La militarización de las fronteras de los países europeos hacia terceros países ha ido creciendo imparablemente, poniendo en serio riesgo los derechos humanos de miles de personas que se ven obligados a buscar una mejor vida, fuera de su patria y lejos de su familia.
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.) siguen aprobando acuerdos con mayores restricciones en cuestiones migratorias y estas normativas se están desplazando hacia otros países. Incluso el último pacto migratorio europeo ignora los dramas de los migrantes y sustituye la acogida real por el dinero de los intercambios, como entre Reino unido y Ruanda.
Estas políticas generan situaciones de vulnerabilidad y desprotección hacia las personas migrantes y refugiadas, obligándoles a emplear rutas migratorias cada vez más largas y peligrosas, sin contar con ninguna protección internacional.
Es necesario conocer las Políticas Migratorias en Europa y especialmente la nueva Ley de Asilo y Migraciones, aprobada recientemente por el Parlamento europeo.
El conocimiento del marco jurídico europeo nos capacitará para influir y provocar los cambios necesarios en nuestras fronteras para que sean un espacio seguro y de respeto para la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que llegan diariamente a nuestras fronteras, arriesgando sus vidas.
Las elecciones de gobiernos más responsables no serán suficientes, sin una educación integral en valores humanos y éticos en todo el sistema educativo nacional y global.
Por otra parte, aumenta el número de jóvenes que abandona España buscando nuevas oportunidades. En el año 2018 contábamos unas 310.000 salidas. Para 2022 la cifra se elevó a 426.000 personas que tomaron el difícil camino de la emigración. Esto significa que cada mes perdemos una media de 35.000 personas, sobre todo jóvenes, según un estudio del BBVA. Este éxodo tiene un impacto directo en la capacidad productiva de España.
Según los investigadores, el valor del capital humano que dejó España a lo largo del año 2.022 se situó en torno de los 155.000 millones de euros. Otro dato importante es que la mitad de los emigrantes de 2022 son jóvenes y poseían estudios superiores. Ahora impulsan la riqueza de otros países.
Constatamos también algunas buenas noticias, como la recientemente aprobada legalización en el Parlamento de unos 500.000 inmigrantes en España, gracias al movimiento popular recogiendo más de 700.000 firmas y al apoyo de Iglesias, ONGs y grupos de derechos humanos. Son pasos en la buena dirección.
El respeto de la dignidad humana debe ser el motivo central de todos nuestros compromisos personales y comunitarios. Las políticas económicas de gran parte de los gobiernos actuales delatan un claro olvido de los requisitos de la justicia social y derechos humanos, y por tanto no son capaces de un compromiso claro por la dignidad humana y el desarrollo integral de los ciudadanos.
Debemos mejorar la calidad de la gobernanza actual, que delata una grave falta de humanidad, al mismo tiempo que elegimos una nueva calidad educativa, donde se empodera a los jóvenes con los auténticos valores humanos, éticos y universales.
CIDAF-UCM