Informes dañinos, ignorados por el gobierno

Una de las instituciones, que se ve profundamente afectada por la Ley de Caridades y Proclamación de Sociedades es el Consejo de Derechos Humanos (Human Rights Council – HRCO). Fundado en 1991, el Consejo se compromete a trabajar en la promoción de un sistema democrático, promover la legalidad y los procesos jurídicos, e involucrarse activamente en la vigilancia de los derechos humanos.
En otros tiempos, el HRCO publicaba regularmente frecuentes informes sobre varios temas relacionados con los derechos humanos, muchas veces enfrentando al gobierno en sus fracasos”, dijo Girma. “Pero ahora no tienen la misma capacidad que tuvieron en otros tiempos. A causa de las leyes restrictivas del EPRDF no consiguen obtener una financiación suficiente. Esto resulta en una capacidad limitada para viajar a lo largo y ancho del país, y conocer de primera mano lo que está aconteciendo en el país”. Pero la presión va más lejos. Últimamente, el consejo se ha visto sometido a las fuerzas del gobierno. En los meses de julio y agosto de 2016, el consejo ha informado que cuatro de sus miembros habían sido detenidos en las regiones de Oromia y Amhara, medidas que, cree el consejo, estaban relacionadas con el trabajo de vigilancia y documentación de la represión contra las protestas en la región. Entre ellos se contaba Tefa Burayu, presidente del consejo del Departamento Regional del Oeste de Etiopía, que fue detenido en su casa en Nekemte, Oromia.

En su informe, “Respeten el Derecho del Pueblo a Demostrarse, Paren la Violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado”, centrado en la zona de Gonder del Norte en el estado regional de Amhara, que fue publicado el 6 de septiembre de 2016, el consejo pedía urgentemente al gobierno que parase la violencia contra los manifestantes y condenaba la violencia de las fuerzas de seguridad, incluyendo los asesinatos, y el arresto arbitrario de ciudadanos por hacer uso de sus derechos constitucionales.

Pero el gobierno ha reaccionado siempre de la misma manera a informes semejantes. Frecuentemente desconoce la gravedad de la situación, niega cualquier culpabilidad de su parte, y va hasta culpabilizar a “fuerzas exteriores”, a “los que no gusta ver el desarrollo de Etiopía, y a los “ideólogos neoliberales” por ser los autores ocultos de esos informes ofensivos. También tiene su propia versión con una institución semejante, la Comisión Etíope de los Derechos Humanos (Ethiopian Human Rights Commission – EHRC), que es manipulada frecuentemente para contraatacar directamente contra los informes de otras instituciones independientes
Sin embargo, a diferencia del informe del EHRC, el informe del HRCO fue ampliamente divulgado por un grupo de otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Proyecto de los Defensores de los Derechos Humanos de los Africanos del Este y del Cuerno de África, la Asociación de los Derechos Humanos en Etiopía (AHRE), Amnistía Internacional, el Proyecto de Derechos Humanos de Etiopía (EHRP), los Defensores de la Línea de Frente, y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Desafortunadamente, a la mayoría de estas instituciones no se les ha permitido tener una representación en Etiopía.

Su ausencia actual del país le da al gobierno de Etiopía una oportunidad sin trabas para refutar vehementemente cualquier informe por ellas producido. Veamos por ejemplo la respuesta de Etiopía al informe realizado por HRW a mediados de junio de 2016. El entonces primer portavoz del gobierno, Getachew Reda, menospreció el informe, diciendo que una organización, situada muy lejos de la realidad local, no tiene autoridad para producir información precisa sobre la situación de los derechos humanos en Oromia. Y continuó argumentando que la Comisión Etíope de Derechos Humanos ha publicado su propio informe, que reconoce la muerte de sólo 173 personas en Oromia, y lo declaró “proporcional” (¿exacto?).

Una policía parcial y un ejército politizado

En teoría, la policía en Etiopía, que incluye la Comisión Federal Etíope de la Policía (Ethiopian Federal Police Commission – EFPC) tiene el mandato constitucional, entre otras cosas, de prevenir y resolver conflictos, fortalecer el sistema federal, favorecer las relaciones federación-regiones en el país, y mantener buenas relaciones, paz y tolerancia entre las diferentes religiones y credos. Las Comisiones Regionales de Policía, Secciones de la Policía Comunitaria a través del país, y todo el aparato para mantener la legalidad, establecido bajo la autoridad de corporaciones del gobierno federal, como la Autoridad Etíope de Aduanas y Aranceles (ERCA), la Comisión Federal de Ética y Anti-corrupción (FEACC), y la Comisión Federal de Administración de Prisiones (FPA) tienen también el mandato constitucional de ser políticamente imparciales y leales únicamente a la ley suprema del país, la Constitución.

La Proclamación de la Policía Federal Nº 720/2011, por ejemplo, afirma que la comisión “mantendrá y asegurará la paz y la seguridad del pueblo y del estado, respetando y asegurando la fidelidad a la Constitución”. Sin embargo, en realidad, como en todos los países autoritarios del mundo entero, su lealtad es de hecho al partido político en el poder.

La policía en Etiopía, lo mismo que el ejército, son instrumentos de un gobierno, que siempre manifiesta una clara propensión a utilizar sus poderes para resolver crisis políticas de cualquier tipo, como manifiesta la reciente pretensión del Primer Ministro Hailemariam que su gobierno tiene “amplia capacidad” para subyugar la creciente ola de disturbios. Esto proviene de los orígenes del EPRDF. “El TPLF, que es el arquitecto de la entidad actualmente llamada EPRDF, es esencialmente un grupo militarista hasta la médula de sus huesos”, dice Girma. “El grupo nunca ha sido capaz de transcender su historia. Nunca ha evolucionado hacia la constitución de un partido civil. Bajo la superficie, no es otra cosa que fusiles y armamento”.

Ezekiel comparte los sentimientos de Girma. “Desde sus días de la guerrilla, el TPLF tenía un ejército del partido cuyos comandantes actuaban como diplomáticos, administradores, jueces y trabajadores sociales”, dice Ezekiel. Después de asumir el poder para reconstruir un estado al borde del colapso, “el frente instaló a sus jefes militares y a sus comisarios políticos como ministros, oficiales del partido en el gobierno, presidentes de entidades comerciales y mandos mayores de la nueva fuerza de defensa nacional (ejército). Desde este punto de vista, el estado reconstruido era fundamentalmente un gobierno militar, cuyo poder político dependía enteramente del fusil”. Incluso después de que el sistema parlamentar fuese establecido y de que se realizasen elecciones para formar un gobierno representativo, la influencia del ejército ha sido siempre enorme, afirmaba Ezekiel. Con demasiada frecuencia, “se ha echado mano del ejército para ocuparse de la oposición. El (ENDF) no es solamente un ejército politizado; ha sido un gobierno civil militarizado desde el acceso del EPRDF al poder. El ejército ha tenido siempre conexiones políticas. Y su participación en actividades económicas, como institución, lo ha hecho económicamente poderoso. El ejército tiene intereses políticos”.
Ahora, con el estado de emergencia para controlar las fuertes protestas extendidas por todo el país, la estructura del gobierno está en crisis, mantiene Ezekiel. “Lo que queda intacto es un ejército con conexiones políticas, fuertemente armado y económicamente poderoso. Los intereses institucionales (del gobierno) están en peligro. Tiene que utilizar la fuerza para protegerlos. Pero el uso de fuerza va a generar más inestabilidad y el uso de todavía más fuerza. Otro ciclo de colapso y reconstrucción, y un estado en perpetua decadencia”

Mientras los etíopes miran ansiosamente al futuro, el gobierno en el poder, engañado por el alivio proporcionado por su exagerado despliegue militar en el nombre del estado de emergencia, está ocupado en realizar lo que él llama “profunda reforma” para hacer frente a las quejas. Está también ocupado en fanfarronearse de la creación de grandes estructuras, un tema al que el gobierno ha dado siempre prioridad por encima del bienestar del pueblo.

Pero a Girma (que fue entrevistado para este trabajo antes de que se declarase el estado de emergencia) le gusta hablar prudentemente sobre lo que se puede esperar. “Hay lo que yo espero que va a acontecer, digamos en los seis próximos meses”, dijo en septiembre de 2016, “que es que el gobierno va a entender verdaderamente la seriedad de los problemas que él y el país están enfrentando. Me gustaría ver al gobierno tomando medidas drásticas hasta el punto de declarar un periodo de transición en el que todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera del país, sean invitadas a participar. El ejército puede tomar parte también en esta transición”, dijo. Sin embargo, “lo que pienso que podría acontecer de hecho está muy lejos de esto. Está en la naturaleza del EPRDF creer falsamente que es dueño de la situación desde el m omento en que las protestas se apaciguan. Lo que pretende es ganar tiempo. Pero las protestas vuelven de nuevo con mayor ferocidad”. Dada la manera como han evolucionado las cosas desde entonces, la declaración de Girma suena como una predicción alarmante.

AllAfrica

Traducción: Jesús Zubiría

Fundación Sur

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