Según refiere Fabrice Manirakiza, periodista del diario digital Iwacu, de acuerdo con una carta del Gabinete Civil del presidente de la República al ministro de Infraestructuras, Equipamiento y de Viviendas Sociales, y al de Medioambiente, se procederá con el desalojo de los vecinos del barrio Gasenyi-Nyakabondo, situado en una colina que ocupa 160 hectáreas en los alrededores del edificio Kwa Ntare Rushatsi, en el municipio de Mutimbuzi, en la provincia de Bujumbura, para construir en dicha zona edificios asociados a funciones administrativas regionales y locales, lo que incluye asimismo residencias para los funcionarios que sean destinados allí, así como el Palacio Residencial de la Presidencia. Dicha iniciativa se basa en el Decreto Nº100/128, de 23 de junio de 2016, que declara ese barrio como una Zona de Utilidad Pública. Si bien se han previsto en el mismo decreto indemnizaciones económicas a parte de los desahuciados, son escasos los que serían beneficiados por éstas y muchos los que corren la posibilidad de perder las viviendas en las que han residido durante buena parte de sus vidas.
El representante del barrio, Emmanuel Niyongabo, ha escrito una carta al presidente de la República, Évariste Ndayishimiye, solicitando que se anule el mencionado decreto, ya que es contrario al Código de Bienes Inmuebles de la República de Burundi. Concretamente es contrario a los artículos 412, 413, 417 y 433, al no haberse realizado una consulta previa entre el Estado y los afectados sobre este desahucio; al no haberse concretado aún la cantidad de las indemnizaciones, de modo que en la práctica no existen; al plantearse el desalojo de más extensión de tierra de la estrictamente necesaria; y al haberse basado el precio de los terrenos en datos de 2008 y no en datos actualizados a la fecha del proceso, entre otros aspectos. De igual modo, este representante propone, en vez de un desalojo total, dar al Estado una parte de su parcela y no toda, para sustituir el pago por acondicionamiento.
De hecho, en esta zona en la que viven 2.700 familias, desde que se convirtió en una Zona de Utilidad Pública, los habitantes tienen muchas dificultades para subsistir, ya que las parcelas y tierras que tienen no se pueden enajenar, de modo que les es imposible vender o comprar más tierras, y en muchos casos necesitan vender para conseguir dinero con el que mantenerse, o comprar tierras para acoger a las familias de sus descendientes (en algunos casos deben cederles partes de sus propias parcelas). Además, tampoco han recibido permiso del gobierno para rehabilitar los edificios afectados por las fuertes lluvias, y muchos se han endeudado con créditos bancarios para alcanzar unos servicios que debería proporcionarles el Estado.
Fuente: Fabrice Manirakiza – Iwacu.
[Traducción y edición, Félix Núñez Ruiz]
[CIDAF – UCM]
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