La fiscalía federal de Etiopía presentó cargos contra 13 personas por una supuesta red de corrupción relacionada con el desvío ilegal de combustible, un caso que habría empeorado la crisis de abastecimiento que está afectando al país desde hace varios meses. De acuerdo con la información difundida por la agencia APA, entre los acusados aparecen varios funcionarios del gobierno, como Esmealem Mihretu, director ejecutivo de la Empresa Etíope de Suministro de Petróleo (EPSE), Dibara Fufa, subdirector del sector petrolero de la Autoridad Etíope de Petróleo y Energía, y Shum-Alem Berhane, director general de EPSE. Las autoridades sostienen que las operaciones ilegales provocaron pérdidas millonarias para el Estado y afectaron directamente a la población etíope.
Según las acusaciones, varios de los implicados habrían aprovechado sus cargos para facilitar la distribución ilegal de gasolina y diésel fuera de los controles establecidos por el gobierno, habiendo obtenido más de 70 millones de birr (más de 440.00 dólares) en combustible desviados hacia el mercados negro, incluyendo ventas destinadas a actividades mineras.
Entre los acusados investigados se encuentran altos miembros de la Autoridad de Petróleo y Energía y de la EPSE que entregaron de forma irregular licencias de combustible y venta ilegal de diésel blanco. Otros tres sospechosos fueron acusados de haber facilitado la adquisición ilegal de combustible que generó la pérdida de 22,5 millones de birr (aproximadamente 143.000 dólares estadounidenses) al país. Entre los implicados en adquirir la licencia de distribución ilegal de combustible se encuentra el propietario y gerente de Yegna Petroleum PLC, cuya uso causó la pérdida de 21,3 millones de birr (aproximadamente 135.000 dólares). Finalmente también se presentaron cargos a otras tres personas que habrían desviado 1,9 millones de litros de combustible que fueron subvencionados por el gobierno etíope.
Las investigaciones también revelaron que la red no solo operaba mediante el desvío de combustible, sino que habrían manipulado mecanismos financieros y sistemas digitales de control implementados por el Estado etíope. La fiscalía afirmó que el objetivo principal de los acusados era obtener beneficios personales, aun cuando eso significara perjudicar el funcionamiento del mercado energético nacional. Como consecuencia, miles de ciudadanos tuvieron que enfrentarse a largas filas en las estaciones de servicio y a una escasez constante de combustible en distintas regiones del país.
Fuentes: APANEWS
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