Más de 1.500 burundeses, residentes en Ruanda, fueron expulsados de este país el día 13 de mayo, acaban de anunciarlo las autoridades ruandesas. El gobierno ruandés los considera como inmigrantes ilegales, según informes de las autoridades ruandesas y burundesas.
Las autoridades ruandesas, que mantienen relaciones tensas con el gobierno del país vecino, Burundi, indicaron que estas expulsiones tienen lugar en el cuadro de un control regular y que no están dirigidas “particularmente a los burundeses”. “Hemos tenido un cierto número de burundeses, esparcidos por todo el país, que no tenían documentos”, declaro la ministra ruandesa responsable de los refugiados, Séraphine Mukantabana. Y añadió que no son refugiados burundeses sino personas en situación irregular, que deliberadamente decidieron regresar a Burundi para conseguir los documentos necesarios, que les permitan legalizar su residencia en Ruanda.
Refutando la noción de reciprocidad, un oficial ruandés, que hablo bajo condición de anonimato, destacó que millares de ruandeses, víctimas de malos tratos, huyeron de Burundi desde el inicio de la presente crisis en el país en abril de 2015, y que los ruandeses en situación ilegal en Burundi fueron expulsados sistemáticamente.
De parte de Burundi, Philippe Ngabonziza, administrador de Gitega, ciudad de la provincia fronteriza de Kirundo, afirmó que “1.320 burundeses, expulsados de Ruanda” fueron recibidos en su ciudad “entre el 13 y el 15 de mayo”. El gobernador de la provincia vecina de Ngozi, Albert Nduwimana, precisó que 218 compatriotas fueron devueltos a Burundi en el mismo período de tiempo. A mitades de febrero Ruanda había amenazado con renviar a terceros países los refugiados burundeses, que huyeron de la crisis política en su país. Los burundeses expulsados este fin de semana no pertenecen a esta categoría, según fuentes tanto burundesas como ruandesas.
Durante varios meses Burundi ha acusado a Ruanda de reclutar y de preparar refugiados burundeses para derrumbar al presidente Pierre Nkurunziza. La candidatura de Nkurunziza para un tercer mandato en abril de 2015, y su reelección en julio del mismo año, sumergió a Burundi en una grave crisis política, que ya ha causado más de 500 muertos y ha conducido a 270.000 burundeses al exilio.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aún confidencial, vuelve a acusar a Ruanda de entrenar a los refugiados burundeses, y afirma que ese apoyo ha continuado durante el inicio de 2016, algo que Ruanda desmiente categóricamente.
Fuente: africa21digital.com
Traducido por Jesús Zubiría
(Fundación Sur)