En febrero de 2019 el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, declaró el estado de emergencia sobre la violencia sexual y de género como respuesta a la creciente crisis que estaba experimentando el país. En 2018 tuvieron lugar una serie de casos de gran repercusión mediática, entre los que se destaca el de una niña de cinco años, cuya agresión la dejó paralizada de cintura para abajo. A raíz de ello surgieron campañas contra la violencia de género, tales como el movimiento «Manos Fuera de Nuestras Niñas» de la Primera Dama, donde se visibilizó la problemática. Consecuencia de ello, en 2019 se duplicaron el número de casos denunciados a la policía. En ese mismo año se registraron 8.500 denuncias, siendo un tercio de ellas agresiones hacia niñas.
Afirmando que no había tiempo que perder, la declaración de emergencia del presidente Maada Bio permitió al gobierno introducir nuevas regulaciones sin consultar al parlamento. Estas incluían nuevas disposiciones para las víctimas y castigos más severos para los infractores. No obstante, debido a que no pasó por los procedimientos legales correspondientes, se cuestionó su veracidad legal. En medio de esta falta de certeza legal, el gobierno revocó discretamente el estado de emergencia en junio e introdujo un programa legislativo completo a través del parlamento, aprobado con enmiendas en septiembre.
¿Funcionó el estado de emergencia?
En Sierra Leona la imposición del estado de emergencia creó opiniones polarizadas. Algunos sugieren que el presidente recibió un mal asesoramiento legal al declararlo y señalan que las regulaciones aprobadas durante este período carecen de respaldo legal. Este hecho ha planteado interrogantes sobre las condenas que se dictaron en el período febrero-junio y ha dejado a algunos infractores en un limbo legal. Por el contrario, los defensores de la medida elogian la declaración, puesto que ayudó a poner el foco de atención en la crisis, aceleró el número de casos procesados por los tribunales, y se avanzó de manera más acelerada hacia la consecución de una nueva ley.
Las enmiendas presentadas en 2019 abordan deficiencias presentes en la ley previa de 2012. La nueva legislación aumenta la sentencia mínima por violación de cinco a quince años para los adultos (con un máximo de cadena perpetua). Incluye disposiciones para nuevos delitos como la incitación por parte de personas con autoridad (por ejemplo, maestros, figuras religiosas, médicos) y la agresión sexual con agravantes. La nueva ley también tipifica como delito la «transigencia», lo que significa que si alguien (ya sea un cabeza de familia, un líder religioso, un jefe, etc.) intenta resolver un caso de violencia sexual en su comunidad en lugar de denunciarlo a la policía, puede ser multado con 10 millones de leones (1.000 dólares) y/o pasar de uno a diez años en prisión.
Los desafíos futuros:
En general, la nueva ley de Sierra Leona se ha acogido de forma positiva, aún presentando todavía determinadas debilidades. Las disposiciones para un registro de delincuentes sexuales no incluye detalles sobre cómo funcionará. Tampoco se han concretado las directrices sobre la supuesta atención médica gratuita destinada a las víctimas de agresión sexual. A todo ello se le debe sumar la sobrepoblación de las cárceles, realidad que empeorará ante el aumento del número de sentencias de larga duración. De igual modo, se ha introducido un cambio en la ley, por el cual los menores de 14 años pueden ser procesados como adultos por cometer delitos sexuales. Igualmente, se critica el hecho de que la atención se haya centrado de manera desproporcionada en la violencia sexual, en particular la de las niñas, y se han descuidado otras facetas de la violencia de género.
Independientemente de los pros y los contras de la nueva legislación, el Estado debe abordar también otras cuestiones más estructurales presentes en la sociedad sierraleonesa. Entre los aspectos más importantes se encuentra la indisposición de los sierraleoneses por involucrarse en el sistema legal formal. Las comisarías de policía suelen localizarse a grandes distancias de los focos de población rurales, lo cual implica que ir a denunciar estos casos supone una inversión en tiempo y dinero. Adicionalmente, las instalaciones de la policía están generalmente mal dotadas de personal y carecen de fondos suficientes, especialmente fuera de las grandes ciudades.
Si bien el estado de emergencia del presidente Maada Bio ha tenido una reacción mixta, no se puede negar que creó un impulso que, en última instancia, ha conducido a cambios legales palpables. Sin embargo, el desafío que queda por delante es asegurar su implementación y cumplimiento, y que los sierraleoneses tengan acceso y fe en los servicios de justicia social y penal que existen para hacer cumplir estas leyes.
Fuente: Laura S. Martin & Simeon Koroma – African Arguments – Imagen: Flickr
[Traducción y edición, Claudia Durá]
[Fundación Sur]
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