Informe de Human Rights Watch sobre Guinea Ecuatorial

La corrupción, la pobreza y la represión continúan asolando a Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el jefe de Estado con más tiempo en el cargo de todo el mundo, ya que ostenta el poder desde 1979. Los enormes ingresos procedentes del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que el progreso y acceso a derechos fundamentales como la atención sanitaria y la educación primaria, ha sido muy escaso para la mayoría de la población. Persisten problemas como la mala gestión de los fondos públicos, las denuncias verosímiles de corrupción de alto nivel, la represión a grupos de la sociedad civil y políticos de la oposición y los juicios injustos.

En abril, la policía detuvo a los dos líderes del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), el principal grupo cívico del país y miembro del grupo directivo nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), creando otro obstáculo más al gobierno en su objetivo declarado de volver a solicitar la membresía de EITI. La finalidad de EITI es promover reportes sobre la industria del petróleo, el gas y la minería, lo que exige que los países y las empresas revelen información clave sobre sus ingresos. En septiembre, la policía arrestó a un artista cuyos dibujos frecuentemente satirizan a los funcionarios del gobierno. En el momento de redactarse este informe sigue detenido y aún no había sido imputado.

Guinea Ecuatorial obtuvo un asiento en el Consejo de Seguridad a partir de enero de 2018. Su victoria se aseguró después de que el grupo africano de las Naciones Unidas presentara una lista no competitiva para la elección anual de los miembros no permanentes del Consejo. Los gobiernos y grupos de derechos humanos en varios países han iniciado investigaciones de lavado de dinero contra funcionarios gubernamentales.

En octubre, el hijo mayor del presidente Obiang, Teodorín, fue condenado por un tribunal francés por malversar más de €100 millones ($119 millones) en fondos estatales para comprar una mansión parisina, autos deportivos exóticos y artículos de lujo. En un aparente intento por protegerlo de tener que rendir cuentas, Obiang nombró a Teodorín vicepresidente en 2016, poco después de que los fiscales franceses concluyeran su investigación. Otra acusación de blanqueo de dinero que implica a funcionarios del gobierno sigue su curso en los tribunales españoles, y las autoridades suizas comenzaron a investigar a Teodorín por presuntas actividades de blanqueo de dinero en 2016.

Derechos económicos y sociales

Guinea Ecuatorial figura entre los cinco principales productores de petróleo del África subsahariana y tiene una población aproximada de un millón de personas. De acuerdo con el Informe de 2016 sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el país tenía un Producto Interno Bruto per cápita de US$21.517 en 2015, el más alto en la clasificación de riqueza de cualquier país de África y más de seis veces el promedio de la región.

A pesar de esto, Guinea Ecuatorial ocupa el lugar 135 de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano, que mide el desarrollo social y económico. Los datos disponibles, incluidos los del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una encuesta conjunta en hogares realizada en 2011 por el gobierno e ICF International, una firma estadounidense especializada en encuestas de salud, revelan que Guinea Ecuatorial no ha proporcionado los servicios básicos más esenciales a sus ciudadanos.

En 2016, el 42 por ciento de los niños en edad de asistir a la escuela primaria no estaban matriculados, la séptima mayor proporción en el mundo, según UNICEF. Sólo la mitad de los niños que comienzan la educación primaria la completan. Y de acuerdo con la encuesta de 2011, aproximadamente la mitad de la población carece de acceso a agua potable y el 26 por ciento de los niños sufre retraso en el crecimiento, un signo de desnutrición. Guinea Ecuatorial tiene una de las tasas de vacunación más bajas del mundo: el 25 por ciento de los niños no recibió ninguna vacuna, según la encuesta de 2011.

En agosto de 2014, Guinea Ecuatorial reafirmó su compromiso de reincorporarse a la EITI, una iniciativa de la que fue expulsada en 2010, en parte por no garantizar un “entorno propicio” para que la sociedad civil participe plenamente en la implementación de la EITI. Desde entonces, el comité directivo tripartito de la EITI, compuesto por funcionarios del gobierno, representantes de las compañías petroleras y la sociedad civil, se ha reunido en cinco ocasiones, incluyendo en abril y en septiembre de 2017.

Libertad de expresión y asociación

En el país sólo existen unos pocos medios de comunicación privados y son, en gran parte, propiedad de personas cercanas al presidente Obiang. La libertad de asociación y reunión está severamente restringida y el gobierno impone condiciones restrictivas al registro y operación de las organizaciones no gubernamentales. Los pocos activistas locales que tratan de abordar cuestiones relacionadas con los derechos humanos a menudo son blanco de intimidación, hostigamiento y represalias.

El 17 de abril de 2017, la policía detuvo a Enrique Asumu y Alfredo Okenve, que dirigen CEID, el grupo líder de la sociedad civil. Los dos hombres visitaron el Ministerio de Seguridad Nacional después de que agentes de seguridad impidieran que Asumu embarcara en un vuelo doméstico, aparentemente por orden del ministerio. El ministro los interrogó durante cinco horas y luego impidió que se fueran. Las autoridades no presentaron cargos en su contra ni los presentaron ante un juez, como exige la ley de Guinea Ecuatorial, pero, tras varios días de detención, los liberaron bajo la condición de que pagasen una multa de 2 millones de francos CFA (US$3.325). Asumu, que tiene problemas de salud, fue puesto en libertad el 25 de abril, y Okenve el 3 de mayo, después de que ambos pagaron la suma exigida.

Estas detenciones son las más recientes en una serie de medidas del gobierno para impedir el trabajo de CEID. En marzo de 2016, el ministro del Interior, que también presidió el Consejo Nacional Electoral, suspendió la organización una semana antes de que el gobierno convocara elecciones presidenciales anticipadas. CEID reanudó sus actividades en septiembre de 2016 y, antes de las detenciones, funcionarios de alto nivel asistieron a sus eventos y participó en las reuniones de la EITI.

El 16 de septiembre, el aparato de seguridad del Estado arrestó a un caricaturista político, Ramón Nsé Esono Ebalé, cuyos dibujos son muy críticos con el presidente Obiang y otros altos funcionarios del gobierno. En el momento de redacción de este informe, permanece en prisión sin cargos. (*)

El virtual monopolio del partido gobernante (PDGE) sobre la vida política y el gobierno continuó en 2017, al igual que el acoso a la oposición política. El presidente Obiang ganó un nuevo mandato de siete años en abril de 2016 en una elección que, según la embajada de Estados Unidos en Malabo, se vio empañada por el acoso político. El PDGE y los partidos alineados ganaron la totalidad de los 70 escaños del Senado en las elecciones del 12 de noviembre, y sólo un representante de la oposición ganó uno de los 100 escaños de la Cámara de los Diputados. Obiang ascendió a su hijo al cargo de vicepresidente en junio de 2016, cuatro semanas después de que fiscales franceses solicitaran formalmente que fuera llevado a juicio en un aparente intento por protegerlo del enjuiciamiento por acusaciones de corrupción.

El 23 de junio, la policía detuvo brevemente a dos periodistas, Samuel Obiang y Justo Enzema, mientras asistían a una conferencia de prensa organizada por grupos políticos de la oposición que cubrían el juicio francés sobre lavado de dinero de Teodorín Obiang, según EG Justice, un grupo de derechos independiente. Cuatro días después, la policía arrestó a Joaquín Elo Ayeto, miembro del partido opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y lo retuvo durante tres días sin cargos.

Ayeto dijo a Human Rights Watch que la policía lo acusó de incitar a la violencia porque él y otros asistieron al funeral de un taxista que murió durante una protesta y porque distribuyeron panfletos denunciando la violencia del gobierno. También estuvo retenido sin cargos durante aproximadamente un mes en diciembre de 2016, lo cual, según dijo, fue una represalia por escribir un artículo en Internet sobre un oficial que vio cómo se negaba a pagar en un puesto de peaje.

Investigaciones internacionales de corrupción

El 19 de junio, Teodorín Obiang fue juzgado in absentia por un tribunal francés por cargos de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. El 27 de octubre fue condenado y sentenciado a una pena condicional de tres años y una multa aplazada de €30 millones (US$35 millones). Durante la investigación, las autoridades francesas incautaron activos pertenecientes a Teodorín, incluida una mansión, 11 autos de lujo y una colección de arte de €22 millones (aproximadamente US$24 millones). En el momento en que se realizaron las compras, Teodorín era ministro de agricultura, puesto en el que ganaba menos de US$100.000 al año. La fiscalía presentó pruebas que, según afirmaron, demostraban que se transfirieron al menos €110 millones (US$119 millones) del tesoro público a las cuentas de Teodorín.

Teodorín no estuvo presente en el juicio, pero sus abogados argumentaron que las acusaciones tenían una motivación política y que no existen leyes internas de conflicto de intereses que impidan a Teodorín amasar tal riqueza de los contratos públicos. También afirmaron que Teodorín debería tener inmunidad al enjuiciamiento por ser vicepresidente.

Teodorín había reclamado infructuosamente la inmunidad como segundo vicepresidente en un caso diferente de lavado de dinero presentado contra él por el Departamento de Justicia de EE.UU., tras la compra de una mansión en Malibú de US$30 millones y un jet privado de US$38,5 millones. Ese caso se resolvió cuando Teodorín accedió a que las autoridades estadounidenses le incautaran US$30 millones que serían repatriados en beneficio de los habitantes de Guinea Ecuatorial. Se espera que EE.UU. determine qué organizaciones benéficas recibirán los fondos.

Un juez español abrió los archivos en un caso separado de corrupción que implicaba a varios altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente. Se espera que a principios de 2018 el caso vaya a juicio. La denuncia alega que los funcionarios implicados compraron propiedades en España a través de una empresa privada que, según una investigación del Senado de EE.UU., había recibido US$26,5 millones en fondos del gobierno aproximadamente en el mismo momento de las adquisiciones. En septiembre de 2015, la policía arrestó a una pareja rusa y a su hijo, acusados de facilitar las transacciones.

(*) Posteriormente se acusó a Ramón Esono con cargos de blanquemiento de dinero totalmente infundados. Esta semana comienza su juicio en Malabo.

Fuente: Radio Macuto

[Fundación Sur]

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