En una resolución aprobada la semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió, lamentablemente, mantener todavía un año más las sanciones injustificadas que se impusieron inicialmente contra Eritrea en la víspera de Navidad de diciembre de 2009 y en su resolución de seguimiento, adoptada en diciembre de 2011.
En aquel momento, Eritrea fue falsamente acusada de enviar 2.000 soldados a Somalia en apoyo de Al-Shebaab. Estas acusaciones infundadas se repitieron en 2011 cuando Eritrea fue acusada injustamente, apenas un mes antes de la adopción de la Resolución 2023, de enviar tres aviones cargados de armas a Al-Shebaab a través del aeropuerto de Baidoa (Somalia).
Todas estas acusaciones eran claramente falsas. Pero estos falsos cargos eran vitales para los arquitectos de las resoluciones de sanciones contra Eritrea, que utilizaron su influencia diplomática para embestir a Eritrea, través de medidas injustas, en el Consejo de Seguridad.
Seis años después, todos los miembros del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional en su conjunto, son plenamente conscientes de los falsos testimonios que se inventaron contra Eritrea para servir algunos fines políticos.
De hecho, el informe de la ONU este año, como ya lo fue también el del año pasado, afirma categóricamente que el «Grupo de Seguimiento» no ha encontrado pruebas del apoyo de Eritrea a Al-Shebaab.
En circunstancias normales, el Consejo de Seguridad debería abandonar su caso contra Eritrea y dejar sin efecto las resoluciones de sanciones. Pero estos no son tiempos normales. Y, en lugar de corregir estas injusticias, el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de las reservas y las objeciones de varios de sus miembros, ha optado por hacer hincapié en su decisión equivocada bajo la insistencia de «mano dura» de los EE.UU. y sus aliados habituales. En este caso, el Consejo de Seguridad de la ONU está invocando hechos inexistentes y apoyando potenciales «amenazas a la paz y la seguridad regional», en su tenaz deseo de acosar a Eritrea.
Hay un hecho incomprensible que el Consejo de Seguridad de la ONU no puede pasar por alto, ya que afecta injustamente a Eritrea. Etiopía sigue ocupando territorios eritreos soberanos, incluyendo la ciudad de Badme, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. Etiopía también viola el Acuerdo de Paz de Argelia, garantizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la obligación, según los artículos 39-41de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar las medidas apropiadas contra Etiopía. Pero el Consejo de Seguridad no contempla estas acciones debido a que Etiopía goza de la plena protección y tutela de los Estados Unidos. Pero sometiéndose a lo deseos y preferencias políticas de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU está socavando su propio mandato legal y su autoridad.
Eritrea va a sufrir las consecuencias de esta injustificada acción de la ONU a corto plazo. Pero a largo plazo, la última consecuencia, a nivel internacional, será la inevitable corrosión de la autoridad legal del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Asmara (capital de Eritrea)
Fundación Sur
