Hoy concluyó la octava semana de huelga de empleados públicos, un movimiento de protesta que podría durar hasta la próxima semana. Desde julio, los trabajadores reclaman el cumplimiento de un acuerdo salarial, que prevé aumentos que aún no han sido pagados.
Diferencias en la interpretación del texto provocaron la ruptura del diálogo entre el gobierno y la Unión de Sindicatos de Chad (UST, en francés, n.d.t.). La mediación llevada a cabo por algunos líderes religiosos en septiembre no condujo a nada, pero continúan las negociaciones indirectas guiadas por la Red de Asociaciones de derechos humanos de Chad (RADHT en francés, n.d.t.).
“La huelga está teniendo una serie de consecuencias en la vida cotidiana, en particular para la prestación de servicios que la población necesita, y representa un costo para el Estado, que está perdiendo recursos públicos”, dijo a la MISNA el padre Pauline, vicario general de la arquidiócesis de Yamena, y señaló que “en los últimos tiempos, el clima social empeoró aún más por el aumento del costo de vida”. Según el padre Paolino “más allá de la meta de los aumentos salariales, también hacen falta otras respuestas para resolver los problemas concretos de los chadianos”.
En el país del África Central, que es productor de petróleo desde 2003, la gran mayoría de la población vive en la pobreza y tiene que hacer frente a los malos servicios y al desempleo juvenil. La clase dirigente a menudo es acusada por la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos de corrupción y de mal manejo de los ingresos petroleros.
(MISNA – Missionary International Service News Agency, 26-11-12)
