La explotación minera en la República Democrática del Congo (RDC), ha sido ampliamente documentada por su impacto en la economía global y los conflictos internos que ha vivido el país durante años [1]. Esta lucha, que data desde la guerra del Congo (1998-2003) hasta la actualidad, ha sido una constante por el control de recursos naturales como el cobalto, el coltán, el oro, el cobre y el estaño, que se produce en el país. Además, esta violencia ha estado plagada de enfrentamientos entre las propias fuerzas del Estado y los diferentes grupos rebeldes y milicias extranjeras; muchas de ellas financiadas por la explotación ilegal de estos mismo recursos [2]. Según informes de la ONU, uno de los actores claves en el conflicto de interno de la RDC es el Movimiento del 23 de marzo (M23), de origen congoleño, pero con respaldo del Estado de Ruanda.
El M23, durante años ha sido acusado de innumerables masacres, reclutamiento de niños soldados y el control de minas, esto al igual, que las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), quienes, además, también han incurrido en desplazamiento de miles y millones de civiles [3]. Esta milicia islámica posee un gran historial de ataques terroristas y una fuerte conexión con Uganda, un país con un historial de tráfico ilegal de minerales muy alto. Junto a estas fuerzas criminales que operan en RDC, se le debe añadir los interese económicos de empresas trasnacionales, las cuales mediante redes de contrabando perpetúan la criminalidad y la violencia. Esto con la compra de minerales extraídos, bajo condiciones de explotación, alienta financieramente a los grupos ilegales a seguir con la labor [4].
Uno de los aspectos menos visibilizados en este conflicto es la situación de las mujeres que habitan en el país; las cuales enfrentan una vulnerabilidad extrema; combinada con violencia de género, exclusión económica y marginación política. Mientras las sociedades debaten sobre la procedencia «ética» de los minerales, poco en verdad se discute sobre cómo el modelo extractivista y la guerra, perpetuándose situaciones de opresión contra las mujeres dentro de las comunidades mineras. Un reciente reportaje del medio de comunicación El País (2025), revela cómo las mujeres de la RDC viven en condiciones de extrema inseguridad física y económica; un fenómeno que no solo refleja las desigualdades estructurales, sino también la perpetuación sistemas extractivista patriarcales.
Según el citado reportaje, las mujeres dentro de las comunidades mineras del Congo, desempeñan roles críticos, como el comercio informal o el procesamiento manual de minerales; esto lo afirman fuentes como el Banco Mundial, quien en su informe de 2024 indico que las mujeres representan hasta el 50 % de la fuerza laboral informal en las minas artesanales, además de que su trabajo es invisibilizado y mal remunerado [5]. Además, mientras que los hombres acceden a empleos mejor pagados en la minería semiindustrial, las mujeres se limitan a tareas de procesamiento manuales como el cribado de coltán o el transporte de piedras, esto con ingresos que no superan e1 dólar al día (El País, 2025). Esta brecha se agrava más debido a la cultura, la cual considera que las mujeres «no pueden» trabajar en tareas como la extracción profunda, relegándolas a la informalidad sin protección legal [6].
Esta dinámica se enmarca en lo que Fraser (2016) denominó en su obra Contradictions of capital and car; la «injusticia económica feminizada«, donde la división sexual del trabajo concentra a las mujeres en labores precarizadas y altamente vulnerables. También, la ausencia de las protecciones estatales las expone a otro tipo de violencia, como la sexual, extorsión y desplazamiento forzado, agravados por la presencia de grupos armados que controlan las minas [7].
La situación descrita exige un análisis desde la interseccionalidad [8] propuesto por Crenshaw en su obra Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine de 1989; debido a que las mujeres congoleñas, enfrentan constantemente opresiones, las cuales podrían catalogarse como múltiple. Son pobres en un país ricos en recursos, negras en un sistema global racializado y mujeres en una industria dominada por hombres. Esto lo señala perfectamente Autesserre (2024) cuando nos menciona, que la retórica internacional sobre «minería ética» sigue ignorando estas jerarquías; centrándose únicamente en la trazabilidad de los minerales y no en las condiciones humanas.
Es por eso que urge la necesidad, de que las políticas transnacionales, como el Reglamento de Minerales en Conflicto de la UE, incorporen enfoques de género y derechos humanos, no como simple anexos, sino como ejes centrales. La inseguridad en el Congo no es un efecto colateral; sino el resultado de un orden económico que prioriza el capital sobre la vida misma las personas.
Javier Moises Renteria Hurtado
[CIDAF-UCM]
Notas:
1.- Montoya, T. (2023). Extractive Industries and Conflict in the Global South. Routledge.
2.- Stearns, J. (2023). The War in Eastern Congo: A Chronicle of Violence and Exploitation. Hurst & Company.
3.- ACLED. (2024). Conflict trends in the Democratic Republic of Congo. https://acleddata.com
4.- Global Witness. (2023). Blood minerals: How the Congo’s wealth fuels war. https://www.globalwitness.org
5.- Banco Mundial. (2024). Mujeres en la minería artesanal en la República Democrática del Congo: Informalidad y exclusión económica. https://www.worldbank.org/en/country/drc/publication/women-in-artisanal-mining-rdc-2024
6.- Autesserre, S. (2024). The Frontlines of Peace: An Insider’s Guide to Changing the World. Oxford University Press.
7.- Amnistía Internacional. (2023). ¿En qué condiciones? Abusos en las minas de cobalto en la RDC. https://www.amnesty.org
8.- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
