gobierno sudafricano de comprar cerca de ocho centrales nucleares que producen alrededor de 9600 MW de energía nuclear. La decisión de la corte también ha pavimentado el camino para que los ciudadanos tengan voz en cualquier decisión futura sobre un futuro nuclear para Sudáfrica.
El fallo también anuló las solicitudes del gobierno o de Eskom para propuestas e información de los países vendedores de centrales nucleares. Esta decisión fue publicada por primera vez en 2013 por el exministro de Energía, Ben Martins, y posteriormente enmendada y publicada en 2016 por la exministra de Energía, Tina Joemat-Pettersson.
El problema fue denunciado por las organizaciones no gubernamentales Earthlife Africa y Safcei, contra el ministro de Energía, el presidente, el regulador nacional de energía de SA (Nersa) y Eskom.
Los equipos legales de ambas organizaciones argumentaron que la decisión del gobierno de ampliar el programa nuclear en 9600 MW era ilegal. También sostuvieron que la decisión de Joematt-Pettersson de celebrar acuerdos con Rusia, Corea y los Estados Unidos de tal manera que no pasaran por el Parlamento era inconstitucional.
En su fallo, los jueces LJ Bozalek y Elizabeth Baartman encontraron que el acuerdo nuclear intergubernamental ruso estaba » fuera de un amplio acuerdo de cooperación nuclear».
La Corte dijo que «por lo menos pone a las partes en camino hacia un acuerdo vinculante y exclusivo en relación con la adquisición de nuevas plantas de reactores del país en particular».
Bozalek dijo que la decisión de Joemat-Pettersson de presentar el acuerdo nuclear ruso bajo el artículo 231 (3) de la Constitución era «por lo menos irracional». Esta decisión también fue ignorada.
La sentencia indicó que el ministro parecía no haber pensado en los requisitos de la Constitución en relación con la presentación del acuerdo ruso, o «en el peor de los casos, haber deliberadamente omitido sus disposiciones con fines ulteriores e ilegales».
La corte dijo que los acuerdos de Corea y Estados Unidos, que se hicieron hace muchos años, pero que sólo se presentaron en 2015, tampoco podían presentarse en virtud del artículo 231 (3) y fueron anulados.
El tribunal dijo que la Constitución estipulaba que todos tenían derecho a una acción administrativa que fuera lícita, razonable y justa desde el punto de vista del procedimiento.
Cuando los ministros de energía Martin y Joemat-Pettersson tomaron las decisiones en 2013 y 2016 respectivamente de que Sudáfrica adquiriría 9600 MW de nueva energía nuclear, el regulador nacional de energía de SA (Nersa) estaba legalmente obligado a considerar las decisiones propuestas por los ministros. Sólo si Nersa coincidía con la decisión, esta se convertiría en legal y vinculante. Nersa había coincidido con los ministros en ambos casos, y fueron publicados.
Sin embargo, la corte encontró que el corto período entre los dos ministros que habían solicitado a Nersa que aprobara sus decisiones hizo «muy improbable que un procedimiento justo pudiera haber sido llevado a cabo».
El juez Bozalek dijo: «No hay ninguna duda de que la decisión de adquirir 9600 MW de nueva energía nuclear tendrá consecuencias de largo alcance para el pueblo sudafricano y conllevará un gasto muy importante. El coste que el público podría pagar a través de los impuestos y el aumento de los cargos de electricidad, podría ser de un trillón de rand, estimación que no fue discutida por los acusados.
Este enorme costo asignado a la energía nuclear afectaría inevitablemente el gasto en otros programas gubernamentales como la salud y la educación. El programa nuclear también tendría «consecuencias potencialmente de gran alcance para el medio ambiente».
Debido a estas consideraciones, el tribunal sentenció que si Nersa hubiera llevado a cabo un proceso de toma de decisiones racional y justo, habría permitido que el pueblo diera sus opiniones antes de decidir si coincidir con la propuesta de decisión nuclear del ministro. No lo hizo. Por consiguiente, la decisión de Nersa era injusta y violaba la Ley de Promoción de la Justicia Administrativa. Además, Nersa tenía el deber estatutario de actuar en interés público y de manera transparente.
«(Nersa) no ha explicado cómo actuó en el interés público sin tomar medidas para determinar las opiniones del pueblo», dice la sentencia. Por estas razones, las decisiones de Nersa fallaron la prueba de toma de decisiones racional. La decisión sobre la nueva energía nuclear quedó así anulada.
Hablando fuera de la corte hoy, el miembro de Earthlife Africa, Makoma Lekalala, dijo que muchos sudafricanos se oponían a la energía nuclear: «Tenemos que responsabilizar al gobierno… El futuro está en nuestras manos y no vamos a permitir tomar decisiones injustas de energía en nuestro nombre. Este gobierno debe invertir más en energía renovable. Es el poder del pueblo».
Melanie Gosling
Fuente: AllAfrica
[Traducción y edición, Fernando Martín]
[Fundación Sur]
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