El Gobierno de Ghana ha anunciado que ya no continuará con la práctica de dar protección militar a las compañías mineras que operan en el país. Esto es la respuesta a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en las comunidades afectadas por la minería en Ghana.
Las organizaciones de base de Ghana, las Comunidades Wassa Afectadas por la Minería, WACAM, y la Red de Acción e Información Food First, FIAN, una organización internacional de derechos humanos que trabaja por el derecho de la gente a alimentarse, han presentado un informe que asegura que el despliegue del ejército y la policía en las zonas de minería ha llevado a serias violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno de Ghana ha publicado un informe a su vez que responde a estas acusaciones. En su introducción, el fiscal general de Ghana y Ministro de Justicia, Joe Ghartey asegura que “es verdad que en un tiempo, equipos conjuntos de militares y policías protegían a las compañías mineras alejando a los minero ilegales, pero eso fue una medida que duró muy poco tiempo. La hemos revisado y hemos decidido que no va a continuar”.
FIAN ha declarado al respecto que se alegra de escuchar que la medida va ser retirada, pero a su vez anuncia que va a seguir controlando el despliegue de militares y policías en las zonas de minería. Además, FIAN ha declarado que objeta sobre las impresiones del Ministro, que afirma que el conflicto entre el personal de seguridad y los civiles se restringe a los asuntos de minería ilegal: “Las víctimas de los abusos y las violaciones de los derechos humanos de los militares y policías son mineros de menor escala, granjeros y campesinos a los que se niega el acceso a sus tierras, y a los que se ha destruido la cosecha o sus estanques de pescado”, asegura la organización humanitaria.
Fian también difiere en la consideración del Ministro que asegura que los derechos de las compañías mineras deben ser respetados al mismo nivel que los derechos de los grupos de personas más vulnerables. “Los granjeros desplazados por las actividades mineras son los más vulnerables, sin ningún tipo de poder en Ghana. Es la obligación del Estado proteger sus derechos humanos como el acceso a la comida, agua y salud, sin importar los intereses económicos que haya de por medio”. Además, tanto el Estado como las grandes compañías mineras deben respetar el derecho de las comunidades a dar un consentimiento libre e informado previo a la explotación minera de sus tierras.
(African News Agency, 06-05-08)
