El expresidente marfileño Laurent Koudou Gbagbo deberá presentarse el próximo 1 de octubre en la Corte Penal Internacional (CPI) que le juzga por delitos de lesa humanidad.

Esa noticia sucedió a otra reciente respecto al proceso y su contexto, la liberación por amnistía de la esposa del exgobernante, Simone Gbagbo, a quien los tribunales marfileños condenaron a 20 años de prisión por sus vínculos con la crisis postelectoral y responsabilidad indirecta.

Los hechos, base de los cargos que se le imputan al exmandatario, ocurrieron en Costa de Marfil entre el 16 de diciembre de 2010 y el 12 de abril de 2011, tras los comicios presidenciales del 28 de noviembre de 2010, cuyo resultado disputaron Gbagbo y el aspirante Alassane Dramane Ouattara, quien a la larga resultó triunfador.

Tales acusaciones contra el ahora exlíder del Frente Popular Marfileño (FPI) incluyen supuestos asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual, persecución y diversas agresiones calificadas de inhumanas, según la síntesis de los cargos hecha pública.

El juicio contra el expresidente Gbagbo, y su ministro de Juventud y exjefe de la milicia del partido, Charles Blé Goudé, comenzó a sesionar en 2016, cinco años después de la ola de violencia en Costa de Marfil, por la cual más de 800 ciudadanos permanecían presos, entre ellos Simone, quienes en agosto pasado se beneficiaron con el indulto.

En este ámbito se reanudará el proceso contra el exgobernante, toda vez que los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte Penal Internacional ya consideraron, en octubre de 2011, que el caso compete a su jurisdicción y la existencia de suficientes elementos convincentes para proceder.

TURBIAS AGUAS DE LA DISCORDIA

Con la continuación de ese evento queda claro que aún aquellos sucesos sangrientos remueven la conciencia nacional de Costa de Marfil, aunque muchos opinan que las responsabilidades deben ser compartidas entre los dos bandos.

Las presidenciales de 2010 entre Laurent Gbagbo, gobernante desde 2001, y Alassane Ouattara, ex primer ministro en el gobierno de Felix Houphouet-Boigny (1960-1993), considerado el padre de la nación, causaron un conflicto armado que dejó unos tres mil muertos entre ambos bandos.

No obstante, en la actualidad marfileña los derrotados de aquella crisis aún cargan todas las culpas de la contienda que enfrentó a los seguidores del mandatario saliente contra los de quien se convirtió en el jefe de Estado con el apoyo militar del contingente de Naciones Unidas (Onuci) y de las tropas francesas.

Esas turbias aguas de la discordia aún mueven molinos ideológicos que parecen irreconciliables, pese a los avances que la administración Ouattara logró en el campo de la institucionalidad con el referendo constitucional de 2016, con cuyos resultados se pretendía mantener la paz perdida al estallar el conflicto de sucesión presidencial.

Sin embargo, en Costa de Marfil persiste otro dilema de fondo y es que la oposición política considera un claro empoderamiento de los grupos de influencia del norte respecto a los del sur, y ello toca al presidente Ouattara, antes objeto de discriminaciones por asociarlo con una supuesta descendencia foránea.

Ese asunto incide en la búsqueda de la reconciliación real a que se remitió el gobierno cuando convocó al referendo hace dos años; acciones como la amnistía declarada en agosto pasado pueden aligerar un tanto las tensiones dimanadas de esta y otras contradicciones.

Si bien las acusaciones hasta ahora conocidas se concentran en el dúo Koudou Gbagbo-Blé Goudé, y nadie se refiere críticamente a los actos también sangrientos de los contrarios, no se puede descartar que los abogados de la defensa profundicen en el asunto e impidan se desequilibre la balanza de la justicia.

‘Costa de Marfil, a pesar de sus conflictos armados y fricciones étnicas, fue por mucho tiempo considerado un modelo de estabilidad y de democracia liberal en el continente africano, por lo cual resultaría dañino para el gran productor de cacao no poder recuperar esa percepción del auditorio regional’, recordaron medios de prensa.

ELECCIONES 2020

El juicio que transcurre en La Haya, Holanda, pudiera también en buena medida reflejar el interés del país africano de crear un escenario diferente; mientras, el presidente Ouattara parece preparar el camino para dentro de dos años aspirar a postularse a un tercer mandato al frente del Estado.

Al respecto, la oposición considera que esa opción sería ‘inaceptable e inviable’, luego del segundo período que termina en 2020; según los críticos, cometería ‘una provocación’, aunque el gobernante no descartó su aspiración en ese sentido en una entrevista con la revista Jeune Afrique.

‘La nueva Constitución me permite cumplir dos mandatos hasta 2020. No tomaré mi decisión final hasta entonces, según sea la situación de Costa de Marfil. La estabilidad y la paz son lo primero, incluso primando sobre mis propios principios’, apuntó el presidente.

Por su parte, el jefe de la agrupación opositora Juntos por la Democracia y la Soberanía, Georges Armand Ouégnin, calificó tal aspiración como ‘inconstitucional, inaceptable e inviable’. Esa coalición reúne a asociaciones de la sociedad civil y al FPI, el partido del expresidente Gbagbo.

De hecho, el proceso judicial que se reanudará en La Haya el 1 de octubre sesionará en momentos en los cuales la administración de Costa de Marfil logró aciertos con el referendo constitucional y en las legislativas de diciembre de 2016; ambos aspectos hacen que los análisis se enfoquen ahora en la consulta de 2020.

Lo que ocurra hasta entonces puede ser sorprendente en la tierra del cacao, mientras que a Laurent Koudou Gbagbo no le queda más que esperar la solución de ese entuerto judicial, lo cual podría ocurrir antes de las presidenciales, con la decisión de unos jueces instalados a más de siete mil kilómetros del país africano.

Julio Morejón

Fuente: Prensa Latina

[Fundación Sur]

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