“El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” es una de esas sentencias populares que encierra una gran sabiduría. Los seres humanos parecemos abocados a repetir constantemente los mismos errores sin ser capaces de aprender de ellos. Si observamos la historia de los pueblos y la propia humanidad, encontramos errores que se repiten de forma constante, en cada continente.
Numerosos historiadores observan signos de que la tragedia de Ruanda vuelva a repetirse, porque los pueblos no han reconocido e integrado las profundas causas de semejante tragedia.
La historia nos dice que el Genocidio de Ruanda se presenta como el primer acto de una dinámica de desestabilización de África Central, planificada para concluir en una reconfiguración del trazado de la fronteras hecho por la Conferencia de Berlín de 1885.
Esta iniciativa desestabilizadora, iniciada por los grupos de presión tutsis (minoritarios en Ruanda) organizados en el seno del Frente Patriótico Ruandés (FPR), apoyados y equipados por la administración Clinton y el aparato militar estadounidense, persigue un doble objetivo: imponer el liderazgo político tutsi en África Central y ampliar las fronteras de Ruanda a los territorios del Kivu Sur y Kivu Norte para desenclavar un territorio demasiado exiguo, bajo una enorme presión demográfica, y acceder a ricos recursos naturales, de los que Ruanda estaba desprovista.
Sin embargo, la puesta en marcha de ese programa en la República Democrática del Congo (RDC) tenía un precio: debilitar por todos los medios posibles a la población congoleña, en su mayoría bantú, para impedir que reaccionara y tratar de romper cualquier idea de unidad nacional. Más tarde se procedería a reequilibrar demográficamente la región de Kivu mediante un desplazamiento masivo de población ruandesa y aplicando una política de limpieza étnica sobre gran parte de la población congoleña, y de los desplazados hutus, y a asegurar la financiación de la reconstrucción del nuevo estado ruandés improductivo en materias primas y recursos naturales.
Precisamente en este contexto hay que situar el genocidio en la región del Kivu, que se desarrolla a partir de 1995, a lo largo de la guerra en el Kivu, provocado por parte de las autoridades ruandesas y de sus cómplices congoleños y occidentales.
La reciente visita a nuestra casa, de un misionero francés que vivió esos años de los dos genocidios, en la Ruanda y en la región del Kivu, en los años 1994 y siguientes, nos ha recordado, por un lado, la tragedia de toda guerra étnica para la sociedad que la sufre, y por el otro lado, delata la crueldad de algunos gobiernos militares regionales y de algunas potencias extranjeras, que siguen oprimiendo con su terror y poder para saquear impunemente sus minerales y recursos naturales y controlar la región.
El derecho califica de genocidio los actos cometidos con intención de destruir en todo o en parte como tal a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Otros estudiosos añaden que más allá de las masacres destinadas al exterminio de una nación, se trata de un plan coordinado de diversas acciones tendentes a destruir los cimientos de la vida de los grupos nacionales con el objetivo de destruir a esos propios grupos, para restaurar una nueva nación.
Desde la Segunda Guerra Mundial ningún conflicto ha ocasionado tantas víctimas y, sin embargo, la ignorancia universal que rodea la escalada y las consecuencias de este cruel conflicto es absoluta, quedando el compromiso internacional muy por debajo de las necesidades humanitarias y trabajando las potencias interesadas en ocultar la realidad.
Según el Informe Anual 2025 de Human Rights Watch (HRW), el número de civiles congoleños y de hutus desplazados, muertos directa o indirectamente en el marco del conflicto desde 1996 hasta 2005 hay que situarlo en unos 4.000.000.
Sin embargo, esta cifra, corroborada por diversos informes de la ONU, no tiene en cuenta a los millones de población desplazada por las guerras, víctimas de la hambruna generalizada, de todo tipo de enfermedades y de abusos por parte de las autoridades militares congoleñas y ruandesas, y de las varias milicias en conflicto.
El IRC desarrolló tres estudios acerca de la mortalidad en la República Democrática del Congo entre 1998 y 2002. El resultado es que el conflicto de la región de Kivu es el que más muertes ha causado desde la Segunda Guerra Mundial y que el número de víctimas es bastante mayor que el de crisis y conflictos recientes que han ocasionado grandes matanzas de población civil.
Si se aplican las debidas correcciones, el número de muertos se eleva desde un mínimo de 3,5 millones hasta un máximo 4,4 millones. Esta oscilación se debe a la imposibilidad de investigar la muerte de 5 millones de congoleños en zonas inseguras.
Condiciones que desembocan en la destrucción del grupo y región
El IRC considera que la mortalidad creciente en el Congo es particularmente alarmante; indica que los esfuerzos nacionales e internacionales para reaccionar ante la crisis están lejos de ser los adecuados.
Y por su parte, otro 50 % de las muertes, tanto en el este como en el oeste son consecuencia de la guerra: efectos de la desnutrición y de las pandemias. Según el IRC, la mayor parte de las muertes está relacionada con enfermedades fáciles de prevenir y de sanar: fiebre, malaria, diarreas, afecciones respiratorias… El rebrote de algunas enfermedades que ya habían sido erradicadas del país ilustra sobre las condiciones sanitarias que padece la población. El acceso a los servicios sanitarios es precario, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. En alguna de las zonas más inaccesibles del país no existe.
La situación sanitaria y financiera de la República Democrática del Congo se agrava constantemente desde 1997. También mucha gente se pregunta acerca de las consecuencias sobre la población de los muchos fondos otorgados desde 1997 a la República Democrática del Congo por parte de la Comunidad Internacional en general y de la Unión Europea en particular. También hay serias dudas acerca del enorme crecimiento sin precedentes de las cifras de producción nacional y del saqueo de oro, diamantes, cobre, coltán y otros productos mineros para beneficio de Ruanda, Uganda y otras potencias extranjeras.
Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han denunciado de modo regular en estos últimos años el recurso sistemático a la violación como arma de destrucción de la célula familiar, base de la sociedad congoleña. Según Amnistía Internacional, el conflicto de la República Democrática del Congo se ha visto marcado de forma especial por el uso sistemático de la violación como arma de guerra.
Si bien la historia de la humanidad demuestra de modo trágico que la violación siempre está cerca de todos los conflictos, en la República Democrática del Congo ha sido utilizada de modo manifiesto por parte de grupos armados como una de las principales armas contra sus adversarios y la población civil. Al este de la República Democrática del Congo, miembros de grupos armados violaron a decenas de miles de mujeres entre las que hay que contar niñas y ancianas, y a un cierto número de hombres y niños, para aterrorizar, humillar y someter a la población civil.
En la República Democrática del Congo, la violación masiva contribuyó a extender de modo deliberado el VIH, lo que probablemente tenga consecuencias catastróficas en el porvenir sanitario del país. Las mujeres constituyen el colectivo más afectado por el sida; según ONUSIDA, las mujeres jóvenes tienen el triple de posibilidades de vivir con el VIH/SIDA que los hombres jóvenes. En los lugares en los que el sida es consecuencia de la violación, el efecto sobre las mujeres es catastrófico, ya que a menudo son abandonadas por sus propias familias y comunidades, se ven obligadas a dejar sus domicilios y reducidas a la pobreza. Las víctimas de violaciones padecen con frecuencia otras enfermedades. La infraestructura sanitaria de la República Democrática del Congo se ha desmoronado por completo.
Según Amnistía Internacional: Decenas de miles de niños y niñas, a veces con menos de diez años, luchan en las milicias y fuerzas armadas de la República Democrática del Congo. Desde el momento en que se les recluta, estos niños son víctimas de una larga serie de atentados contra sus derechos fundamentales, en particular actos de tortura, violaciones y asesinatos. Muchos de esos niños fueron reclutados a la fuerza, raptados bajo amenaza de armas de fuego por grupos militares como el M23 mientras jugaban en sus pueblos o incluso en sus casas y en las escuelas, mientras sus padres o profesores asistían impotentes a la escena. Cientos de niños habrían muerto durante estos entrenamientos. Las chicas son violadas o explotadas sexualmente por los comandantes y otros soldados adultos de modo habitual. Además, los niños soldados son obligados a perpetrar graves atentados contra los derechos humanos, en especial violaciones y asesinatos contra soldados enemigos y civiles. Algunos se vieron obligados a matar a miembros de su familia.
El testimonio personal del misionero Laurent Balas, que vivía en Goma, en esos años 1994-96, es muy elocuente, cercano y aterrador al mismo tiempo. Este misionero comparte la persecución de toda una sociedad pacífica y aporta muchos datos concretos sobre el terror y la opresión de todo un pueblo. También resalta la solidaridad extraordinaria de las familias que se ayudan y protegen mutuamente. Su lucha para garantizar la vida y dignidad de todas las personas perseguidas por las milicias terroristas y ejércitos de la región y de los países vecinos tuvo que ser cesada pues se vio obligado a salir del país urgentemente para salvar su vida.
Solo las personas oprimidas y perseguidas pueden ser las pioneras de su propia liberación y autodeterminación, apoyadas por la solidaridad de otros pueblos y líderes. Si no sanamos las raíces de la opresión, la historia tiende a repetirse.
CIDAF-UCM
