Desde hace varios años, el régimen ruandés logra, aquí o allá, engañar a algunos países, pidiéndoles que le entreguen, esposados, a los opositores ruandeses exiliados en sus territorios. Por medio de campañas, bien engrasadas por grupos de presión sustanciosamente remunerados, el régimen de Paul Kagame ha logrado en algunos casos convencer a los más ingenuos de que los tribunales ruandeses pueden impartir justicia de manera equitativa. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), establecido en Arusha (Tanzania), ayudó a esta pretensión cuando al terminar su mandato resolvió transferir a Kigali a dos detenidos, acusados de genocidio. El TPIR, cuyo mandato ha concluido, ha enviado también a Kigali los dossiers de los inculpados que todavía no han sido detenidos. Estas transferencias a Kigali, son presentadas por el régimen ruandés como la prueba de que los tribunales internacionales reconocen que el sistema judicial ruandés es fiable y que, por lo tanto, los países a los que se reclama la extradición de algún opositor exiliado deben seguir el ejemplo del TPIR. Es la razón por la que algunos han cedido a las solicitudes de Kigali, mientras otros sufren fuertes presiones en ese sentido.
En 2010, la opositora política Victoire Ingabire, que regresó voluntariamente a Ruanda desde Holanda donde estaba refugiada, fue, pasados unos meses, detenida y encarcelada en la siniestra cárcel de Kigali. Se celebró un simulacro de procesos ante la Corte Superior, en el que dos falsos testigos, reclutados por los servicios secretos y que se autoinculparon, fueron presentados por el fiscal como antiguos colaboradores de la Sra. Ingabire. La opositora fue condenada a 8 años de cárcel.
Victoire Ingabire recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, sin hacerse ilusión alguna, ya que el presidente Kagame, en un discurso, ya había declarado que la opositora era culpable y que en consecuencia debía ser condenada. Entre tanto, las dos personas que se presentaron como “coacusadas” y miembros de las FDLR y habían reconocido su culpabilidad, fueron puestas en libertad. Algunos esperaban que la Corte suprema repararía la injusticia y dejaría libre a la Sra. Ingabire, cuyo único crimen es haberse opuesto al actual presidente Kagame. Pues bien, el 13 de diciembre, cayó la sentencia del Supremo: una pena todavía más grave, 15 años de cárcel.
Con este escándalo, quienes seguían creyendo que en el Ruanda de Paul Kagame podía existir un sistema judicial acorde con las normas en vigor en los estados civilizados, lo deben ya tener claro. En Ruanda, la Ley, la Justicia, es Kagame; el crimen es oponerse a Kagame; el criminal y terrorista es el opositor a Kagame. El proceso inicuo contra Victoire Ingabire está ahí para convencerlos. Algunos países democráticos deberían enrojecer de vergüenza y otros deberían rechazar ceder ante el régimen de Kigali, si no quieren ser juzgados como cómplices de una dictadura.
Los EEUU, Canadá, Noruega, han cedido y han entregado al régimen los ruandeses que reclamaba. Nada extraño, ya que algunas de estas potencias ayudaron al FPR a invadir Ruanda desde Uganda, en 1990. Las autoridades judiciales de estos países deberían sentir vergüenza; el escandaloso proceso sufrido por Victoire Ingabire ha demostrado una vez más que en Ruanda no se imparte justicia. Ojalá sirva para que se abran los ojos de los ingenuos. Países como Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Suecia, Dinamarca, están sometidos a fuertes presiones para que entreguen a opositores ruandeses. Esperemos que resistan y no cedan.
