En el debate que está teniendo lugar esta semana durante el XIX periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP19), lo correcto, no solo desde el punto de vista político sino también moral, es hacer referencia a todas las cuestiones urgentes relacionadas con la agricultura y el cambio climático. La agricultura encabeza la lista de los sectores afectados por el cambio climático, y presenta consecuencias complejas para la seguridad alimentaria y para la economía de los países que dependen de la agricultura de secano.
El informe de la cuarta evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC) advierte que si las empresas del sector agrícola siguen actuando como siempre, el rendimiento de la agricultura de secano en algunos países africanos podría sufrir una disminución de hasta el 50% en el 2020. Los precios de los alimentos básicos, como el maíz, el trigo y el arroz podrían aumentar una media de 53%, lo que empeoraría el hambre y la desnutrición en las naciones vulnerables, donde más de mil millones de personas ya padecen inseguridad alimentaria. La agricultura, además, contribuye a aumentar al cambio climático puesto que, según el IPCC, emite alrededor del 14% de los gases de efecto invernadero, sobre todo, a través de las emisiones directas y de la deforestación.
La relación entre la agricultura y el cambio climático no es nueva. Sin embargo, la dificultad más grande para la comunidad internacional sigue siendo encontrar soluciones que tengan en cuenta los intereses de los múltiples actores involucrados en el debate.
Para entenderlo, tenemos que considerar la importancia que tienen las políticas agrícolas en el cambio climático así como la presión resultante que ejercen para ser introducidas en la política nacional.
La política del cambio climático y de la agricultura
Las políticas más importantes giran en torno a las Partes negociadoras, a las organizaciones y a los intereses regionales, como se ha puesto de manifiesto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) y en otros debates nacionales. Estos debates, sin embargo, aportaron perspectivas dispares y poco claras para la agricultura.
A nivel global, las políticas giran en torno a los debates para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), que parece haberle quitado el puesto a la agricultura.
Al mismo tiempo, sin embargo, el interés en REDD+ podría haber proporcionado nuevas oportunidades para que las partes interesadas puedan impulsar la agricultura en la UNFCCC. Mientras que las Partes de los países desarrollados parecen estar interesados en colaborar con REDD+ y en beneficiarse de una serie de fondos regionales y bilaterales bien institucionalizados, los observadores de las organizaciones en el COP de UNFCCC han acuñado un discurso sobre «la inevitable faceta del REDD+». El discurso defiende que la agricultura es la principal causa de la deforestación, por lo que «una REDD exitosa» depende más de las estrategias de desarrollo de la agricultura para conservar y mantener los bosques que de las estrategias sobre los bosques en sí mismas.
A pesar de la lógica de esta relación con la agricultura, muchos países desarrollados, principalmente aquellos que cuentan con recursos forestales, no han querido colaborar con el programa agrícola, que parece dejarse siempre aparcado en la UNFCCC. La mayoría considera que los sistemas agrícolas son muy costosos y difíciles de administrar, y que consolidar los fondos de la REDD+ supone un gran reto.
Agricultura mecanizada
Los intereses de las Partes, unidos al discurso para alcanzar un desarrollo económico a través de la agricultura, se centran más en la agricultura mecanizada, tal y como se describe en las estrategias nacionales y en las políticas regionales, como la del Programa de desarrollo integral de la agricultura en África (CAADP, por sus siglas en inglés). Esta mecanización, que no es compatible con planteamientos a favor del clima, como podría ser la agricultura de conservación, se percibe como una solución fácil a los problemas estacionales del hambre y del crecimiento económico.
La política global lleva más allá esta dimensión sectorial y la introduce en los debates nacionales y globales. Por ejemplo, se ha planteado una preocupación especial con respecto a que determinados departamentos forestales de algunos países estén interesados en controlar los fondos de la REDD, y así apliquen planes de preparación que ofrezcan muy poca ayuda a los departamentos agrícolas. En las reuniones de la UNFCC se han planteado preocupaciones similares:
«Sabemos que los fondos de la REDD dependen de la intervención en la agricultura, como también mencionó Nicholas Stern en el Día de los Bosques. Aun así, y, a pesar del señalado reconocimiento de la relación y la interdependencia de los sectores de tierra firme, me he dado cuenta de que el informe que presentó la rueda de prensa del cuarto Día de los Bosques no mencionaba la agricultura. Claramente, el sector silos sigue siendo fuerte». (Peter Holmgren, Director de Clima, Energía y Tenencia de Tierras en la FAO, durante la sesión plenaria del cuarto Día de los Bosques, en Cancún, noviembre de 2010).
¿Existe un vacío de las políticas?
Se ha creado un vacío político como resultado del escaso compromiso entre algunos de los países desarrollados para trabajar en el programa agrícola, que ofrece a agentes externos la oportunidad de dirigir el programa del cambio climático y de la agricultura. Mientras que estos actores externos tienen importantes poderes de facto, gracias a sus fondos y conexiones, tienen muy poco poder de jure para introducir estas políticas en la agenda nacional, y es aquí donde surge el problema.
En los últimos años, los «agentes externos» han perseguido exitosamente una serie de iniciativas, como la de «agricultura climática inteligente» y han probado su utilidad en varios puntos de África y de otros países. El Future Agriculture Consortium ha intentado desvelar el papel que desempeñan estas iniciativas. Un gran número de estudios de caso a través de África, que incluyen Kenia, Etiopía, Ghana, Namibia y Malawi, muestran resultados dispares. Por lo general, los estudios sugieren que la promesa de fondos externos a veces anula la política de estado. En la mayoría de los casos, estas iniciativas se cruzan con instituciones locales más informales y desorganizadas donde los agricultores tienen muy poco conocimiento del contenido o de los objetivos de las iniciativas. El resultado es una competición de responsabilidades y relaciones de poder donde los agricultores salen perdiendo.
Estos desajustes en la política dan lugar a apropiaciones de tierras y a conflictos institucionales intraestatales por los fondos de donantes, como ocurrió en el caso de Malawi. El caso de Kenia revela ciertos detalles implícitos sobre problemas de género, derechos de la tierra, escasez de agua y escasa capacidad como impedimentos para la adopción de estas iniciativas.
Algunas estrategias para el futuro
Estas preocupaciones señalan la necesidad de los negociadores en el XIX periodo de sesiones de la COP en la UNFCCC a llevar a cabo debates sobre la agricultura como algo moral y no solamente político. Existe una necesidad especial de relacionar la política nacional y global para crear un marco general «jerarquizado» de políticas.
En los propios países desarrollados lo más importante es incluir una mayor generación de capacidad para afrontar el cambio climático, una mayor consulta con la población local en la creación de las políticas y una mayor atención a los problemas de desarrollo, como el acceso al agua o las desigualdades de género. Estas cuestiones son de suma importancia si los agricultores quieren tener más capacidad para mejorar sus oportunidades y su forma de vida en el contexto del cambio climático.
Joanes Odiwuor Atela
Future Agricultures
