Flagelo de alcance mundial, la violencia contra la mujer no tiene, a priori, límites geográficos. Sin embargo, su alcance es especialmente significativo en África, varias alarmantes estadísticas lo confirman. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en millones el número de mujeres africanas víctimas de abusos, especialmente en el entorno conyugal, con una tasa del 41,6% en el África subsahariana y el 65,5% en el África central.
Según Amnistía Internacional en Sudáfrica, por ejemplo, cada seis horas una mujer es asesinada por su pareja; En Kenia, el Procurador General declara que la violencia doméstica es la causa del 47% de los homicidios y en Marruecos el Alto Comisionado de Planificación (HCP) asegura una tasa de violencia de más del 50%.
Todas estas cifras socavan los esfuerzos desplegados en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Esto refleja la gran paradoja del África del siglo 21, que ha visto nacer importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, al mismo tiempo que sigue permitiendo la violencia contra las mujeres.
¿Por qué África protege tan mal a sus mujeres?
La negación del derecho universal e intrínseco de la propiedad de la mujer sobre su propio cuerpo, lleva a la degradación humana y reduce a la mujer a la condición de esclavitud. Nacer mujer en África, tierra donde domina el patriarcado, las costumbres y las tradiciones arcaicas y la cantidad de malas interpretaciones religiosas, no es ni siquiera probable que se reconozca este derecho o que se pueda frenar la furia, veces espontánea, contra las mujeres. El patrimonio cultural tiene, decididamente, mucho peso: la posición más débil de las mujeres es intrínseca y los actos de violencia están «normalizados».
Limitaciones socio-culturales
No es el subdesarrollo económico del continente, lo que agrava la situación de las mujeres, especialmente en las zonas rurales en las que generalmente son analfabetas, viven en una posición de dependencia económica, lo que no les deja otra opción que quedarse con un marido que es violento, pero que al menos les proporcionan refugio y alimento.
El derecho a la integridad física y moral, e incluso el derecho a la vida de las mujeres, ha sido el tema central de un buen número de tratados vinculantes y que los Estados africanos, en su mayoría, han ratificado. Podemos citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativa a los Derechos de la Mujer de 2003. Paralelamente, las leyes nacionales específicas de cada país deberían ir en la misma dirección. Todo esto da al total un “corpus legislativo” considerable, pero que se ha saldado con un fracaso total, debido a que sus requisitos no se aplican sistemáticamente.
Algunos confiesan que incluso la legislación más progresiva seguirá siendo un cero a la izquierda en ausencia de un verdadero Estado de Derecho, entendido en el sentido de una justicia independiente e imparcial, además de una alternancia pacífica en el poder. Ahora, el estado de derecho está lejos de ser real en el continente, especialmente en vista de la proliferación de los golpes militares, pero sobre todo de los golpes de estado constitucional, con el apoyo de un buen número de líderes que intentan enmendar la constitución de sus países en busca de más mandatos presidenciales.
Por lo tanto, no es sorprendente que estos mismos líderes muestren falta de voluntad para hacer cumplir los tratados y las leyes que prohíben la violencia contra la mujer, cuando esto les puede conllevar a una confrontación temible con las autoridades tradicionales y religiosas, que tienen voz y peso en tiempo de elecciones. La violencia contra las mujeres se perpetúa debido a la conducta de los funcionarios públicos (policía, jueces…), a menudo reacios y no cualificados para tratar este tipo de violencia, sobre todo debido a la frecuente coexistencia de múltiples fuentes de derecho (costumbrista, musulmán…). El status quo se mantiene sobre todo a causa de las políticas estáticas del gobierno en economía y educación, entre otras.
La verdad es que estos estados, más allá de las medidas selectivas, deliberadamente se niegan a cumplir con el deber de apoyar el derecho de la propiedad de las mujeres sobre sus cuerpos. Ante tal desconexión, la sociedad civil debería actuar de forma contundente para frenar estas aberraciones. Su intervención sería necesaria junto a otras intervenciones múltiples: en primer lugar, una atención integral a las víctimas de la violencia (alojamiento, asesoramiento, asistencia jurídica…). A continuación, la potenciación económica de las mujeres, única garantía real de su emancipación hasta que no sean económicamente independientes no van a poder salir de donde están. Se deben desarrollar programas de formación e integración socio-económica para ayudarles a defender sus derechos.
Al mismo tiempo, y para volver a nuestra premisa de partida, la violencia doméstica es el resultado de un anclaje cultural, resistente a las leyes, sería inútil promulgar más sin antes tratar de actuar simultáneamente sobre las mentalidades, enfoque que puede dar fruto de forma duradera. Para ello, la sociedad civil tiene mucho que hacer: campañas de sensibilización, promoción de la cultura de la igualdad, reformas de los libros de texto que perpetúan estereotipos dañinos y prejuicios contra las mujeres, introducción de los programas de educación sexual y emocional para los jóvenes, la secularización del discurso religioso, el asesoramiento y la mediación civil para resolver los conflictos familiares sin recurrir a la violencia.
Con todo, la eliminación de la violencia contra las mujeres africanas es asunto de todos. Apoyar a la sociedad civil en esta dirección o participar en sus actividades es absolutamente necesario, la sociedad civil, y no nos cansaremos de repetirlo, es la boya de salvación contra los abusos del estado.
Asmaa Bassouri, doctor en derecho internacional por la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech (Marruecos)
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