Los ataques terroristas no justifica la respuesta de mano dura. Una nación que respeta el imperio de la ley no detiene arbitrariamente a cientos de personas por los delitos de unos pocos. Kenia necesita para ganarse la confianza de sus ciudadanos, no alienarlos aún más. Se debe comenzar mediante la demostración de una política de tolerancia cero para los agentes de seguridad que maltratan a los civiles.
Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch (Nairobi) comentó: “La policía de Kenia y los militares deben dejar de usar las palizas como un sustituto para el trabajo de investigación policial adecuado. Los presuntos ataques de miembros de Al-Shabaab simpatizantes de los militares y civiles en Kenia no justifican la violación de los derechos de la población civil.
Cinco personas murieron y al menos 30 fueron heridas en la noche del 24 de noviembre, cuando se lanzaron granadas contra la multitud en dos incidentes en Garissa, provincia noreste de Kenia. En otro incidente, un soldado de Kenia murió cuando un camión militar chocó contra un artefacto explosivo improvisado en la ciudad fronteriza de Mandera el mismo día. Se cree que los ataques son el trabajo de los simpatizantes en Kenia de al-Shabaab, aunque nadie ha reivindicado el ataque.
«Los ataques en Garissa son impactantes», dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. En respuesta a los ataques, la policía de Kenia y los militares detuvieron a alrededor de 300 personas en Garissa, y a otras 300 en Mandera. Los testigos dijeron a Human Rights Watch que los agentes de seguridad detenían arbitrariamente a los transeúntes en la escena de la explosión en Mandera, que tuvo lugar cerca del centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad detuvieron a centenares, incluidos niños.
Un testigo dijo a Human Rights Watch: «Mis vecinos fueron golpeados seriamente. Un hombre estaba sangrando por la cabeza y lo llevé al hospital. Los soldados golpeaban a los niños pequeños, de 12, 13, 15 años. Ayer por la noche dormimos con el miedo de que iban a venir a golpearnos de nuevo».
Mohamed Maalim Mohamud de Mandera Occidental dijo a Human Rights Watch que a algunas víctimas se les habían roto las extremidades, y que algunos detenidos habían sido heridos por golpes de la policía y de los soldados. Se les negó el acceso a tratamiento médico.
El Oficial de Policía de la Provincia, confirmó que alrededor de 300 personas habían sido detenidas, tanto en Mandera y Garissa y admitió que las autoridades no habían encontrado a los responsables de los ataques. Algunos han sido llevados a los tribunales por entrar en Kenia ilegalmente. No está claro cuántos permanecen bajo custodia.
Nyongesa dijo a Human Rights Watch que se había detenido la investigación sobre las denuncias de maltrato de personas por la policía y el ejército, pero dijo que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que resulte responsable de los abusos de derechos humanos sería castigado.
Las detenciones arbitrarias de un gran número de personas cuando no hay evidencia para creer que son sospechosos de un crimen es una grave violación de los derechos humanos de los detenidos y la detención ilegal debe ser entendida como un crimen en sí mismo.
«Una nación que respeta el imperio de la ley no detiene arbitrariamente a cientos de personas por los delitos de unos pocos», dijo Bekele. «Kenia necesita ganar la confianza de sus ciudadanos, no alienarlos aún más. Se debe comenzar mediante la demostración de una política de tolerancia cero para los agentes de seguridad que maltratan a los civiles».
Un trabajo sostenible de inteligencia policial es necesario para hacer frente a los ataques o las detenciones arbitrarias en masa, dijo Human Rights Watch. Las detenciones arbitrarias y palizas en Garissa se basaron únicamente en la base de la apariencia de ser de Somalia.
(Human Right Watch, Oficina de Nairobi, Kenia, 28-11-11)
Noticia enviada y traducida por Eva Estaun, española residente en Nairobi.
