El gobierno de Noruega ha declarado que la República Democrática del Congo ha dado garantía de que los dos noruegos detenidos en el país africano no serán ejecutados, a pesar de la sentencia a muerte del tribunal que los juzgó, por asesinato.
“El ministro de Asuntos Exteriores de la RDC, Thambwe Mwamba, ha reiterado sus garantías de que la pena de muerte no será ejecutada”, señala el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega en un comunicado. “También ha reiterado que el gobierno congoleño ha declarado una moratoria de la pena de muerte y que este tipo de sentencias ya no se ejecutan en el país”.
La República Democrática del Congo no ha ejecutado una sentencia de pena de muerte desde la llegada al poder del presidente Joseph Kabila, en 2001.
Un tribunal militar en el norte de la RDC rechazó la apelación, el día 3 de diciembre, de los dos noruegos, de 27 y 28 años, que habían sido sentenciados a muerte por el asesinato, el día 5 de mayo, del conductor del vehículo que alquilaron en Kisangani, la provincia oriental, rica en minerales.
Los dos, que se encontraban en Kisangani según unos como turistas, según otros por negocios, han declarado que su conductor fue asesinado por bandidos y siempre han mantenido su inocencia.
También fueron encontrados culpables de espionaje, lo cual también han negado.
Los dos, ex soldados, y el gobierno de Noruega, fueron condenados a pagar una multa de 500 millones de dólares, en concepto de reparación al estado congoleño, y más de un millón para la familia de la víctima y compañeros de trabajo.
El comunicado noruego dice que el ministro de Exteriores nórdico ha hablado con su homólogo congoleño después del fallo del tribunal.
“En referencia a la parte de la sentencia en la que se les acusa de ser espías para el gobierno de Noruega, yo rechazo esto como completamente infundado, al igual que la demanda de reparación contra el estado de Noruega”, señala el comunicado del ministro de Exteriores, añadiendo que reitera “que los dos hombres no tienen relación con las autoridades noruegas”.
El tribunal congoleño afirma que los dos ex soldados noruegos estaban en posesión de carnets válidos de servicio militar, cuando fueron arrestados, y como soldados en servicio, eran responsabilidad del estado.
(IOL, 04-12-09)
