La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Pointe Noire, CJP, en Congo Brazzaville, y el Encuentro por la Paz y los Derechos Humanos, RPDH, han publicado el informe “Exploración petrolera y minera en Congo Brazzaville, ¿Cuál es su impacto sobre los derechos económicos y sociales de las comunidades cercanas?”.
Estas dos organizaciones congoleñas, que promueven la defensa de los derechos humanos, publicaron este informe el día 23 de agosto, tres años después de su primer informe titulado “Exploración petrolera y violaciones de los derechos humanos en Congo Brazzaville”. Además han contado con el apoyo de la organización Legado Nacional para la Democracia, NED.
Este informe trata sobre las violaciones de los derechos de las poblaciones que viven en los territorios donde se hallan las instalaciones petroleras y mineras de Kouilou, la región costera del país, cuya capital es Pointe Noire. El texto pone sobre la mesa la discusión sobre la problemática de la cohabitación entre las poblaciones de la zona y las industrias extractivas que operan en el litoral. Esta problemática preocupa a las dos ONG desde el comienzo de las actividades de extracción en tierra firme, en el año 2000, lo que hacía urgente la necesidad de investigar la situación social y medioambiental de las comunidades en riesgo.
El informe remarca la voluntad de la CJP y del RPDH de ampliar sus investigaciones a las comunidades que específicamente se enfrentan a dificultades por causa de la actividad minera y petrolera; actividad que dificulta significativamente el acceso a derechos económicos y sociales, y en particular los derechos al agua, a la salud y la alimentación. También pone un acento particular en los derechos a la participación y a la información de las comunidades de estas zonas, derechos a menudo ignorados tanto por el estado como por las compañías, en violación de la legislación nacional y de los instrumentos jurídicos internacionales en vigor.
Este informe apunta en definitiva a una explotación responsable de los recursos naturales por parte de las compañías, con la perspectiva de minimizar los numerosos impactos negativos sacados a la luz tras las investigaciones, y mejorar la vida de las comunidades que viven en las zonas donde se están ejecutando proyectos de explotación.
Las investigaciones han permitido constatar violaciones de los derechos humanos desde el inicio de las operaciones, debido a la degradación constante de los factores naturales que antes estaban a disposición de las comunidades del entorno, como los ríos, las tierras fértiles y otros, que ahora están contaminados por causa de la creciente industrialización. Esta situación merece una atención particular por parte del Estado congoleño, de las compañías, de las organizaciones de la sociedad civil, de las propias comunidades, de las instituciones internacionales, de los socios del desarrollo y los países de las compañías extractoras, para una mejora progresiva del goce de estos derechos mencionados, en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad.
“Las recomendaciones contenidas en el informe responden a esta lógica, porque, del respeto a los derechos económicos y sociales de las comunidades, depende una paz social verdadera, propicia al desarrollo de las actividades industriales a las que se sumen a las cuestiones de desarrollo económico del Congo.”
Las recomendaciones ponen también de relieve las iniciativas positivas a y de factores de esperanza para que la explotación petrolera y minera beneficie a las comunidades afectadas por una pobreza endémica, como es el caso de la mitad de la población de Congo Brazzaville. “Se trata de un combate por una explotación responsable de los recursos naturales, de una batalla por la transparencia, que sea estimulada por un control ciudadano sobre la acción de los poderes públicos, elemento esencial del estado de derecho y de la democracia”.
(Congo Dechâiné, Congo Brazzaville, 24-08-11)
