La región de los Grandes Lagos no es la única en haber sufrido los horrores de un genocidio en las últimas décadas, pues también los hemos conocido, para vergüenza de nuestra humanidad, en la República Democrática del Congo (RDC), Sudán, Etiopía, Ucrania, Palestina, etc., donde todavía continúan cometiéndose similares crímenes contra la humanidad.
Estos volcanes de odio y violencia brutal son como las erupciones más virulentas de un fuego de exclusión, agresividad, ambición e intolerancia que existe en las entrañas de muchas personas y líderes y que está lejos de ser sanado y superado en la mente y el corazón de tantos seres humanos. Mientras no haya sanación, reconciliación y solidaridad profundas en la sociedad, a través de una educación científica y ética, junto con unos procesos eficaces de reconciliación social, los volcanes de fuego destructivo seguirán aterrorizando a muchos pueblos.
La militarización creciente en todos los continentes y gobiernos delata una falta de sabiduría y de compromiso para sanar las raíces del mal y de la violencia, arrastrados por la ambición de control y de abuso del poder y de los recursos, por todos los medios. Es preocupante la actual escalada en la militarización de todos los gobiernos del globo. El miedo está substituyendo a la sabiduría, la solidaridad y al diálogo en la toma de las decisiones importantes.
Numerosos analistas afirman que las raíces del odio tribal y social, no han sido integradas y sanadas en profundidad ni en Ruanda, ni en Uganda, ni en la RDC, ni en otros países de África, Europa, América, Asia y Oceanía. El racismo, el fundamentalismo, la opresión y la exclusión existen, dividen y rompen la convivencia pacífica de los pueblos.
El ejército de Ruanda, uno de los más eficaces de África, ha exportado el conflicto racial al este de la RDC, remodelando la política nacional en el camino, con ayuda asegurada de EE. UU. y Reino Unido, etc., que necesitan cómplices locales para seguir saqueando los recursos.
El genocidio de tutsis y la masacre de «moderados» hutus, iniciado en 1994 y perpetrado por las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) y la milicia “interahamwe” hutu con la que trabajaban, duró unos 100 días y mató a cientos de miles de personas. Aunque nunca se investigó a fondo, la marcha del Frente Patriótico Ruandés (FPR) sobre Kigali, desde sus bases en el norte de Ruanda y Uganda, causó la masacre de decenas de miles de ciudadanos más, cuestión de la que no se habla.
En los últimos tiempos, aquellos que han optado por intentar fundar movimientos de oposición han acabado mal. Es el caso de Victoire Ingabire, que hace 14 años regresó a Ruanda desde Países Bajos y fue detenida por pedir que también se atendiera a “las víctimas hutus que sufrieron antes, durante y después del genocidio”. La justicia le condenó por negación del genocidio, algo que ella niega a RNE. “Yo no niego el genocidio contra los tutsis. Lo que dije fue que, si no atendemos a todas las víctimas, la reconciliación nunca será real”, asegura desde su casa de Kigali, donde vive tras recibir un indulto presidencial después de pasar 8 años en la cárcel. Se refiere a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el FPR tras la toma del poder y que generaron un éxodo masivo de hutus a la vecina Zaire, hoy RDC, y el inicio de un conflicto que se alarga desde entonces con un número abrumador de muertos, el saqueo de minerales y decenas de grupos armados, algunos apoyados por el gobierno ruandés como el M-23.
Sin embargo, ese perdón presidencial no le permite, según la Justicia, presentarse como candidata a las elecciones. “Mi lucha va mucho más allá de mis derechos. Fui a la Corte africana de Derechos Humanos y dictaron que el Gobierno había vulnerado mi derecho a la libertad de expresión, pero mi lucha va más allá de mi persona. Hay tres miembros de mi partido secuestrados de los que no se sabe nada, otros cuatro fueron asesinados. Son acciones que muestran que nos queda mucho para tener una oposición fuerte en Ruanda, que sea alternativa y que pueda pedir cambios al gobierno. Es la lucha que llevo para que haya un Estado de derecho real y que sea posible algún día la alternancia democrática”, cuenta a la vez que explica que Kagame le ha negado siempre los permisos para salir del país para recoger premios como el otorgado en 2019 en España por la Asociación Pro Derechos Humanos, para acompañar a su marido enfermo o simplemente para abrazar a unos nietos que todavía no conoce.
Ingabire recuerda que el propio Kagame reconoció en el pasado “excesos” cometidos por miembros del FPR en Ruanda, y ella los eleva a “crímenes de guerra y contra la humanidad”. Sin entrar ahora en los varios millones de hutus eliminados en el este de la RDC, entre 1994-97. El informe “Maping Report” de la ONU, lo equipara a otro “genocidio”.
Una nación dividida y sin reconciliación real, aunque el gobierno actual pretenda una paz social cuando es más bien una calma militar y opresiva, no puede progresar en convivencia pacífica ni en progreso sostenible. Debemos reconocer todos los hechos del pasado porque fueron los propios ruandeses los que los cometieron, tanto en Ruanda como en la RDC. La opresión dictatorial y el abuso de derechos humanos en Ruanda, en Uganda, Sudán, Etiopía, Palestina, Ucrania, etc., y en otros países del mundo, delatan que el volcán dictatorial y tribal sigue activo y sin procesos eficaces de reconciliación nacional y de justicia social para sanar la raíz del mal.
CIDAF-UCM
