Hay jueces y jueces

Una vez más, “Áfricas”, las hay y varias, también en lo que respecta a los jueces, a sus decisiones y a su independencia. Como muestra, dos noticias recientes. La primera nos ha llegado de la DR Congo, en donde tres fracciones de la comunidad musulmana se enfrentan sobre quién deba ser su representante legal: Abdallah Mangala (que termina su mandato), Youssouf Djibondo o Aly Mwinyi. Este último, que considera usurpadores a los otros dos, acusa a las autoridades políticas de tirar de los hilos y considerarlo un “oponente” por haber apoyado a los manifestantes católicos que en 2018 pedían la celebración de elecciones. El pasado 13 de mayo, justo antes de iniciarse en el Estadio de los Mártires de Kinshasa la oración del Id-el-Fitr, con la que finaliza el mes de Ramadán, tuvo lugar una batalla campal entre los partidarios de Mangala y los de Djibondo, y entre ambos con la policía que intentaba separarlos. Cuarenta personas resultaron heridas, policías en su mayoría, de los que ocho en estado grave. Tres días más tarde los jueces condenaron a 29 personas a la pena de muerte (substituida en la RD Congo por la prisión perpetua). Según Will Ross (de la BBC), un juicio tan excesivamente rápido invita a preguntarse sobre la imparcialidad de los jueces y los hilos que han podido mover los políticos.

La otra noticia nos ha llegado de Nairobi, la capital de Kenia, en donde ya en 2017 los jueces anularon la elección del actual presidente Uhuru Kenyatta (54 % de los votos), impugnada por Raila Odinga (45 %), y que tuvo que repetirse en un plazo de 60 días. Tras la violencia y los disturbios que marcaron ese año las elecciones (presidenciales, al parlamento y de los gobiernos regionales), Kenyatta y Odinga se pusieron de acuerdo para promover un cambio constitucional, “Building Bridges Initiative” (BBI), cuya finalidad aparente era promover la paz en el país. Lo que se proponía en realidad era crear otros 70 distritos políticos, añadir 300 miembros al parlamento, y conseguir así que más gente viviera de la política, es decir “consolidar la cleptocraciaç”, como lo llamó el activista Okiya Omtatah, el primero en denunciar la iniciativa ante los tribunales. Según un artículo de la BBC del pasado 13 de mayo, “los parlamentarios de Kenia están entre los mejor pagados del mundo, y se estima que, debido a la corrupción, el país pierde anualmente millones de dólares”. El artículo citaba al parlamentario Moses Kuria, que confesaba haber recibido 1.000 dólares para votar en favor del actual líder de la mayoría Amos Kimunya (que niega que se paguen sobornos en el parlamento), y que algunos parlamentarios habían recibido dinero para que aprobaran la BBI de Kenyatta y Odinga. De hecho, el Parlamento la aprobó por una notable mayoría y se estaba a la espera de que la firmara el presidente Uhuru Kenyatta para que la BBI fuera sometida a referéndum. Con una dura sentencia, cinco jueces del Tribunal Superior de Justicia acaban de bloquearla, considerándola “irregular, ilegal e inconstitucional”, argumentando que según la constitución el presidente no era quien para iniciar ese proceso constitucional. “Kenia es una democracia constitucional en la que la ley limita los poderes del ejecutivo y del parlamento”, argumentó Okiya Omtatah, “lo que hagan más allá de lo permitido por la ley es automáticamente nulo”. Sin embargo Paul Mwangi, del secretariado de la BBI opina que los jueces se han metido en política, y que los promotores de la BBI apelarán a la Corte Suprema de Kenia.