El Ministerio del Interior ha confirmado la protección otorgada al presidente de la Fundació S’Olivar, Juan Carrero, y a varios activistas de esta entidad, ante las represalias del Gobierno de Ruanda a raíz de la querella interpuesta por la muerte de cooperantes españoles en el conflicto del país africano.
Así lo informaron hoy en un comunicado desde la Fundación, recordando que esta protección ha sido concedida después de que miembros de la asociación y de Drets Humans de Mallorca se reuniesen con el delegado del Gobierno, Ramón Socías, quien realizó la petición al Ministerio y éste ha confirmado la protección tanto por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Tal y como explicó uno de los miembros de la Fundación, Manel Gomáriz, se trata de controlar la llegada a Mallorca de personas del entorno del presidente ruandés Paul Kagame o sicarios que «puedan ser enviados por la trama del gobierno de Kagame o sus padrinos».
En este sentido, justificaron que durante los últimos meses han atentado en Europa contra testigos de la querella y demócratas ruandeses en el exilio, así como contra la actual opositora Victoire Ingabire, que «está siendo atacada por las fuerzas del gobierno del país en su regreso a Ruanda para formar parte de las próximas elecciones».
Desde la Fundació S’Olivar recordaron que 40 miembros de la cúpula de este gobierno, con Kagame incluido, se encuentran bajo procesamiento y contra ellos pesan órdenes de busca y captura por parte del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a raíz del asesinato de nueve cooperantes españoles, miles de africanos y por el expolio de materias primas del Congo.
Cabe recordar que el senador autonómico por Baleares Pere Sampol denunció en la Cámara Alta la «burda maniobra» de la ONU para difamar a la Fundación S’Olivar y con ello desacreditar la querella que ha impulsado en la Audiencia Nacional por la muerte de cooperantes españoles en el conflicto ruandés, que a su juicio va en la sintonía de la ofensiva desplegada por el gobierno de este país contra el auto dictado por el magistrado Andreu.
PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS)
