Durante el discurso anual sobre el Estado de la Nación en Ciudad del Cabo, el pasado 12 de febrero, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó que el crimen organizado es la mayor amenaza para el país.
Para el mandatario, la situación de inseguridad ciudadana ha alcanzado un nivel desesperado de urgencia. El país registra una alarmante tasa de homicidios de alrededor de 60 muertes diarias. Esta cifra incluye muertes en guerras entre bandas de narcotraficantes, sobre todo en la ciudad de El Cabo, y tiroteos masivos relacionados con la minería ilegal en la provincia de Gauteng.
En un intento por reducir los altos índices de violencia de pandillas y otros delitos, el presidente sudafricano anunció el día 12 de febrero el despliegue del ejército para colaborar con la policía. El presidente justificó esta decisión por considerar que el crimen organizado es actualmente la amenaza más inmediata para la democracia, la cohesión social y el desarrollo económico del país.
Los partidos políticos de Sudáfrica han acogido mayoritariamente con satisfacción la decisión de Ramaphosa. Además de la inadmisible pérdida de vidas humanas, el clima de inseguridad está perjudicando gravemente a la vida social y aumenta la reticencia de las empresas para nuevas inversiones. Según las autoridades sudafricanas, las armas de fuego ilegales son el arma más utilizada en la mayoría de los delitos, a pesar de las estrictas normas que rigen la posesión de armas en el país. En Western Cape, especialmente en barrios de Ciudad del Cabo, las disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión han dejado a comunidades enteras atrapadas en medio de tiroteos.
Las autoridades sudafricanas también han luchado durante mucho tiempo para evitar que las bandas de mineros entren en algunas de las 6.000 minas cerradas o abandonadas de esta nación rica en oro en busca de las posibles reservas. Solo en 2024, Sudáfrica perdió más de 3.000 millones de dólares en oro debido al comercio ilegal de minas, según las autoridades. En Gauteng, el foco está en las redes de minería ilegal, conocidas como “zama zamas”, vinculadas a sindicatos criminales armados y a desplazamientos forzados de residentes.
El presidente ha ordenado al ministro de Policía y a la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) que desarrollen un plan táctico con el fin de desplegar las fuerzas de seguridad en los próximos días en las provincias del Cabo Occidental y Gauteng. Otras medidas para combatir la delincuencia han incluido el reclutamiento de 5.500 nuevos policías y el refuerzo de la inteligencia, además de identificar a las organizaciones criminales prioritarias.
Fuentes: Africanews – Al Jazeera – Crisp Nigeria
[Traducción y edición, Jesús Zubiría]
[CIDAF-UCM]