La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el viernes 26 de octubre de 2018 en Ginebra, que las expulsiones colectivas de ciudadanos congoleños de Angola han puesto a «miles de congoleños en peligro». «Estos desalojos han resultado en graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera, dejando a por lo menos 330,000 personas repatriadas en una situación extremadamente precaria», denunció la ONU.
En su informe, el viernes 26 de octubre de 2018 en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet ha evaluado las consecuencias de la reciente decisión del Gobierno de Angola de expulsar a los no nacionales en situación irregular. La ONU observa que desde principios de octubre de 2018, unas 330.000 personas han cruzado la frontera de Angola, principalmente para las provincias de Kasai, Kasai Central y Kwango en la República Democrática del Congo (RDC).
Varios casos de «asesinatos y heridos»
El informe indica que durante las entrevistas con residentes de la ciudad fronteriza de Kasak, Kamako, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió informes de que las fuerzas de seguridad en Angola «hicieron un uso excesivo de fuerza en su expulsión de nacionales congoleños «, dijo Michelle Bachelet.
Bachelet afirmó que «El equipo verificó la información sobre seis muertes, supuestamente atribuibles a las fuerzas de seguridad, pero también recibió numerosas denuncias de asesinatos que no pudo confirmar». Adfemás, agregó que los informes también sugieren que «al menos 100 personas resultaron heridas». Según el informe de la ONU varios migrantes también afirmaron que a su llegada a Kamako fueron sometidos por las fuerzas de defensa y seguridad en la República Democrática del Congo a la extorsión y la imposición de impuestos ilegales. Ha habido denuncias de detención arbitraria de los retornados. Algunos de los migrantes son alojados por familias o en refugios improvisados, pero muchos duermen en las calles, con un acceso inadecuado a la atención médica y alimentaria, una grave escasez de agua y una falta de higiene adecuada.
Suspender los desalojos pendientes.
«El derecho internacional y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos prohíben la expulsión colectiva de los no nacionales sin una evaluación individual u otras garantías del debido proceso. Al expulsar a tanta gente en tan poco tiempo, Angola ha puesto en riesgo a decenas de miles de familias «, dijo la Alta Comisionada Bachelet. Pidió al Gobierno de Angola que «suspenda las expulsiones pendientes hasta que pueda garantizar que todas las devoluciones se realicen respetando plenamente el estado de derecho y los derechos humanos de todas las personas. migrantes afectados «. «También insto al gobierno a garantizar que las fuerzas de seguridad y otras personas responsables de las violaciones cometidas durante estos desalojos sean responsables ante los tribunales. Continuó el Alto Comisionado de la ONU. Además, Bachelet también instó al gobierno de la República Democrática del Congo a garantizar que los retornados estén protegidos contra la extorsión por parte de las fuerzas de seguridad y la violencia, particularmente «dada la continua ausencia de procesamientos por violaciones graves contra los derechos humanos en la región de Kasai entre los años 2016-2017».
Fuente: Lepotentielonline.net
[Traducción y Edición, Judit Serra Ballester]
[Fundación Sur]
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