Abogando por un futuro de transformadora cooperación digital internacional y basada en los derechos humanos en el marco del Pacto Digital Global.
- ¿Qué es el Pacto Digital Global?
El Pacto Digital Global (GDC, por sus siglas en inglés) es un marco para la cooperación digital internacional que actualmente se está negociando como anexo al Pacto para el Futuro, un acuerdo intergubernamental que busca “construir un sistema multilateral que beneficie a todos, en todas partes” con acciones concretas para garantizar un mejor futuro para “toda la humanidad” a lo largo de los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas (ONU): desarrollo, paz y seguridad, y derechos humanos. La primera lectura del Borrador Cero del Pacto Digital Mundial está actualmente en marcha. Esto significa que, para un futuro de cooperación digital internacional transformador, basado en los derechos humanos y orientado al desarrollo, es el momento de participar en una defensa concertada para influir en el texto final que se está negociando.( este comentario ofrece un balance crítico del Borrador Cero desde el punto de vista de la justicia digital, destacando los avances y las brechas, y un conjunto de recomendaciones finales sobre cómo el Pacto puede cumplir la promesa de una gobernanza digital global transformadora para las personas y el planeta.
- Los aspectos positivos – Lo bueno del Borrador Cero
El objetivo final del GDC, como se explica en el Borrador Cero, es “la cooperación y la gobernanza internacionales que cierran brechas digitales y promueven un mundo digital equitativo e inclusivo” (párrafo 3).
El Borrador Cero amplía el alcance de cooperación digital más allá de la agenda tradicional de cuestiones técnicas y políticas públicas de la gobernanza de Internet, tal como se define en el consenso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), para dar cuenta de nuevos desafíos. Estos incluyen: (a) una gobernanza basada en los derechos humanos de datos y tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), y (b) acelerar la cooperación para el desarrollo para permitir que los países en desarrollo liberen dividendos de innovación.
Las referencias a los “bienes públicos digitales” (BPD) (párrafo 13), la “infraestructura pública digital” (párrafo 14), los “bienes comunes de datos” (párrafo 37) y la “computación, los datos, el talento y los puntos de referencia de la IA” (párrafo 49) son significativas en este sentido.
En pos de esta ampliada agencia de cooperación y gobernanza digital global, el Borrador Cero se basa en un constitucionalismo digital basado en los derechos humanos. Defiende la “participación equitativa de todos los estados y personas” en el orden digital, el “desarrollo sostenible”, el “derecho internacional de los derechos humanos” y la “igualdad de género” como principios fundacionales/normas básicas (párrafo 7).
En los compromisos de acción concretos que propone, el Borrador Cero hace algunas propuestas útiles sobre cómo el sistema de las Naciones Unidas puede proporcionar orientación/establecer un derecho indicativo en los fragmentados dominios de la gobernanza de datos y de la IA. La propuesta de establecer un Servicio de Asesoramiento sobre Derechos Humanos Digitales de las Naciones Unidas para proporcionar orientación práctica sobre cuestiones de derechos humanos y tecnología a los gobiernos, el sector privado y las partes interesadas pertinentes (párrafo 22) es concreta y constructiva, dado que es poco probable que un acuerdo vinculante sobre una nueva clase de derechos humanos en los datos y la IA sea una realidad inmediata (e incluso si se inicia en las Naciones Unidas, es probable que sea un proceso prolongado). De manera similar, el llamado a un Panel Científico Internacional sobre IA a nivel de la ONU para que sirva como un sistema de alerta temprana a nivel global para rastrear los desarrollos nacionales y regionales de IA es también oportuno (párrafo 49). Instar a las empresas de plataformas a incorporar transparencia y rendición de cuentas en el diseño de sistema y reparación al usuario es una medida necesaria para lograr la integridad de información, ausencia de daños y la confianza digital, contextualizando los principios de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos para el dominio digital.
- Aspectos ignorados: dónde falla el Borrador Cero
El borrador cero del GDC intenta abordar algunas de las cuestiones más controvertidas, aunque urgentes, para la cooperación digital global: la concentración de poder en la economía digital, libres flujos de datos y el déficit democrático en el multisectorialismo digital.
3.1. La concentración de Poder en la Economía Digital– el elefante en la habitación
El Borrador Cero reconoce que “el acceso digital debe abarcar oportunidades para la adquisición de conocimiento, investigación y capacidad y también transferencias de tecnología como la única manera de “liberar el potencial de la economía digital para todas las sociedades”. (párrafo 16). Esto, sin embargo, pasa por alto la desigual distribución de capacidades de innovación en el orden económico digital internacional. La solución a la falta de capacidad de cómputo en el Sur Global es limitado a la aplicación de existentes modelos de IA a conjuntos de datos localizados (párrafo 50 (b)(ii)) y la promoción de alianzas entre múltiples partes interesadas para desarrollar soluciones tecnológicas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de bienes públicos digitales, tratados como sinónimos de “software, plataformas, datos, estándares y contenido de código abierto” que sean interoperables (párrafos 13 y 15).
Esto ignora el elefante en la habitación: que las capacidades de innovación en la economía digital están actualmente concentradas en dos países: Estados Unidos y China en términos de capacidad para participar y beneficiarse de la economía digital impulsada por datos, y representan alrededor del 90 por ciento de la capitalización de mercado de las plataformas digitales más grandes del mundo. En este escenario, si bien el pragmatismo a corto plazo puede requerir localización de los dominantes modelos de IA (que actualmente provienen de corporaciones estadounidenses), la innovación digital contextual y culturalmente apropiada exige estrategias políticas para construir capacidad a largo plazo para modelos de IA locales. De manera similar, soluciones de múltiples partes interesadas para bienes públicos digitales deben ir de la mano con inversión en vibrantes comunidades de práctica en el contexto local. A menos que la innovación digital esté anclada en la propiedad local, estamos destinados a ver más de lo mismo con leviatanes digitales consolidando su dominio global en emergentes ecosistemas de innovación en el Sur Global.
El Borrador Cero reduce la idea de infraestructura pública digital a “sistemas digitales compartidos” sin cuestionar críticamente cómo se transferirá a manos públicas el esencial carácter público de los aspectos clave de la infraestructura digital (párrafo 14). El derecho a la innovación digital requiere que la propiedad y el control de la infraestructura digital central sean públicos.
El statu quo prevaleciente de control corporativo de sistemas digitales fundacionales– responsable de una perversa dinámica de innovación que prioriza los bienes comerciales sobre los bienes socialmente significativos, sigue sin ser abordado. Como Correa et al. (2023) han observado, el Pacto Digital Mundial podría haberse aprovechado como una oportunidad para iniciar “acciones encaminadas a establecer normas nacionales pro competitivas, anti monopolio que permitan el crecimiento de más pequeños actores de mercado en los países en desarrollo o el establecimiento de cadenas mutuamente beneficiosas de valor digital”.
El derecho a la innovación digital exige que la propiedad y el control de la infraestructura digital básica sean públicos. El imperante statu quo de control corporativo de sistemas digitales fundamentales, responsable de una dinámica de perversa innovación que prioriza los bienes comerciales sobre los bienes socialmente significativos, sigue sin abordarse.
El Borrador Cero es igualmente insatisfactorio en lo que respecta a establecer deberes estatales para la protección de derechos humanos digitales, especialmente en relación con la rendición de cuentas corporativa. Aunque el Borrador insta a los Estados a promulgar legislación nacional en el ámbito de vigilancia y cifrado para proteger “la privacidad, la libertad de expresión, el debido proceso, el acceso a la información y el recurso efectivo” (párrafo 28(d)), no consigue demostrar el mismo celo en la defensa de los deberes estatales de frenar el abuso de poder de mercado en las cadenas digitales de valor. No contiene compromisos concretos para que los Estados partes regulen las empresas comerciales para que cumplan con los derechos digitales humanos (no mencionados en el párrafo 21). Más importante aún, no invoca el lenguaje de obligaciones extraterritoriales de los Estados para impedir que empresas originarias de su jurisdicción violen los derechos humanos en operaciones digitales transfronterizas.
3.2. La gobernanza internacional equitativa de datos – ¿qué pasa con el desarrollo equitativo?
El Borrador Cero propone un modelo de “equitativa e internacional gobernanza de datos […] para promover objetivos de desarrollo, proteger derechos humanos y fomentar innovación” (párrafo 33) que elude una visión de gobernanza de datos para el desarrollo equitativo y la soberanía digital de naciones y pueblos. Maximizando “flujos de datos dentro y entre países, respetando las pertinentes normas de protección de datos y privacidad” (párrafo 41) es visto como permitir automáticamente que todas las naciones y los pueblos participen en la economía digital en pie de igualdad, ignorando las extra activistas dinámicas que caracteriza las cadenas de valor de datos transfronterizas. A falta de compromisos concretos para desmantelar los monopolios de datos en las cadenas globales de valor y preservar la soberanía política de todos los países para determinar el grado de integración en la economía global de datos, la liberalización de flujos transfronterizos de datos terminará reforzando el statu quo en materia de industrialización digital. Los países en desarrollo seguirán estando atrapados en los segmentos de menor valor como meros proveedores de datos y consumidores de productos y servicios digitales sin potencial alguno de creación domestica de valor.
A falta de compromisos concretos para desmantelar los monopolios de datos en las cadenas de valor globales y preservar la soberanía política de todos los países para determinar el grado de integración en la economía global de datos, la liberalización de los flujos transfronterizos de datos terminará reforzando el statu quo en materia de industrialización digital.
En líneas relacionadas, el Borrador Cero también opera sobre la suposición simplista de que la accesibilidad a los datos y la promoción de intercambios y estándares de datos (párrafos 36 y 37) y el intercambio de datos (párrafos 39 y 40) cerrarán automáticamente las brechas en la innovación de datos. Las propuestas de intercambios abiertos de datos y bienes comunes de datos no están respaldadas por recomendaciones concretas sobre la gobernanza apropiada de estos recursos de datos públicos (párrafo 37). Tanto la eliminación de los daños a los datos como la distribución equitativa del valor de los datos dependen de una gobernanza ágil. Los derechos económicos colectivos y las consideraciones éticas en los bienes comunes de datos son miopes. El Borrador Cero no contiene recomendaciones concretas sobre cómo se apoyará exactamente a “Estados, comunidades, grupos e individuos, respectivamente” para “utilizar y aprovechar” los bienes comunes de datos y los intercambios de datos que se establecerán para liberar el potencial de los datos para su desarrollo y bienestar (párrafo 37). Se pasa por alto por completo el complejo desafío de diseñar mecanismos de gestión de datos para estas estructuras a fin de permitir que las comunidades determinen democráticamente cómo se accede a los recursos de datos colectivos y cómo se utilizan para producir valor económico y social.
3.3. Déficits democráticos en el multisectorialismo digital: ¿pasados por alto?
Los mecanismos de cooperación entre múltiples partes interesadas en el ámbito digital no han logrado implementar las recomendaciones de la Agenda de Túnez de la CMSI sobre los procesos institucionales apropiados para una “cooperación reforzada”. La propuesta de cooperación reforzada en la Agenda de Túnez –en los párrafos 69 y 71– reconoce que los gobiernos, “en pie de igualdad”, deben desempeñar sus funciones y responsabilidades en cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet. Lamentablemente, desde entonces, Estados Unidos y sus corporaciones digitales han bloqueado sistemáticamente cualquier intento en el ámbito internacional de hacer avanzar este proceso. En cambio, han mantenido la narrativa de que el Foro de Gobernanza de Internet (FGI) de la ONU es el mecanismo a través del cual se debe determinar un proceso de cooperación reforzada, ignorando convenientemente el hecho de que tal interpretación equivale a una flagrante violación del mandato de la CMSI que limita estrictamente el papel del FGI al de un espacio puramente dialógico. Dos Grupos de Trabajo sobre Cooperación Reforzada establecidos bajo la égida de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de la ONU con el fin de cumplir con esta agenda solo han terminado en un punto muerto, gracias a este encuadre erróneo, y a pesar de los esfuerzos de países en desarrollo por avanzar con esta incompleta agenda.
El conjunto de acciones de gobernanza de Internet en el Borrador Cero ignora el contexto histórico de negociaciones y consenso globales.
En una, aún más flagrante omisión, no reconoce continuidades entre la agenda de “cuestiones de política pública relacionadas con Internet” de la CMSI, que se centra en temas actuales de gobernanza de datos e inteligencia artificial. En cambio, separa los mecanismos de gobernanza de datos e inteligencia artificial del debate sobre la gobernanza de Internet y elude por completo la cuestión de qué se necesitaría para que los gobiernos lograran resultados eficaces de política mediante la participación y consultas de múltiples partes interesadas (especialmente la sociedad civil) previstas en el consenso de la CMSI.
- El Pacto Digital Global que necesitamos
El momento histórico actual es testigo de profundas fallas en la agenda digital y una importante fragmentación (como se analiza en Correa et al., citado anteriormente). A menos que los Estados puedan adoptar una sólida y visionaria idea de nuestro presente digital, es probable que nuestro colectivo futuro digital esté en grave riesgo. Necesitamos un Pacto Digital Global que ofrezca un marco sólido de justicia económica, basado en el derecho al desarrollo, que incluya el “derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen el derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural”. Esto significa reconocer que los regímenes internacionales sobre comercio, propiedad intelectual, impuestos, financiación y más, están todos entrelazados con el injusto status quo digital.
Necesitamos un Pacto Digital Global que ofrezca un marco sólido de justicia económica, basado en el derecho al desarrollo, que incluya el “derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen el derecho a determinar libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural”.
La concentración de capacidades de innovación y la resultante desigualdad global exigen mejores vínculos s derechos humanos y desarrollo sostenible mediante una estrategia específica para una transición digital justa que garantice libertad para todos y oberanía de desarrollo para los países del Sur Global.
El Pacto debe dedicar mayor atención a claros compromisos de financiación pública para el desarrollo de una infraestructura digital de propiedad y operación popular, y controlada públicamente, yendo más allá de una acrítica celebración de apertura e interoperabilidad. Bienes públicos digitales no pueden interpretarse como facilitadores automáticos de innovación inclusiva; su mérito funcional reside únicamente en la gobernanza de interés público.
En la misma línea, el Pacto debe volver a centrar los “datos para el desarrollo equitativo” y explorar vías estratégicas para la descolonización de la economía de datos. Como sostiene Sampath, la economía de datos sigue permeando y promoviendo nociones de subordinación y desposesión que son similares a las de anteriores épocas en la historia. Es necesario rechazar la narrativa dominante de flujos de datos para desarrollo; no existe una vía única para la digitalización. El Pacto debe volver al ideal de la CMSI de gobernanza de Internet para sociedades de información inclusivas y orientadas al desarrollo, y establecer reglas claras para preservar Internet como un bien público global.
Los objetivos de interés público son primordiales para una gobernanza digital y deben ser considerados sagrados de modo que el llamamiento al multisectorialismo incluya a las voces más marginales y no ignore el poder estructural. Se necesita una clara dirección sobre cómo la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas, a través de sus mecanismos de revisión de la CMSI, pueda permitir una efectiva cooperación digital global. Esa cooperación debe abarcar las cuestiones de política pública digital en constante expansión, incluidos datos y la inteligencia artificial. Como nota final, los recursos críticos de Internet todavía están bajo control jurisdiccional de los Estados Unidos y deben internacionalizarse. Contemplar una hoja de ruta para esto es una agenda vital en el período previo al próximo proceso de la CMSI+20.
Anita Gurumurthy, Nandini Chami, Shreeja Sen y Merrin Muhammed Ashraf
Este artículo fue publicado por primera vez por South Centre. Lea el artículo original aquí.
Anita Gurumurthy: es miembro fundadora y directora ejecutiva de IT for Change, donde lidera colaboraciones y proyectos de investigación relacionados con la sociedad en red, con un enfoque en la gobernanza, la democracia y la justicia de género.
Nandini Chami: es la subdirectora de IT for Change. Su trabajo se centra principalmente en la investigación y la promoción de políticas en los ámbitos de los derechos digitales y el desarrollo, y la economía política de los derechos de las mujeres en la sociedad de la información. Forma parte de los esfuerzos de promoción de la organización en torno a la agenda de desarrollo 2030 en cuestiones de «datos para el desarrollo» y tecnologías digitales y justicia de género.
Shreeja Sen: es investigadora asociada en IT for Change. Trabaja en cuestiones de odio en línea y su regulación, infraestructuras de datos y la economía digital. Tiene una licenciatura en derecho y un título de posgrado en políticas públicas.
Merrin Muhammed Ashraf: es asistente de investigación en IT for Change (ITfC). Sus intereses de investigación se centran en la intersección del derecho, la tecnología y la sociedad. Hasta el momento, sus investigaciones se centran principalmente en la responsabilidad de los intermediarios, la rendición de cuentas en las redes sociales y las implicaciones de los algoritmos en la privacidad y la autonomía. En ITfC, trabaja en la violencia de género en línea y la regulación de las redes sociales desde una perspectiva feminista.
Fuente: Bot populi
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
