Un nuevo análisis de Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción ha clasificado 24 jurisdicciones según su capacidad para proteger de fondos ilícitos a mercados inmobiliarios.
Apartamentos de lujo con vistas a Hyde Park. Villas frente al mar en Miami. Rascacielos que se alzan en el desierto de Dubái. Para delincuentes y corruptos, los bienes inmobiliarios siguen siendo la inversión predilecta y la caja de seguridad perfecta para esconder el dinero sucio.
A pesar de años de compromisos por parte de las economías más poderosas del mundo para combatir el blanqueo de capitales, un nuevo índice ha revelado que los mercados inmobiliarios siguen estando sorprendentemente expuestos.
El primer Índice de Opacidad en la Propiedad Inmobiliaria (OREO), publicado por Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC), evalúa 24 jurisdicciones, incluyendo grandes potencias del G20 y centros financieros globales como Singapur y Hong Kong, y concluye que, en la mayoría de los países, quienes blanquean dinero pueden explotar fácilmente lagunas legales, ocultar su identidad e invertir en bienes inmuebles con poco o ningún escrutinio. Incluso en países con alto rendimiento, las deficiencias en regulación y transparencia de datos implican que fondos sospechosos podrían seguir fluyendo por el mercado sin ser detectados.
¿Por qué evaluar la opacidad en la propiedad inmobiliaria?
Qué mide el Índice OREO
El Índice OREO evalúa cada jurisdicción en función de dos pilares esenciales: el alcance y la accesibilidad de datos sobre propiedad inmobiliaria y la solidez de los marcos nacionales contra el blanqueo de capitales que rigen las transacciones inmobiliarias.
Cada pilar se compone de tres y cuatro componentes respectivamente, cada uno con una puntuación de 0 a 10. Se utilizó un promedio ponderado para calcular los dos indicadores que contribuían equitativamente a la puntuación final. La puntuación general del Índice OREO fue determinada promediando estos indicadores.
La primera edición del índice evalúa y clasifica 24 jurisdicciones, incluyendo 18 países miembros del G20, además de países invitados España y Noruega, y Hong Kong, Panamá, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.
El Índice OREO: Cómo se comparan los países
El Índice OREO inaugural clasifica la eficacia con la que algunas de las economías más grandes del mundo y centros financieros clave protegen sus mercados inmobiliarios del dinero sucio.
Ningún país obtuvo una puntuación perfecta y diez obtuvieron puntuaciones inferiores a cinco sobre diez, lo que sugiere que hay puertas abiertas para los fondos ilícitos.
¿El país con mejor desempeño? Sudáfrica, que obtuvo las máximas calificaciones por su marco regulatorio y sus detallados registros de propiedad. Pero incluso allí, persisten importantes deficiencias: el acceso a datos está restringido a los ciudadanos, lo que podría frustrar las investigaciones transfronterizas y las reformas recientes aún no se han implementado por completo.
Otros países con puntuaciones altas son Singapur, Francia e Inglaterra y Gales. Sin embargo, todos tienen lagunas legales pendientes de corregir.
En la parte inferior de la tabla: Australia, Corea del Sur y Estados Unidos. En los tres países, la regulación contra el blanqueo de capitales para los profesionales del sector inmobiliario es inexistente o peligrosamente limitada.
Un vacío de datos que impide el escrutinio
El Índice OREO revela que la mayoría de jurisdicciones aún no recopilan ni comparten los datos de propiedad necesarios para evitar que el dinero sucio influya en el sector inmobiliario.
Casi ninguna registra información propietarios beneficiarios – las personas que están detrás de las empresas o fideicomisos que poseen bienes inmuebles. Incluso cuando se registra la propiedad legal, los datos suelen estar fragmentados entre sistemas, son difíciles de acceder o no están disponibles en formatos legibles por máquina, dificultando el análisis y la comparación con otros conjuntos de datos.
Cinco países – Argentina, China, Alemania, Turquía y Emiratos Árabes Unidos–mantienen sus registros inmobiliarios ocultos al público, accesibles solo para las autoridades, profesionales selectos, usuarios con «interés legítimo» o los dueños de la propiedad. Otros presentan importantes obstáculos: en Sudáfrica, abrir una cuenta de búsqueda requiere una documentación extensa; en México, la digitalización de datos es inconsistente a través distintos estados; en Canadá, el acceso suele conllevar elevadas cuotas de suscripción.
Incluso cuando existen datos, a menudo carecen de detalles clave. Con frecuencia faltan los precios de compra y la información sobre los intermediarios involucrados en la transacción, como corredores o abogados, lo que dificulta la detección de operaciones infravaloradas o financiación sospechosa.
Fundamentalmente, casi ningún país proporciona datos inmobiliarios totalmente abiertos: gratuitos, descargables en masa y con licencia para su reutilización. Inglaterra y Gales y Francia son raras excepciones que ofrecen acceso masivo a registros de propiedad de empresas. Pero incluso en estos casos, vincular los datos de propiedad con los registros de propiedad efectiva o de empresas sigue siendo difícil.
¿El resultado? Los investigadores, los organismos de control y las fuerzas del orden se enfrentan a serios obstáculos para rastrear fondos ilícitos a través de los mercados inmobiliarios. Sin datos completos, accesibles e interoperables descubrir patrones de propiedades corruptas se convierte en un juego de adivinanzas que, con demasiada frecuencia favorece a los corruptos.
Las lagunas en la supervisión permiten que la opacidad prospere
No es solo la falta de transparencia lo que permite que el dinero sucio fluya a los mercados inmobiliarios globales, sino también la facilidad con la que las transacciones inmobiliarias pueden eludir el escrutinio. El Índice OREO revela que los actores corruptos pueden aprovechar las lagunas en los marcos antiblanqueo de capitales para comprar y vender propiedades con casi total impunidad.
En varios países, como Australia, China, Inglaterra y Gales, Japón y los Emiratos Árabes Unidos las transacciones inmobiliarias pueden realizarse sin la obligatoria participación de profesionales sujetos a obligaciones antiblanqueo de capitales. Esto significa que las propiedades pueden cambiar de manos sin que un abogado, agente o notario esté legalmente obligado a preguntar quién es el comprador o de dónde proviene su dinero.
Muchos países imponen obligaciones antiblanqueo de capitales sobre algunos profesionales inmobiliarios, pero excluyen categorías enteras – como promotoras- fuera del alcance. En Argentina, Francia, Hong Kong, Italia, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos, las promotoras pueden vender propiedades y proyectos de vivienda directamente sin ser inspeccionadas. En Brasil y Canadá los abogados no están cubiertos por las leyes nacionales antiblanqueo de capitales, y en Panamá no están obligados a reportar las transacciones sospechosas debido a confidencialidad de cliente.
La supervisión también suele ser débil o fragmentada. En Alemania, por ejemplo, la supervisión del cumplimiento de las normas antiblanqueo de capitales por parte de profesionales del sector no financiero está repartido entre más de 300 supervisores diferentes, lo que dificulta su aplicación sistemática. En otros países, los organismos profesionales de autorregulación se ven obligados a supervisar a sus propios miembros, con resultados a menudo insatisfactorios.
Algunas jurisdicciones aún permiten que las transacciones inmobiliarias de alto valor se realicen en efectivo, oro o incluso criptomonedas, eludiendo por completo el sistema bancario. Solo tres países (Francia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos) exigen que los pagos de las transacciones de alto riesgo se realicen a través de instituciones financieras. Otros, como Alemania, prohíben por completo ciertas formas de pago de bienes inmobiliarios, pero estas normas siguen siendo la excepción.
Y si bien se supone que las normas de debida diligencia son más estrictas cuando se trata de clientes de alto riesgo, como personas políticamente expuestas, la realidad es que muchos profesionales no aplican las normas o no saben cómo hacerlo. En Sudáfrica, los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) descubrieron que los profesionales legales desconocían los riesgos, a pesar de estar cubiertos por las leyes antiblanqueo de capitales.
Todo esto se resume en una simple verdad: sin una supervisión sólida y una rendición de cuentas eficaz los corruptos pueden pasar desapercibidos.
Limpieza interna
Mejorar la transparencia de las empresas y del sector inmobiliario es crucial para detectar la entrada de fondos ilícitos en los mercados inmobiliarios. Al mismo tiempo, las transacciones inmobiliarias deben estar sujetas al escrutinio de terceros y los proveedores de servicios profesionales involucrados en la compraventa de propiedades deben tener obligaciones contra el blanqueo de capitales. Si no se implementan ambas medidas simultáneamente, la opacidad persistirá, permitiendo que las actividades ilícitas prosperen sin control.
Para evitar que el sector inmobiliario sea utilizado como refugio para el enriquecimiento ilícito, los gobiernos deben tomar contundentes medidas en tres frentes: transparencia de propiedad, regulación de facilitadores y accesibilidad a datos.
Si bien algunos países han avanzado en los últimos años, las reformas siguen siendo fragmentadas y persisten las lagunas legales.
Índice OREO – Resultados generales
Los países del G20, muchos de los cuales son los más infractores sobre el índice, se han comprometido previamente a mejorar la transparencia de la propiedad efectiva y a combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Ahora deben cumplirlo: deben acordar una serie de nuevos compromisos y responsabilizarse mutuamente de su implementación. El GAFI, como organismo regulador global, también debería explorar la posibilidad de emitir recomendaciones específicas o directrices sobre la transparencia en el sector inmobiliario.
Sin un impulso global coordinado, los mercados inmobiliarios mundiales seguirán siendo vulnerables ante el abuso. La pregunta no será si hay dinero negro en el mercado, sino cuánto y quién paga el precio real.
Fuente: Transparency International
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]