Crónica política de Ruanda, 2013-2014 (Parte III)

CRÓNICA POLÍTICA DE RUANDA, 2013-2014*

(Parte III)

Por Filip Reyntjens

4. DERECHOS HUMANOS: BALANCE DEPLORABLE

Los informes anuales de Human Rights, Amnesty International y del Departamento de Estado americano llegaron globalmente a constataciones similares. El del Departamento de Estado es el más detallado y la traducción de algunas líneas de su resumen ofrece una imagen representativa de las inquietudes: entre los problemas más importantes, el informe evoca “la manera como el gobierno apunta contra los opositores políticos y contra los defensores de los derechos humanos por medio de la intimidación, detención y otros abusos; la falta de respeto por el Estado de derecho por parte de las fuerzas de seguridad y de la institución judicial: las restricciones de los derechos civiles (…)”. Otros problemas de importancia son “los asesinatos arbitrarios e ilegales tanto en el interior como en el exterior del país; las desapariciones, la tortura y las duras condiciones en las cárceles y centros de detención; las detenciones arbitrarias (…)”. El gobierno igualmente “ha violado las libertades de expresión, de prensa, de reunión y de asociación” y “ha hostigado las ONG locales e internacionales” (1). Una resolución ya citada del Parlamento europeo fue igualmente severa; evocó “el contexto de un partido único donde las personas que formulan críticas a las autoridades ruandesas son objeto de hostigamiento, intimidaciones y son encarceladas”. Señaló que “las libertades de reunión, asociación y expresión (…) son objeto de graves restricciones” y condena “toda forma de represión, intimidación y detención de militantes políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos” (2). Muy al contrario, la Comisión Nacional (gubernamental) señala que Ruanda ha registrado enormes logros en la promoción y protección de los derechos humanos estos últimos años (3).

En un cierto número de terrenos, la situación de los derechos humanos no ha mejorado. A partir de marzo de 2014, se ha notado un inquietante número de “desapariciones” en el noroeste sobre todo, pero también en Kigali. Decenas de personas fueron detenidas por militares o autoridades locales (4) y sus familias no tienen noticias de ellos. En una reunión pública en el estadio de Gisenyi, el general-mayor Mubarak Muganga afirmó que esas personas habían sido detenidas porque habría colaborado con las FDLR (5).

En una declaración tras una visita de una semana, el keniata Maina Kiai, relator especial de las Naciones Unidas por las libertades de reunión y asociación, observó que “las manifestaciones pacíficas expresando un desacuerdo con el gobierno aparentemente no son autorizadas”; “las restricciones injustificadas de la libertad de reunión pacífica han afectado negativamente a la libertad de asociación, ya que varios activistas políticos disidentes han sido detenidos por haber mantenido reuniones”. Señaló igualmente “las posibilidades injustificables del Rwanda Governance Board (RGB) de inmiscuirse en los asuntos internos de ONG locales” y estimó que “calificar a los actores de la sociedad civil críticos con el gobierno de enemigos del Estado pone en peligro su seguridad”. Con relación a los partidos políticos, constató “la ausencia de espacio para que se expresen puntos de vista disidentes””; tras detectar la ausencia de una sociedad realmente plural, juzgó que la persecución judicial contra los opositores” envía un mensaje paralizador e inaceptable según el cual el desacuerdo pacífico público con el gobierno es equivalente a un crimen” (6). Como es su costumbre, el régimen reaccionó con furor: los que critican Ruanda están al servicio de los poderosos, de los EEUU en este caso y Maina Kiai es uno de esos servidores. “Ha estado con varios oficiales, pero ha pasado más tiempo con criminales condenados. Y cuando ha hecho su informe, reflejaba éste más los puntos de vista de los condenados que el de los ciudadanos respetuosos con la ley. (…) La ONU debería enviar a personas más abiertas y más propensas a ser objetivas” (7). Uno de los incidentes puesto de relieve por Kiai concernía a la organización de promoción de los derechos humanos LIPRODHOR. Había sido neutralizada en 2004, cuando la mayoría de sus dirigentes había huido del país para ser sustituidos por fieles al régimen, pero, había retomado prudentemente sus actividades. El 3 de julio de 2013, cuando Liprodhor decidió abandonar la plataforma de asociaciones de derechos humanos Cladho, juzgada demasiado cercana al poder, la RGD le pidió que se retractara de su decisión. El 21 de julio, un pequeño grupo de miembros organizó una reunión llamada de concertación, y posteriormente asamblea general extraordinaria, que depuso al consejo de administración y tomó el control de la asociación. Tres días después el RGD levantó acta de la decisión y reconoció el nuevo consejo de administración, cuando el procedimiento seguido era en contra de los estatutos. El mismo 24 de julio, la policía prohibió la celebración de un taller de Liprodhor sobre el sometimiento de datos al Examen periódico universal, un procedimiento del Consejo de derechos humanos cuyo objetivo es la evaluación de los derechos humanos en los países miembros. El portavoz de la policía declaró que esta acción había sido realizada por indicación del RGB (8). Este episodio produce una fuerte impresión de algo “ya visto”, puesto que otros actores políticos y de la sociedad civil han sido neutralizados del mismo modo ((infiltraciones, sustitución de una dirección independiente por otra próxima al poder). El hecho de que el diario del régimen aprobara inmediatamente el cambio en el liderazgo de Liprodhor no hace sino confirmar esta impresión (9).

La prensa siguió sufriendo la misma suerte que conoce la sociedad civil de manera más general. Dos índices sobre la libertad de prensa llegaron a una clasificación casi idéntica: en la lista de Freedom House, Ruanda ocupa el puesto 24 entre los peores del mundo y el puesto 7 de África (10); en la de Reporteros sin fronteras, ocupa el puesto 20 en la escala mundial y el 6 en África (11). En abril de 2014, RSF denunció “un viento de intimidación sobre los medios de comunicación” tras la detención de un periodista, mientras otros dos habían huido del país y que una web de información fuese pirateada. El 17 de abril, el periodista de la web Umusingi Stanley Gatera fue detenido por tentativa de extorsión. Según informaciones recogidas por RSF, estaba en un café cuando una persona le deslizó un sobre en el bolsillo, ante lo cual unos policías lo detuvieron y llevaron a comisaría. Cuando la policía le llevaba a su casa tras seis horas de interrogatorio, un oficial le informó de la existencia de un plan para asesinarles a él y a su familia. Al día siguiente, Gatera, despavorido, huyó del país. Según Gatera, las amenazas podrían estar vinculada con una entrevista que había concedido en marzo a Al Jazzera, en la que abordaba la dificultad para los periodistas de trabajar en Ruanda. Otro periodista, tras haber publicado artículos críticos en Isimbi en enero y marzo, relató que dos hombres, contratados para vigilarle desde hacía varios meses, le advirtieron que corría el riesgo de ser asesinado a causa de sus artículos. Entonces, Eric Udahemuka huyó con su familia del país (12). Todo ello no ha impedido que un «sondeo» efectuado por el RGB en 2013 muestre que a ojos de la población la libertad de prensa está en sus cotas más altas: para el 89,5% de los encuestados, las libertades de expresión y de los medios de comunicación están garantizadas (13).

El 13 de septiembre de 2013, estudiantes de los institutos superiores y de las universidades dirigieron una carta al Primer ministro en la que afirmaban que el sistema de enseñanza ofrecía pocas posibilidades a los hijos de familias desfavorecidas en provecho de los que tienen medios económicos. Tres días más tarde, conductores de taxis utilizaron el mismo medio y enviaron una petición al Primer ministro para protestar contra una medida municipal destinada a expulsarlos del centro de la ciudad. El mismo día, unos cuarenta estudiantes y conductores de taxi fueron detenidos. Si bien la mayoría de ellos fueron puestos en libertad al día siguiente, los considerados como cabecillas permanecieron detenidos y habrían sido maltratados. Según un estudiante liberado, algunos oficiales habrían dicho: “¡Especie de estúpidos!, hemos conquistado el país con las armas ¿creéis poder reconquistarlo con palabras?”. Invitados por la comisión de asuntos económicos del senado, representantes de los conductores fueron arrestados al finalizar su audición (14). Estas intimidaciones no parecen que logran amordazar a los contestatarios. El 24 de febrero de 2014, una «Rwanda Youth For Leadership and Change Initiative » (RY4LCI) hizo el seguimiento de una carta que había sido dirigida al presidente Kagame. Los firmantes afirmaban que después de la carta de septiembre al Primer ministro habían sido sometidos a numerosas amenazas físicas o habían sido secuestrados de sus casas y luego desaparecidos, mientras otros se habían visto obligados a huir o habían sido enviados a campos militares. Las peticiones eran fuertes: además de la liberación de los todavía detenidos, exigían que Kagame “recriminara a las autoridades culpables de haber golpeado gravemente, encarcelado ilegalmente y torturado a aquellos de entre nosotros que no hemos más que ejercido nuestras libertades de opinión y de expresión consagradas por la constitución” (15). Estas reivindicaciones formuladas abiertamente son algo nunca visto en el Ruanda de Kagame; el futuro dirá cómo el régimen hará frente a este tipo de desafíos.

5. LA DEBACLE DEL M23

El año pasado vimos la implicación de Ruanda al lado del M23, nuevo movimiento rebelde congoleño nacido del seno del CNDP, y las consecuencias que este apoyo para las relaciones entre Kigali y sus principales donantes de fondos de ayuda (16). A pesar de las amenazas de sanciones, Ruanda no cedió a la vez que negaba esta implicación, pero nadie creyó sus desmentidos. Un informe provisional del grupo de expertos de la ONU (17) mostró que los reclutamientos de antiguos miembros de las FRD y de las FDLR prosiguieron en favor del ala Makenga del M23 en 2013, que municiones, alimentos y otros suministros siguieron transitando de Ruanda hacia el M23 y que el entrenamiento de elementos del M23 por parte de las FRD no cesaron, si bien estos apoyos habían disminuido como consecuencia del desmantelamiento de la red de Ntaganda (18). Human Rights Watch publicó constataciones similares y mostró además su inquietud ante el reclutamiento forzoso de civiles y las violaciones por parte del M23 (19). A pesar de los desmentidos ruandeses, el Departamento de Estado americano hizo un llamamiento a Ruanda “para que cesara inmediatamente cualquier apoyo al M23 y para que retirara sus militares del Congo” (29).

La brigada internacional (Force Intervention Brigade – FIB) autorizada por el Consejo de Seguridad en marzo de 2013, fue puesta en pie por la SADC con tropas suministradas por Suráfrica, Tanzania y Malaui, bajo mando tanzano. Compuesta por alrededor 3000 elementos de élite y con un mandato sólido, se desplegó a finales de mayo. Aunque Ruanda votó favorablemente la resolución del Consejo, en realidad se opuso al despliegue de la FIB, a la que veía, acertadamente, como una amenaza para el M23. Ya en julio, acusó al mando tanzano de estar en contacto con las FDLR: “El gobierno ruandés dispone de informaciones creíbles, fiables y detalladas de que fueron discutidas formas de colaboración táctica y estratégica con las FDLR” (21). Con el apoyo de Tanzania y Suráfrica, el despliegue de la FIB internacionalizó claramente el conflicto.

Las tensiones subieron a finales de agosto de 2013. La ONU acusó a Ruanda de infiltrar tropas en la RDC y afirmó que disparos hacia Ruanda desde territorio congoleños provendrían del M23, cuando Kigali había acusado de ello a las FARDC y había amenazado con intervenir en el Congo. En la cumbre celebrada en Windhoek el 14 de septiembre, la SADC mostró su preocupación ante el despliegue ruandés en la frontera con el Congo y expresó “la esperanza de que Ruanda no planteara un ataque” (22). Las FARDC, apoyadas por la FIB y reforzadas gracias a una neta mejora de sus capacidades tácticas y logísticas, así como por un nuevo mando regional, lanzaron un combate contra el M23, que sufrió reiterados reveses. El 15 de octubre, el ejército congoleño inició una gran ofensiva que empujó al M23 hacia la frontera con Ruanda, desde donde fue apoyado por carros de combate de las FRD. La suerte del M23 quedó sellada cuando, el 1 de noviembre, los ministros americano y británico de asuntos exteriores llamaron separadamente a Kagame para intimarle a permanecer fuera del conflicto (23). El 3 de noviembre, el presidente del M23 reconoció la derrota y ordenó el cese de las hostilidades (24).

La derrota del M23 fue el fruto de considerables cambios de la geopolítica regional. En primer lugar, la implicación de África Austral por medio de la SADC fue considerable. Suráfrica y Tanzania aportaron todo su peso, tanto política como militarmente, sobre la situación en la RDC y ello en detrimento de Ruanda y de Uganda. En segundo lugar, la presión ejercida y las amenazas proferidas por dos antiguos aliados cruciales de Ruanda, los EEUU y el Reino Unido, cambiaron el reparto de fuerzas. Hartos por la manera como Kigali contrarrestaba sus deseos de que la RDC se estabilizara, e irritados por sus mentiras, estos antiguos apoyos obligaron a Ruanda a abandonar una estrategia que, sin embargo, Kigali consideraba capital y por la que había asumido riesgos considerables, hasta tal punto que le había llevado a presumir y vanagloriarse de ello. La facilidad con que a fin de cuentas el M23 fue derrotado mostró perfectamente que se trataba de un caparazón vacío, sin mucha sustancia sin el apoyo de Ruanda. En tercer lugar, mientras la FIB actuó teniendo una función importante, las FARDC mostraron que con un mando, una logística y una motivación (concretamente el cobro correcto de salarios) adecuadas, eran capaces de tener el protagonismo que puede esperarse de un ejército nacional, lo que podría incluso, más allá del episodio del M23, contribuir a la reconstrucción del Estado.

El resultado para Ruanda fue catastrófico. Con la derrota del M23 perdió su último punto de apoyo en RDC, privándole así de una presencia política, militar y económica (25) en una parte del Congo que consideraba su área de influencia “natural”. Se ha enajenado, probablemente duraderamente, la simpatía de potencias aliadas internacionales (26). Esta simpatía era, tanto política como económicamente, crucial para un pequeño país intrínsecamente pobre. En el ámbito regional se ha aislado considerablemente: sus relaciones con la RDC son execrables desde hace numerosos años y el deterioro de las relaciones con Tanzania y Suráfrica es patente, especialmente desde 2013. Pero ello no se debe sólo a la participación de estos dos países en la FIB. Después de que el presidente tanzano Jikaya Kikwete sugiriera, al margen de la cumbre de la UA en mayo de 2013, que Ruanda debería iniciar un diálogo con las FDLR, los intercambios verbales entre los dos países se han hecho muy hostiles, hasta el punto de poner en peligro el buen funcionamiento y quizás la supervivencia misma de la Comunidad Africana Oriental. El impacto de los atentados contra opositores ruandeses en Suráfrica en las relaciones bilaterales ya ha sido evocado anteriormente.

6. CONCLUSIONES

El año pasado en revista se caracteriza por varios puntos de importancia. Se observa en primer lugar que prosigue la “desetnización” en las líneas divisorias; no se opera de la manera deseada por el régimen. Hoy, los tutsi más que los hutu son las víctimas de persecuciones que van hasta las “desapariciones”, detenciones e incluso asesinatos. En efecto, el régimen teme más a los opositores tutsi que a los opositores hutu. El asesinato de Karegeya en Suráfrica y de otros opositores en Uganda, lo mismo que el procesamiento de Mutabazi y Kizito Muhigo, ilustran esta evolución, que podría ser positiva en el sentido de que formula las divisiones en términos políticos más que en términos étnicos.

Está luego, ligado a la cuestión anterior, el hecho de que parece que Kagame es cada vez más contestado en el seno mismo de la base del poder, el ejército y el círculo central del FPR; lo que constituye para él una amenaza mucho más grave que las FDLR en el Congo RDC o una diáspora dividida que solo posee internet para criticarle. El hecho de que quienes recientemente han sido perseguidos en el interior, como Mutabazi y Kizito Muhigo, sean acusados de connivencia con el RNC muestra bien que las amenazas se encuentran igualmente en el interior (o que, al menos, son percibidas o presentadas así) con vínculos con fuerzas exteriores, convirtiendo de este modo en más concreta la perspectiva de una revolución de palacio.

Por fin, el precio que el régimen ruandés paga por su comportamiento en el interior del país y más allá de sus fronteras aumenta rápidamente. Mientras los reproches que sus socios internacionales le hacían hasta hace poco concernían sobre todo a la desestabilización del Congo RDC, la instauración de una dictadura, las violaciones de los derechos humanos en el interior y el trato a los opositores en el extranjero, han generado cada vez más críticas, incluso entre quienes más sólidamente le han apoyado en el pasado. Veinte años después, “el crédito genocidio” se ha desgastado y el “argumento moral” explotado por el FPR parece tocar a su fin. Si esta tendencia se profundizara, el «modelo ruandés», tan exaltado y apoyado por la comunidad de donantes de fondos, podría quedar amenazado. Dicho esto, se les plantea a los donantes de ayudas a Ruanda la cuestión de la alternativa a Kagame y no será nada fácil enfrentarse a ella. En efecto, ello cuestiona, una vez más, la estabilidad de Ruanda y de toda la región, y los “partenaires” temen sobre todo la incertidumbre.

Amberes, mayo de 2014

* Este texto de Filip Reyntjens, profesor de la Universidad de Amberes, forma parte del volumen «L’AFRIQUE DES GRANDS LACS, Annuaire 2013-2014, Éditions L’Harmattan». Obra colectiva de la que el autor es uno de los coordinadores.

[Traducción, Ramón Arozarena, agosto de 2014]

(1) DÉPARTEMENT D’ÉTAT, Country Reports on Human Rights Practices for 2013, marzo 2014, Rwanda.

(26) Señalemos de pasada que las relaciones con Francia, históricamente malas pero que parecían que mejoraban, de nuevo quedaron comprometidas cuando el presidente Kagame, en una entrevista publicada el 6 de abril de 2014 en Jeune Afrique, denunció “el rol directo de Bélgica y Francia en la preparación política del genocidio y la participación de Francia en su misma ejecución”. Francia anuló su presencia en las ceremonias del 20 aniversario del genocidio.