Tras el anuncio del presidente sierraleonés, Julius Maada Bio, acerca de la celebración del censo el 9 de diciembre, el Banco Mundial decidió retirar el apoyo millonario que había destinado a su gobierno para el desarrollo del proyecto censal.

Este controvertido censo, oficialmente llamado Censo de Población y Hogares 2021, es, originalmente, el producto del Proyecto de Armonización y Mejora Estadística de África del Este (HISWA, por sus siglas en inglés). El HISWA incluía un fondo de 30 millones de dólares que debían ser invertidos en el sistema de recolección de datos y estadísticas de Sierra Leona. Una de las mejoras principales del plan consistía en la renovación del censo de hogares a manos de Statistics Sierra Leone (Stats SL). Este proyecto contaba también con el apoyo de organizaciones internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA).

En una programación conjunta, todas las partes implicadas desarrollaron un plan de fases para la implementación del censo en el país. Con la primera fase, el censo cartográfico, completada, las organizaciones financieras avisaron al gobierno de Sierra Leona que, si bien continuarían con el apoyo logístico y tecnológico, la siguiente fase no estaba lista, y no lo estaría para la fecha programada el 9 de diciembre. Fue esta la razón esgrimida por el Banco Mundial para el cese de la financiación.

En lo que ha sido criticado como un abuso de poder, este ha sido el aviso que el presidente Bio decidió ignorar al anunciar la continuación con la programación censal. Siendo el censo una medida que beneficiaría a todo el país, independientemente de la pertenencia a un extremo u otro del espectro político, los líderes de la oposición se han manifestado en contra de la celebración de un censo en condiciones deficientes.

En respuesta, el gobierno de Bio ha detenido a aquellos líderes que se han pronunciado en contra del censo, así como a todos aquellos que instaron a sus seguidores a organizar un boicot contra el proceso censal. Tras los encarcelamientos, la administración de Bio abrió la puerta a una nueva veda de críticas: el fraude electoral. De acuerdo con estas posturas, la verdad tras la premura para la celebración del censo es el plan de Bio de utilizarlo como pantalla para la financiación de una campaña política encubierta, así como la modificación de los límites de las circunscripciones censales, de cara a las elecciones generales previstas para 2023.

Habiéndose llevado a cabo durante el pasado fin de semana, queda por ver la legitimidad con que la comunidad internacional, y la propia sociedad sierraleonesa, reconocerán la validez de los resultados del censo.

Fuente: The Sierra Leone Telegraph - Abdul Rashid Thomas

[Traducción y edición, Araceli Guerrero García]

[CIDAF-UCM]

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