El 24 de junio de 2022 será recordado como un día trágico. Esa mañana murieron decenas de personas (23 según datos oficiales, 37 según las entidades de la sociedad civil) y unas 200 personas resultaron heridas mientras intentaban atravesar las vallas fronterizas que separan Nador (Marruecos) y Melilla (España). Las imágenes de sus cuerpos amontonados han quedado grabadas en nuestras memorias.
Hemos visto brutalidad extrema y hemos sentido indignación por esta tragedia que se podía haber evitado, como ocurre con la mayoría de las desgracias, pues son causadas por seres humanos, que en principio están elegidos para buscar el bien de todos.
Si estas tragedias causadas por humanos nos indignan, más si cabe nos repugna ver a los líderes responsables buscar justificaciones ante la sociedad, sin pensar en hacer justicia a las personas y familias afectadas.
Como si esta irresponsabilidad de muchos líderes fuera poco, se intenta ocultar a la sociedad los negocios injustos que se realizan a costa de los inmigrantes.
La mayoría procedía de Sudán. Llevaban en sus cuerpos, con dolor y con violencia, los zarpazos de la desigualdad y de la pobreza. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 10,9 millones de personas en Sudán, cerca del 30 % de su población, sufre de hambruna extrema.
La gran mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras, vengan del Sudan, de Senegal, de Malí, de Marruecos o de cualquier otra nación, abandonan su país por necesidad de supervivencia y de una vida digna.
Si los gobiernos occidentales y europeos fueran más humanos y responsables ya hubieran consensuado un programa de acogida y de integración para los inmigrantes, junto con los gobiernos de sus países de origen, y hubieran firmado unos acuerdos comerciales para colaborar en un desarrollo integral de los países africanos.
Debido al abuso del poder y de los recursos, los gobiernos occidentales se preocupan de detener a los emigrantes, levantando vallas, muros y pagando a gente armada.
Todo esto no se debe a que los políticos y economistas sean malas personas. Más bien, es consecuencia de su falta de valores y de una visión y política económica capitalista que valora más el poder y la defensa de las fronteras nacionales que la defensa de la dignidad y de los derechos humanos de los inmigrantes.
Desde 2013, Marruecos ha recibido 342 millones de euros de la Unión Europea (UE) para frenar la inmigración irregular. A mediados de agosto de 2022, la UE anunció que aumentará hasta 500 millones de euros la ayuda a Marruecos para el control fronterizo migratorio, un incremento del 45 % respecto al anterior periodo presupuestario. En conjunto, se calcula que, desde 2007, Marruecos ha recibido 13000 millones de euros en ayudas europeas para cerrar fronteras.
Esta tragedia nos llama a ser responsables, a exigir cambios de política migratoria, a derribar muros y a integrar a todos los inmigrantes para construir juntos un desarrollo integral. Todos somos necesarios para construir una nueva Humanidad.
CIDAF-UCM
