Allanamiento de morada sin orden judicial
La investigación arroja luz sobre la grave violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En el 20 % de los registros de tráfico de drogas y asociación, se registró el allanamiento a la residencia del acusado o de terceros. De estos casos, solo el 7 % contaba con el registro correspondiente de una orden judicial para el allanamiento. El factor territorial nuevamente se muestra decisivo. En el 19,4 % de los casos, se menciona explícitamente una favela o comunidad como el lugar del incidente.
En casos de consumo de drogas, la mención de la favela es poco frecuente, presente solo en el 3 % de los casos, pero cuando se trata de un incidente relacionado con el narcotráfico, la cifra aumenta al 15 %. En casos de asociación delictiva, la cifra se dispara hasta el 47,6 % del total, casi la mitad de los casos.
Considerando conjuntamente los delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir, el 24,9 % de los incidentes se relacionan explícitamente con favelas.
La ubicación del incidente también es un factor determinante en la decisión final de los magistrados. Cuando una sentencia menciona explícitamente que el delito ocurrió en una favela o comunidad, la tasa de condenas alcanza el 76,5 %. Esta cifra se eleva al 79,3 % en territorios bajo control de facciones criminales.
«Esta fuerte correlación entre la mención del territorio y la condena sugiere que existe una estructura subjetiva y preestablecida en el Poder Judicial, basada en prejuicios, sobre quiénes y dónde se encuentran las personas que deben ser sancionadas por tráfico y asociación para delinquir», concluye la investigación.
La sustancia y su influencia en la tipificación del delito
El tipo de sustancia incautada también influye directamente en la acusación inicial y la gravedad del delito. La marihuana es la droga más común en los casos de consumo (59,6 %), mientras que la cocaína es la sustancia más recurrente en los cargos por tráfico (79,5 %). Estos datos refuerzan la percepción de que la clasificación entre consumidor y traficante no se basa únicamente en la cantidad, sino también en la naturaleza de la sustancia, además del perfil socioeconómico y territorial del individuo.
El investigador señala que la mayoría de las personas detenidas por consumo se encontraban en zonas más adineradas de la ciudad, pero se trata de personas que residen en lugares con un índice socioeconómico más bajo. «En otras palabras, son personas de bajos recursos que circulan en zonas adineradas, a quienes se les identifica como sospechosos y se les detiene por consumo».
Se observa que, en los registros de consumo personal, el volumen de incautaciones es bastante bajo, con una media de unos tres gramos de marihuana y un gramo de cocaína. En los casos de tráfico, asociación para el tráfico o una combinación de ambos delitos, las cantidades son significativamente mayores, alcanzando medianas de 87 gramos de marihuana y 38 gramos de cocaína. “Lo que observamos con esta investigación es la necesidad urgente de una revisión de la ley de drogas. La mayoría de las personas son arrestadas con pequeñas cantidades de drogas, ya sea marihuana o cocaína, las principales drogas que analizamos en la investigación. Por lo tanto, tenemos un sistema penitenciario y un sistema judicial extremadamente costosos y sobrecargados por personas arrestadas por pequeñas cantidades de drogas”, analiza Macedo.
Ingresos altos, 90 % de absoluciones
El mecanismo legal que permite al Ministerio Público (MP) proponer una pena alternativa (como una multa o una restricción de derechos) para delitos de menor potencial ofensivo, llamado acuerdo de culpabilidad, no es para todos. Según el estudio, este beneficio no se distribuye equitativamente: el acuerdo de culpabilidad se ofrece principalmente a los acusados blancos, que representan el 60,8 % de los acuerdos.
Sin embargo, el escenario más revelador es el de los acusados más adinerados, con resultados aún más favorables. En estos casos que involucran a acusados de altos ingresos, el Ministerio Público registra una tasa de casi el 90 % de solicitudes de sobreseimiento o absolución, lo que indica que, en estos casos, las actividades del Estado para investigar el delito y aplicar la sanción penal correspondiente son escasas, lo que hace que la negociación de la pena sea prácticamente irrelevante.
Brasil de Fato solicitó una declaración a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro (Sesp-RJ) sobre los resultados de la investigación, con varias preguntas. Al cierre de este informe, no se ha recibido ninguna declaración del departamento. El informe permanece abierto para incluir la información.
Beatriz Ramos
Editado por: Luís Indriunas
Fuente: Brasil de Fato
[CIDAF-UCM]
