El gobierno nigerino ha dado un nuevo paso en la regulación de la vivienda, estableciendo un límite de precio para los alquileres. El 22 de abril, Abdourahamane Tiani, presidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), firmó un nuevo decreto elaborado por los Ministerios de Urbanismo, Comercio y Finanza, donde se impone un precio máximo que no deben superar los arrendadores de viviendas en el país, dicho precio dependerá de varios factores, como la ubicación, el tipo de residencia que se alquila o los servicios que dispone la zona.
Este nuevo decreto sólo será aplicable a viviendas sociales que cuenten con dos o tres habitaciones, con un precio límite de 20.000 a 40.000 FCFA (entre 34 y 68 dólares) para el primer caso, y de 45.000 y 80.000 FCFA (entre 76 a 136 dólares), para el segundo. Además, el precio variará dependiendo de si la vivienda se encuentra en una zona mucho más antigua y popular, estableciendo un precio de entre 15.000 a 60.000 FCFA (entre 25 y 102 dólares)
El nuevo decreto introduce nuevas medidas a los arrendadores. En primer lugar, no podrán subir el precio del alquiler más de un 10 % de la tarifa original, a menos que se realice alguna modificación dentro de la vivienda que permita mejorar la calidad de vida de los ocupantes. En segundo lugar, el arrendador podrá enfrentar sanciones penales en el caso de que llegue a ver algún tipo de anomalía en el proceso de arrendamiento de la residencia, suponiendo multas que pueden ir desde los 50.000 a los 99.000 FCFA (entre 85 y 168 dólares), hasta penas de cárcel que pueden alcanzar los 30 días. Según lo que dicta el decreto, el inquilino también puede enfrentar dichas sanciones si no notifica que su arrendador no cumple con las medidas impuestas.
Fuentes: APANEWS
[CIDAF-UCM]