La ministra de Interior de Suráfrica, Nkosazana Dlamini-Zuma, ha devuelto a la mesa de trabajo la propuesta especial de dispensación a los migrantes zimbabuenses indocumentados, que ya están en Suráfrica, el derecho a vivir y a trabajar durante un año.
Su departamento también está revisando la recientemente introducida entrada libre para los zimbabuenses con su pasaporte nacional, el derecho a trabajar en Suráfrica durante 90 días.
El portavoz de Interior, Ronnie Mamoepa aseguró ayer que Dlamini-Zuma estaba revisando todos los procesos en el departamento.
La propuesta dispensación especial para los zimbabuenses era una de las medidas que se han devuelto para que sean discutidas por “la naturaleza, alcance e implicaciones de la decisión”.
Fuentes de dentro del gobierno aseguran que en algunos departamentos se cree que no se han producido suficientes consultas antes de anunciar la medida.
Otras preocupaciones son que los países vecinos no tienen libre entrada renovable para los zimbabuenses, y los visitantes de Suráfrica, desde países como Mozambique, sólo pueden trabajar durante un periodo limitado al año, y no tienen derecho a trabajar.
Establecido para ser implementado desde el departamento de recepción de nuevos refugiados, en Pretoria, esta facilidad pretende hacerse cargo de la situación humanitaria existente en Zimbabue, donde ahora mucha gente vive del envío de dinero desde el extranjero.
El registro de los que cruzan la frontera también estaba enfocado a mejorar la situación de seguridad. Además, el permiso especial para los inmigrantes zimbabuenses indocumentados hubiera ahorrado parte del dinero que se gasta en deportar a gente que casi siempre vuelve a entrar en Suráfrica.
Loren Landau, jefe del Programa de Estudios de Migraciones Forzadas, de la universidad de Witwatersand, sospecha que cualquier cambio de planes por parte del ministerio de Interior, se producirá pos los intereses domésticos a corto plazo. Durante una “recesión económica y de pérdida de empleos, siempre habrá sentimientos contra la inmigración”, recuerda.
Poco antes de las elecciones, el ministro de Asuntos Internos, Nosiviwe Mapisa Nqakula, anunció que el departamento introduciría un permiso especial dirigido a los migrantes zimbabuenses sin documentación en Suráfrica.
Válido durante 12 meses, el documento propuesto daría al portador acceso a los servicios como la salud y la educación.
En abril, Interior suspendió las deportaciones mientras que daba a los inmigrantes de pasaporte zimbabuense entrada recíproca libre en el país con la opción de trabajar. Esta disposición no es muy normal en la región. Mientras que los mozambiqueños, los lesotenses y los suazilandeses disfrutan de libre acceso a Suráfrica, no tienen el derecho de trabajo automáticamente.
El gobierno de Suráfrica estaba dispuesto a implementar una política uniforme para todos los países vecinos, pero se le estaba presionando desde los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que acogiera a los zimbabuenses que huyeran de la crisis en su país.
La semana pasada, Médicos Sin Fronteras, pidió al gobierno y a las agencias de las Naciones Unidas que se ocuparan con urgencia de las necesidades humanitarias de los refugiados zimbabuenses.
“Cada día, a pesar de las afirmaciones de que Zimbabue se está “normalizando”, miles de zimbabuenses siguen cruzando la frontera a Suráfrica, huyendo de la ruina económica, la inseguridad alimentaria, la inestabilidad política y el colapso total del sistema sanitario”, asegura el grupo de MSF, a través de su directora en Suráfrica, Rachel Cohen.
(Business Day, Suráfrica, 09-06-09)
