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Echeverría Mancho, José Ramón

A José Ramón siempre le han atraído el mestizaje, la alteridad, la periferia, la lejanía… Un poco las tiene en la sangre. Nacido en Pamplona en 1942, su madre era montañesa de Ochagavía. Su padre en cambio, aunque proveniente de Adiós, nació en Chillán, en Chile, donde el abuelo, emigrante, se había casado con una chica hija de irlandés y de india mapuche. A los cuatro años ingresó en el colegio de los Escolapios de Pamplona. Al terminar el bachiller entró en el seminario diocesano donde cursó filosofía, en una época en la que allí florecía el espíritu misionero. De sus compañeros de seminario, dos se fueron misioneros de Burgos, otros dos entraron en la HOCSA para América Latina, uno marchó como capellán de emigrantes a Alemania y cuatro, entre ellos José Ramón, entraron en los Padres Blancos. De los Padres Blancos, según dice Ramón, lo que más le atraía eran su especialización africana y el que trabajasen siempre en equipos internacionales.

Ha pasado 15 años en África Oriental, enseñando y colaborando con las iglesias locales. De esa época data el trabajo del que más orgulloso se siente, un pequeño texto de 25 páginas en swahili, “Miwani ya kusomea Biblia”, traducido más tarde al francés y al castellano, “Gafas con las que leer la Biblia”.

Entre 1986 y 1992 dirigió el Centro de Información y documentación Africana (CIDAF), actual Fundación Sur, Haciendo de obligación devoción, aprovechó para viajar por África, dando charlas, cursos de Biblia y ejercicios espirituales, pero sobre todo asimilando el hecho innegable de que África son muchas “Áfricas”… Una vez terminada su estancia en Madrid, vivió en Túnez y en el Magreb hasta julio del 2015. “Como somos pocos”, dice José Ramón, “nos toca llevar varios sombreros”. Dirigió el Institut de Belles Lettres Arabes (IBLA), fue vicario general durante 11 años, y párroco casi todo el tiempo. El mestizaje como esperanza de futuro y la intimidad de una comunidad cristiana minoritaria son las mejores impresiones de esa época.

En la actualidad colabora con Fundación Sur, con “Villa Teresita” de Pamplona, dando clases de castellano a un grupo de africanas, y participa en el programa de formación de "Capuchinos Pamplona".

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Hay jueces y jueces
19/05/2021 -

Una vez más, “Áfricas”, las hay y varias, también en lo que respecta a los jueces, a sus decisiones y a su independencia. Como muestra, dos noticias recientes. La primera nos ha llegado de la DR Congo, en donde tres fracciones de la comunidad musulmana se enfrentan sobre quién deba ser su representante legal: Abdallah Mangala (que termina su mandato), Youssouf Djibondo o Aly Mwinyi. Este último, que considera usurpadores a los otros dos, acusa a las autoridades políticas de tirar de los hilos y considerarlo un “oponente” por haber apoyado a los manifestantes católicos que en 2018 pedían la celebración de elecciones. El pasado 13 de mayo, justo antes de iniciarse en el Estadio de los Mártires de Kinshasa la oración del Id-el-Fitr, con la que finaliza el mes de Ramadán, tuvo lugar una batalla campal entre los partidarios de Mangala y los de Djibondo, y entre ambos con la policía que intentaba separarlos. Cuarenta personas resultaron heridas, policías en su mayoría, de los que ocho en estado grave. Tres días más tarde los jueces condenaron a 29 personas a la pena de muerte (substituida en la RD Congo por la prisión perpetua). Según Will Ross (de la BBC), un juicio tan excesivamente rápido invita a preguntarse sobre la imparcialidad de los jueces y los hilos que han podido mover los políticos.

La otra noticia nos ha llegado de Nairobi, la capital de Kenia, en donde ya en 2017 los jueces anularon la elección del actual presidente Uhuru Kenyatta (54 % de los votos), impugnada por Raila Odinga (45 %), y que tuvo que repetirse en un plazo de 60 días. Tras la violencia y los disturbios que marcaron ese año las elecciones (presidenciales, al parlamento y de los gobiernos regionales), Kenyatta y Odinga se pusieron de acuerdo para promover un cambio constitucional, “Building Bridges Initiative” (BBI), cuya finalidad aparente era promover la paz en el país. Lo que se proponía en realidad era crear otros 70 distritos políticos, añadir 300 miembros al parlamento, y conseguir así que más gente viviera de la política, es decir “consolidar la cleptocraciaç”, como lo llamó el activista Okiya Omtatah, el primero en denunciar la iniciativa ante los tribunales. Según un artículo de la BBC del pasado 13 de mayo, “los parlamentarios de Kenia están entre los mejor pagados del mundo, y se estima que, debido a la corrupción, el país pierde anualmente millones de dólares”. El artículo citaba al parlamentario Moses Kuria, que confesaba haber recibido 1.000 dólares para votar en favor del actual líder de la mayoría Amos Kimunya (que niega que se paguen sobornos en el parlamento), y que algunos parlamentarios habían recibido dinero para que aprobaran la BBI de Kenyatta y Odinga. De hecho, el Parlamento la aprobó por una notable mayoría y se estaba a la espera de que la firmara el presidente Uhuru Kenyatta para que la BBI fuera sometida a referéndum. Con una dura sentencia, cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia acaban de bloquearla, considerándola “irregular, ilegal e inconstitucional”, argumentando que según la constitución el presidente no era quien para iniciar ese proceso constitucional. “Kenia es una democracia constitucional en la que la ley limita los poderes del ejecutivo y del parlamento”, argumentó Okiya Omtatah, “lo que hagan más allá de lo permitido por la ley es automáticamente nulo”. Sin embargo Paul Mwangi, del secretariado de la BBI opina que los jueces se han metido en política, y que los promotores de la BBI apelarán a la Corte Suprema de Kenia.

El de la imparcialidad de los jueces, o el de la mutua intromisión entre justicia y política, no son problemas nuevos, ni tampoco exclusivamente africanos. Han pasado veinte años desde que Mahaman Tidjani Alou publicó en el nº 83 de Politique africaine, un estudio del sistema judicial en África Occidental, con referencia especial a Níger. “La justicia al mejor postor”, resumía la introducción, aunque el estudio trataba sobre todo de las numerosas pequeñas corruptelas que la gente aceptaba como si fueran parte del sistema. Y en un artículo de la BBC de octubre 2006, Joseph Winter, escribiendo desde Kinshasa (RD Congo), citaba lo que un encausado había dicho a su abogado defensor: “Ya le he pagado al juez, así que no veo por qué debo pagarte también a ti”.

Pero también son numerosos los jueces que se comportan correctamente, arriesgando a veces su propia vida. Con ocasión de la anulación de la elección de Uhuru Kenyatta en 2017, Jeune Afrique publicó una lista de magistrados que se habían opuesto abiertamente a las intromisiones de los gobernantes políticos. El artículo daba ejemplos concretos, entre los cuales el de la magistrada beninesa Elisabeth Pognon, que se opuso al presidente Nicéphore Soglo cuando éste quiso anular en 1996 las presidenciales que había perdido. El marfileño Épiphane Zoro Bi-Ballo firmó el certificado de nacionalidad de Alexandre Ouatara, que el partido presidencial acusaba de ser “extranjero” y “Burkinabé”. La nigerina Salifou Fatimata Bazeye suspendió en mayo de 2009 el proyecto del presidente Mamadou Tandja de continuar en el poder tras finalizar su mandato legal. Chantal Ramazani (RD Congo), presidenta del Tribunal de Paz de Lubumbashi, tuvo que huir a Francia en junio de 2016 tras retractarse de haber condenado injustamente al opositor Moïse Katumbi por un crimen prescrito, y de haberlo hecho presionada por el presidente del Tribunal de Apelación de Lubumbashi, Paulin Ilunga, “Si no lo hace”, le dijo Ilunga, “será condenada a diez años de cárcel”. Chantal Ramazani pidió que su firma, obtenida con extorsiones, fuera declarada nula: “Era una cuestión de conciencia. No podía vivir con las consecuencias de esa decisión”, declararía ya en Francia.

Cuando escribo estas líneas, el parlamento de Kenia se prepara para interrogar a la jueza del Tribunal de Apelación Martha Koome, y, seguramente, aprobar su nombramiento como “chief justice” (presidenta del Poder Judicial). Una de sus tareas será mejorar las tensas relaciones entre el ejecutivo y los jueces. “Nadie tiene que erosionar la independencia de la Judicatura exigida por la Constitución”, ha declarado, alertando a los jueces contra la interferencia de otras instituciones. Pero ya el parlamentario John Olago Aluoch, representante de Kisumu, importante ciudad costera en el lago Vitoria habitada mayoritariamente por miembros de la etnia Luo, le ha preguntado a Martha Koome: “¿No le cuestiona su conciencia el que si usted es nombrada los tres órganos que gobiernan nuestra gran república [ejecutivo, legislativo y judicial] estarán presididos por personas que provienen de una misma región, la conocida popularmente como “La Montaña” (habitada por los kikuyu, la etnia más numerosa del país)?

Ramón Echeverría

[Fundación Sur]


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