El Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, de Camerún, ONDH, ha acusado a las autoridades de encubrir a las fuerzas de seguridad, durante una serie de asesinatos en las revueltas políticas del país, en febrero de 2008, según un comunicado.
Miembros de las fuerzas de seguridad abrieron fuego indiscriminadamente sobre los civiles, utilizando rifles automáticos incluso armamento ligero montado sobre la parte trasera de sus furgones, según el informe del ONDH.
Pero las autoridades presionaron a los directores de los hospitales para encubrir los crímenes cometidos por los soldados, escondiendo las pruebas.
En febrero de 2008, el presidente Paul Biya envió tropas a las calles para sofocar las violentas protestas por el alto coste de la vida, entre las que se incluye una huelga de transporte, por el alto precio del combustible.
También se protestaba por la revisión de la constitución, que permitió que Biya se pudiera presentar para una tercera legislatura. El presidente acusó a los manifestantes de estar haciendo campaña para derrocarle del gobierno.
El informe del ONDH pide al gobierno que reconozca y condene públicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, durante las manifestaciones.
También rechaza las cifras oficiales de 40 muertos durante la oleada de violencia del año pasado, y asegura que la cifra de muertos alcanza las 139 personas “por lo menos”.
Otros grupos de derechos humanos también dieron cifras muy superiores a 100. “Incluso si la situación de hoy es estable, la posibilidad de nuevos problemas y represiones sigue siendo real, mayormente cuando se aproxima la fecha de las próximas elecciones presidenciales, 2011”, continúa el informe.
A pesar de las quejas de los ciudadanos, el gobierno no ha establecido una comisión de investigación de la violencia, para determinar quiénes fueron los culpables.
Mientras que miles de personas fueron arrestadas durante y después de las manifestaciones, y llevadas ante los tribunales, ni una sola persona de las fuerzas de seguridad se ha enfrentado a ninguna sanción.
El ONDH, una alianza de varios grupos locales de derechos, también pide una investigación judicial por la violencia.
En enero, un informe de Amnistía Internacional condenaba lo que se llama la cultura de impunidad en Camerún, que permite a las fuerzas de seguridad llevar a cabo violaciones de derechos humanos, de forma incesante.
“Las fuerzas de seguridad de Camerún utilizan la fuerza letal de manera rutinaria, excesiva e innecesaria”, decía el informe, “y los culpables en la mayoría de los casos disfruta de una total impunidad”.
Paul Biya gobierna Camerún desde 1982.
(News 24, Suráfrica, 23-02-09)
