La represión sistemática del régimen presidencialista de Túnez, con Kaïs Saied a la cabeza, continúa y ahora le ha tocado el turno a Ali Larayedh, antiguo primer ministro del partido islamista Ennahda de 2013 a 2014.
Larayedh ha sido condenado a 34 años de prisión, bajo la acusación de apoyar el traslado de yihadistas a Siria.
Múltiples organizaciones de derechos humanos han sido críticas con las decisiones del sistema judicial nacional, profundamente reformado por el presidente, calificándolo de una forma de acabar con los oponentes políticos.
Entre los jefes de la oposición que fueron detenidos desde el año pasado se encuentran Rached Ghannouchi, jefe del partido islamista Ennahda, y Abir Moussi, la abogada y política tunecina presidenta del Partido Constitucional Libre, en una campaña de represión por sospechas de conspiración contra la seguridad del Estado.
La Unión Europea ya se mostró preocupada el pasado mes de octubre ante los ataques a la democracia en Túnez, señalando un portavoz del cuerpo diplomático que “Los últimos acontecimientos ilustran una restricción continua del espacio democrático en Túnez”.
La coalición opositora del Frente de Salvación Nacional ha señalado que el sistema judicial del país vive “uno de los períodos más oscuros”.
CIDAF-UCM
