La Asamblea Nacional de Suráfrica ha aprobado la polémica ley de Protección de Información del Estado, el martes, a pesar de la fuerte oposición generalizada y las dudas sobre su constitucionalidad.
La ley fue adoptada por mayoría después de la división apelada por la oposición, Alianza Democrática, y las apasionadas objeciones que elevó la oposición.
El partido IFP, Inkatha Freedom Party, advirtió que la legislación hará que el ANC pierda su legitimidad por oponerse a la voluntad popular.
El líder del Congreso del Pueblo, y ex ministro del ANC, Musiuoa Lekota, dijo que el ANC, como el apartheid, sufrirá la vergüenza de encarcelar periodistas y denunciantes, que alertan al público sobre las malas actuaciones.
“Me estremezco al pensar que los hombres y mujeres que digan que se está robando dinero serán encerrados en nombre del ANC”, exclamó, arrancando un sonoro aplauso de la oposición y de la galería repleta de público.
La mayor parte de los partidos de la oposición presentes en la Cámara votaron contra la ley, mientras que cientos de activistas vestidos de negro protestaban a las puertas del parlamento y en otras partes del país.
El resultado de la votación: 229 a favor y 107 en contra, de los 400 parlamentarios. Hubo dos abstenciones.
La polémica ley todavía tiene que ser aprobada por el Consejo Nacional de las Provincias, el año que viene.
La líder de Alianza Democrática en el parlamento, Lindiwe Mazibuko dijo que su partido continuará la lucha por modificaciones incisivas en la segunda cámara.
Si ese proceso fracasa en producir una nueva versión, ella pedirá al presidente Jacob Zuma que no firme la ley, sino que la mande de nuevo al parlamento.
“Pero si esta ley es firmada para convertirse en ley, lideraré una solicitud ante el tribunal constitucional para que la declare anticonstitucional”, prometió Mazibuko.
Como la oposición, los medios de todo el país, activistas y el, aliado del ANC, congreso de los Sindicatos de Suráfrica, han demandado que la ley sea reescrita y han prometido llevarla ante el tribunal constitucional, si finalmente entra en vigor, tal y como está redactada ahora.
Todos insisten en que la ley debería incluir una defensa del interés público, tal y como se consagra en la legislación estatal de medios (“Secrecy bill” en Suráfrica) en Canadá.
Esta defensa permitirá a los periodistas y otros que publiquen información clasificada bajo pena de prisión argumentar que lo han hecho en interés público.
El ministro de Seguridad del Estado, Siyabonga Cwele reiteró la semana pasada que el ANC no aceptaría esa “práctica irresponsable”.
El proyecto de ley aprobado hoy por el parlamento criminaliza la posesión y publicación de información clasificada y penaliza la publicación con hasta 25 años de cárcel, si hay implicación de espionaje.
La ley fue redactada para sustituir la legislación de la era del apartheid, que data de 1982, pero sus críticos dicen que marca un vergonzoso retroceso excesivo hacia el secreto de Estado, cuando Suráfrica lleva menos de dos décadas de gobierno democrático.
Los directores de 18 periódicos han declarado en un editorial conjunto, publicado el día 22, que han llamada “Martes negro”, que esto es la primera pieza de legislación, desde el final del apartheid, que desmantela un aspecto de nuestra democracia”.
(IOL, 22-11-11)
