Eugène Nindorera, jurista burundés experto en derechos humanos, ha sido diplomático y ministro del país. Su currículum es muy extenso, ha sido ministro de derechos humanos desde 1997 hasta 2001 y, posteriormente, ha trabajado para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, donde ha defendido los derechos del pueblo de Togo, Liberia, Costa de Marfil y Sudán del Sur.
En esta serie de artículos, Nindorera, hoy ya jubilado, analizará la situación y la evolución de los derechos humanos en su país, Burundi, desde el 6 de febrero de 1991 hasta nuestros días. Ha sido testigo de violaciones de DD.HH. y actor clave en su protección, siendo uno de los fundadores de la liga ITEKA (primera liga de defensa de los derechos humanos).
Las dos primeras organizaciones de defensa de los derechos humanos, ITEKA (Dignidad) y SONERA (Respeto), fueron reconocidas el 6 de febrero de 1991. Treinta años después, me gustaría hacer una reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Burundi a lo largo de estas tres décadas. Comenzaré este sucinto análisis evocando el contexto general de las últimas décadas en el país y así poder extraer varias conclusiones que animen al pueblo de Burundi a luchar por los cambios a los que la mayoría de burundeses aspiran.
Evolución del contexto general de Burundi entre 1991 y 2021
Las tres últimas décadas, han estado muy influenciadas por los ciclos de violencia y de violaciones graves de derechos humanos, con fuertes connotaciones étnicas, acaecidos en Burundi antes de febrero de 1991. Miles de burundeses, tutsus y hutis fueron asesinados simplemente por su etnia. La manipulación política, la globalización y la subjetividad colectiva han atribuido a un solo grupo étnico el monopolio del sufrimiento. Por ejemplo, es lamentable constatar que cada 29 de abril, en referencia a los acontecimientos de 1972, algunos conmemoran únicamente el genocidio de los hutus, otros únicamente el de los tutsis y otros, el asesinato del rey de Burundi Ntare V.
El proceso de democratización de Burundi, comenzó en 1990, y, como en muchos otros países africanos, en un entorno caracterizado por profundas divisiones étnicas. El multipartidismo instituido en 1992 condujo a las primeras elecciones democráticas organizadas en junio de 1993, siendo el ganador El Frente por la Democracia en Burundi (FRODEBU) Unos meses más tarde, un sangriento golpe de Estado, eliminó las instituciones surgidas de las elecciones; el Jefe de Estado, Melchior Ndadaye, el Presidente de la Asamblea Nacional, Pontien Karibwami, y su Vicepresidente, Gilles Bimazubute, fueron asesinados (estas tres personalidades habían formado parte de los doce miembros fundadores de ITEKA)
El golpe de estado hundió a Burundi en una larga guerra civil, que terminará en el año 2000 con la firma del Acuerdo de Paz en Arusha. El Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia y las Fuerzas por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), al igual que la segunda facción armada, el Partido para la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL), no participaron en estos acuerdos.
El Acuerdo de Paz en Arusha representa un importante avance en el proceso de paz, pero, en ausencia de las principales facciones armadas, no pone fin a la guerra civil. El conflicto armado termina con la firma de los últimos acuerdos entre el CNDD-FDD y el Gobierno de transición, donde se pacta la celebración de elecciones en 2005, ganadas por el CNDD-FDD. Oficialmente, el fin de la guerra no se logrará hasta el acuerdo global de alto el fuego entre el gobierno elegido y el PALIPEHUTU-FNL de Agathon Rwasa, el 7 de septiembre de 2006.
Burundi vivirá una década pacífica hasta 2015, cuando la cuestión del “tercer mandato” del Presidente en ejercicio, provoca una nueva crisis.
En el transcurso de estas tres décadas, las principales violaciones de derechos humanos son violaciones del derecho a la vida, incluidos crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, tortura, arrestos y detenciones arbitrarias, atentados contra las libertades fundamentales (expresión, opinión, prensa, asociación, movilidad), la impunidad y una justicia partidista, ineficaz e instrumentalizada.
En estos artículos analizaré el contexto político donde se llevaron a cabo las violaciones de los DDHH, prestaré especial atención al poder ejecutivo, dada su responsabilidad en la protección de los derechos humanos y su influencia sobre los poderes legislativo y judicial. Y analizaré, los medios públicos que, demasiado a menudo, son considerados como órganos de propaganda del Estado, pese a que estos medios deberían estar al servicio del conjunto de la población, incluso de las personas que se declaran opuestas al gobierno.
[Traducción, Ramón Arozarena. Edición Isabel Garrido Celada]
[Fundación Sur]
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