Etiopía llegó, en noviembre del año pasado, a un acuerdo que marcaba la finalización de un conflicto de dos años con la región del Tigray. A este acuerdo se adhirió también Eritrea, que había brindado apoyo militar a Etiopía. Sin embargo, un informe publicado el pasado lunes 18 de septiembre por Naciones Unidas señala que las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, las Fuerzas de Defensa de Eritrea y las fuerzas especiales regionales aliadas siguen llevando a cabo de forma continuada, generalizada y sistemática abusos, torturas, violaciones e incluso masacres de la población civil de Tigray.
El Ministro de Información de Eritrea ha negado las graves acusaciones de violación de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque las autoridades políticas y militares etíopes aún no se han expresado de forma oficial al respecto. Con anterioridad, los funcionarios del Gobierno Federal de Etiopía se habían negado a recibir a la delegación de Naciones Unidas que iba a investigar las actuaciones del país en relación al Tigray. A la hora de reiterar nuevamente su inocencia, las autoridades etíopes se han incluso comprometido, al menos verbalmente, a investigar sobre los posibles casos de abusos individuales en Tigray.
El presidente de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía ha evidenciado que
«Si bien la firma del acuerdo puede haber silenciado en su mayoría las armas, no ha resuelto el conflicto en el norte del país, en particular en Tigray, ni ha logrado una paz integral».
Fuente: AlJazeera – Imágenes: Pixabay, Pixabay
[Traducción y edición, Pietro Scardovi]
[CIDAF-UCM]
