Con el estilo sobrio que le caracteriza, Amnistía Internacional publicó el pasado el pasado 11 de septiembre de 2023 un informe, del que algunos periódicos españoles se han hecho eco, “Powering Change or Business as Usual?”, subtitulado “República Democrática del Congo: La minería industrial de cobalto y cobre para baterías recargables está dando lugar a graves abusos contra los derechos humanos”. En palabras de Donat Kambola, presidente de la asociación congoleña IBGDH (Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains), que ha colaborado en el informe, “Desalojan por la fuerza a la gente, la amenazan e intimidan para que abandone sus viviendas, o la engañan para que dé su consentimiento a acuerdos irrisorios. Y a menudo no hay mecanismos para presentar quejas o acceder a la justicia”. El informe se centra en la ciudad de Kolwezi y sus alrededores, en la provincia meridional de Lualaba. Tres incidentes son mencionados explícitamente en el informe. En el mismo Kolwezi, en el barrio “Cité Gécamines”, numerosas viviendas han sido destruidas desde que en 2015 se reabriera una extensa mina de cobre y cobalto a cielo abierto, gestionada conjuntamente por la compañía china Zijin Mining Group y la empresa minera estatal de la RDC, “Générale des Carrières et des Mines” (Gécamines). En febrero de 2020, las tierras de los agricultores de Tshamudenda, en las inmediaciones de Kolwezi, fueron expropiadas a la fuerza por patrullas militares con perros para permitir la expansión de Metalkol Roan Trailings Reclamation (RTR), proyecto minero del Eurasian Resources Group (ERG), grupo con sede en Luxemburgo, y cuyo principal accionista es el gobierno de Kazajistán. El tercer incidente mencionado tuvo lugar en el poblado de Mukumbi, al noroeste de Kolwezi, junto a las minas de Mutoshi, gestionadas por Chemicals of Africa SA (Chemaf), filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubái. En 2015, soldados de la Guardia Republicana llegaron una mañana, comenzaron a incendiar las casas y golpear a los residentes que intentaban impedírselo. “No pudimos recuperar nada. Nos quedamos sin nada y pasamos noches en el bosque”, declaró Kanini Maska, uno de los lugareños.
Las minas de Mutoshi son conocidas por la importancia que allí ha tenido, y sigue teniendo, la llamada “minería artesanal” (ASM, artisanal miner or small-scale miner). ASM es en realidad una de las principales fuentes de producción de recursos minerales en el mundo. En ella trabajan también mujeres y niños, y se la asocia con bajos niveles de medidas de seguridad, atención médica o protección del medio ambiente. En mayo de 2016, The Economist publicó un artículo, “In praise of small miners” (Elogio a los pequeños mineros). El articulista aportaba dos ejemplos. En 2016, en las minas de oro de Angovia, Costa de Marfil, trabajaban, según cálculos del gobierno marfileño, cerca de medio millón de mineros artesanos. En Tanzania, la pequeña ciudad de Kahama, un tranquilo puesto comercial, había triplicado su población y contaba con 10 bancos, 40 gasolineras y 300 pensiones. En parte porque una mina industrial comenzó a operar en 2009. Pero sobre todo, según la gente local, porque la minería de oro a pequeña escala había impulsado el crecimiento explosivo de la ciudad. El artículo constataba y denunciaba las pésimas condiciones de trabajo de los mineros artesanales, muchos de ellos niños, los accidentes, los conflictos con las compañías mineras, la creciente violencia social y las dudas de los gobiernos entre cerrar las minas artesanales o hacer la vista gorda. Y sin embargo, con esa lógica realista de que lo “mejor” (un ideal por el momento imposible de alcanzar) suele ser enemigo de lo “bueno” (posible aquí y ahora), concluía: “Los investigadores están llegando a la conclusión de que la minería a pequeña escala puede ofrecer un camino más atractivo para salir de la pobreza que la agricultura o la emigración a mega ciudades ya sobrecargadas”. Esa minería crea puestos de trabajo en algunos de los lugares más pobres del mundo. A nivel mundial, las minas artesanales emplean aproximadamente diez veces más personas que las industriales. Y las ganancias de los pequeños mineros tienden a gastarse localmente.
“Pact” es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en casi 40 países creando soluciones para el desarrollo humano. Dice basarse en evidencias y datos reales y favorecer la propiedad de las comunidades a las que ayuda. En 2018, Trafigura, multinacional que comercia en materias primas, en colaboración con el ya mencionado operador de minas Chemaf, y la ONG Pact, montaron un programa para ayudar a 5.000 mineros que trabajaban en condiciones lamentables. En un artículo publicado en Swissinfo.ch en febrero de este año, Dominique Soguel interroga a Dorothée Baumann-Pauly, especialista en Ética y Negocios, y directora del Geneva Center for Business and Human Rights. El subtítulo del artículo indica: “La formalización de la minería artesanal ofrece la mejor oportunidad para terminar con las violaciones de los derechos humanos y el trabajo infantil en la cadena de suministro de cobalto, afirma experta suiza en la materia”. Pero en el artículo, Dorothée Baumann-Pauly, que conocía el proyecto de Chemaf en Mutoshi, cuenta la terrible decepción que se llevó cuando, en diciembre de 2022 viajó a Mutoshi para observar en qué punto estaba el proyecto. Mutoshi, recuerda, era un lugar muy ordenado la última vez que lo visitó en 2019. El proyecto significó un acceso controlado al sitio de la mina por parte de los socios involucrados en el proyecto, operaciones a cielo abierto, capacitación y estándares más altos de salud y seguridad. Todos los mineros llevaban botas, cascos y equipos de protección. Pero “con el inicio de la pandemia de COVID los socios del proyecto decidieron cerrar la mina formalizada. Por su parte, los mineros artesanales descubrieron cómo entrar en el yacimiento y continuar extrayendo. La minería continuó”. Y lo que encontró en diciembre fue un paisaje totalmente diferente: personas sumidas en una pobreza acuciante, que apenas ganan más de 1 dólar por día, lo que no es suficiente para que las familias escolaricen a sus hijos.
En The Conversation del pasado 3 de diciembre, Ben Radley explica las tres etapas que han llevado a que los países africanos cedan el control de sus minas a las multinacionales. Fue primero, tras las independencias, la mala gestión de los gobiernos. La liberalización y privatización iniciada hacia 1991 trajo la necesaria capitalización de la minería y la presencia prioritaria de las multinacionales. Finalmente, la criminalización de la minería artesanal ha incrementado todavía más el poder de las multinacionales. Pero si Mutoshi evoca los devastadores efectos de la pandemia de la COVID-19, indica igualmente que una minería que respete a los mineros artesanales es posible. Y como recordaba The Economist, “La minería a pequeña escala ha sido un motor de desarrollo en el pasado. Entre otras cosas, creó las ciudades de San Francisco, Johannesburgo y Melbourne”.
Ramón Echeverría
CIDAF-UCM
