El gobierno de Níger ha anulado las ventajas que se habían concedido a los diputados y les ha pedido que reembolsen algunas adquisiciones indebidas durante el periodo de junio a diciembre de 2008, equivalente a más de 2.000 millones de francos CFA.
En un comunicado del Consejo de Ministros, el gobierno ha adoptado un proyecto de decreto para la anulación del presupuesto general del estado, en concreto de los 1.000 millones de francos CFA, equivalentes al apartado de “beneficios parlamentarios”. Un fallo del tribunal Constitucional declaró en junio de 2008, que estos beneficios eran anticonstitucionales.
“Se remitirá una carta a la Asamblea Nacional con el fin de que los diputados reembolsen las adquisiciones indebidas, percibidas como beneficios parlamentarios, durante el periodo de junio a diciembre de 2008”, precisa la misma fuente.
Los diputados nigerinos se estaban concediendo estas ventajas deliberadamente, por lo que habían suscitado desde hace meses vaguedades entre la Asamblea Nacional y una coalición de la sociedad civil, que considera “increíbles” las asignaciones que se otorgan los parlamentarios, en un contexto de “morosidad económica”.
Sindicatos, ONG, y asociaciones de consumidores han multiplicado sus manifestaciones y declaraciones para expresar su descontento frente a estos beneficios que inicialmente han sido declarados “anticonstitucionales”, desde junio de 2008.
Frente a la opinión desfavorable del Tribunal Constitucional, los diputados adoptaron una ley el pasado mes de enero, para ajustar el fallo de la autoridad judicial a su conveniencia, después de que el gobierno hubiera introducido una demanda de rectificación de la ley de finanzas 2009, para disminuir el presupuesto de la Asamblea Nacional.
La nueva ley que fija el estatus de diputado nigerino fue promulgada el 13 de marzo pasado por el presidente Mamadou Tandja, provocando un aumento de las protestas de la sociedad civil, que le había pedido que no promulgase la nueva ley de las finanzas “a riesgo de convertirse en cómplice de la voluntad de dilapidación del dinero público anunciado por los diputados”.
(Agence de Presse Africaine, 02-04-09)
