Marafa Hamidou Yaya e Yves Michel Fotso fueron condenados el 22 de septiembre de 2012 a 25 años de cárcel por la malversación de 14,5 mil millones de francos FCA liberados por Camerún en el 2001 para la compra fallida del avión presidencial. En el marco del mismo asunto, otras dos personas se han ganado de 10 a 15 años de cárcel.
Algunos cameruneses se alegran de que el Primer Acto de este folletín de mafia italiana (que promete ser memorable, pues los acusados habrían interpuesto un recurso de apelación y otro de casación dos días después) acabe por fin para poder concentrarse en sus problemas cotidianos y urgentes del país.
Con la condena de la banda de Marafa, la Operación Gavilán ha llevado a prisión a más de una decena de altos cargos cameruneses por la malversación de más de 200 000 millones de francos FCA de fondos públicos (para más detalles sobre las malversaciones, lea el análisis de Edouard Kingue del 27 de septiembre de 2012 en Le Messager [fr]). No obstante, hay que decir que la estimación de Edouard Kingue sólo representa la punta del iceberg, ¡5 789 mil millones de francos FCA (como mínimo) se han expoliado del país en 40 años!
Efectivamente, los flujos financieros de Camerún entre 1970 y 2008 alcanzaron 5 789 francos FCA, según un estudio realizado por el programa Global Financial Integrity (GFI) del Centro de Política Internacional publicado en 2010. Estas estimaciones se han revisado al alza en el 2011 con hasta diez mil millones de francos FCA gracias a los trabajos de mi hermano y amigo Léonce Ndikumana y de su compañero James K. Boyce, dos economistas excelentes de la Universidad de Massachusetts Amherst, en su exitosa obra Africa’s Odious Debts: How foreign loans and capital flight bled a continent [Las deudas odiosas de África: cómo los préstamos extranjeros y la fuga de capital le chupan la sangre al continente]. GIF ha utilizado el modelo de la Banca Mundial y de la Dirección de Estadística Comercial del FMI para calcular estas fugas. Si se tienen en cuenta en esta cantidad las carencias existentes (que incluyen los intereses bancarios) y los flujos que conciernen a los servicios, la factura puede ser aún más disparatada para el país.
El capital se fuga por diversos canales: por la malversación de fondos públicos y de la ayuda al desarrollo, por los dividendos transferidos clandestinamente, por la evasión fiscal, por la subfacturación de los productos importados, por la infravaloración de los ingresos por exportación, etc. La importancia de la hemorragia financiera es muy superior al importe de la deuda exterior de Camerún y de su producto interior bruto. Tan superior que el país seguirá perdiendo un volumen de capital igual de masivo, ¡el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza seguirán siendo un señuelo!
¿Cómo recuperar este dinero para financiar el desarrollo del país?
No sólo hay que detener esta hemorragia de capital devastadora que es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y de reducción de la pobreza de Camerún, sino que también, y sobre todo, hay que tener voluntad política y una estrategia para intentar recuperar este dinero.
Parece vital confiscar y restituir estos fondos criminales al país expoliado, que los necesita mucho. Incluso un recobro parcial de estos activos podría proporcionar los recursos indispensables para la financiación de los servicios sociales básicos o los servicios de infraestructuras de los que carece el país. Los activos repatriados permitirán, de alguna manera, reparar los perjuicios causados por estos criminales de cuello blanco, entre los que se encuentran antiguos dirigentes y funcionarios corruptos, la mayoría de los cuales se pasean por Occidente, sin vergüenza alguna, presumiendo de ser sabios con una información basura político-mediática tan estúpida como sus fechorías.
De acuerdo con la base de los cálculos de algunos institutos de investigación, el recobro de los 5 789 mil millones de francos FCA permitiría financiar un programa completo de vacunación para 479 millones de niños, suministrar agua corriente a unos 28 millones de hogares o financiar el tratamiento durante un año entero a más de 67 millones de personas con el VIH/SIDA llenas de vida.
La restitución de los activos adquiridos de forma ilícita se ha inscrito expresamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por último, al hacer de esta problemática un principio fundamental de dicha convención, la comunidad internacional ha sopesado, asimismo, las consecuencias nefastas para el país y su población, víctimas de los miles de millones malversados cada año por sus sucios dirigentes.
Como consecuencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se han puesto en marcha un buen número de iniciativas para el recobro de los activos robados. El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza fundado en el 2006, forma parte de las iniciativas actuales en materia de recobro de activos robados.
En el 2007, el Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ODD) lanzó el proyecto StAR con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a recuperar activos robados por dirigentes corruptos, invertir los fondos restituidos en programas eficaces de desarrollo y combatir la existencia de refugios internacionales.
Es cierto que, una vez han salido de sus países, es realmente difícil recuperar estos fondos, a semejanza de los procedimientos de recobro en Suiza de los activos de ex dictadores, de Mobutu Sese Seko del antiguo Zaire, actualmente en la República Democrática del Congo (RDC); o también de Jean-Claude Duvalier (Haití). En la página web del ICAR hay información detallada sobre estos procedimientos.
Por esta razón, y este punto es primordial, ¡la prevención de la corrupción por el mercado público, por ejemplo, parece la solución mejor adaptada de lucha contra la corrupción en nuestros países africanos! Lea sobre este tema mi reciente presentación del 25 de septiembre de 2012 en la Academia Internacional contra la Corrupción situada en Laxenburg (Austria), disponible en la página Slideshare de mi perfil de LinkedIn y titulada «Prevención de la corrupción mediante la regulación del mercado público y el programa goPRS».
¿Quién debe hacerlo?
Hay ejemplos recientes de recobro de activos que han salido bien, especialmente los fondos de Abacha en Nigeria, los fondos Marcos en Filipinas, pero también en Kazajistán o Angola. Los activos restituidos sirven para financiar los programas de lucha contra la pobreza, de creación de empleo, de promoción de la salud, de educación, de agricultura, de carreteras o de desarrollo de zonas rurales.
Las altas autoridades del estado de Camerún tienen la responsabilidad moral y el deber republicano, en este caso y en muchos otros, de demostrar una voluntad política a la hora de comprender oficialmente a los organismos citados más arriba y de emprender procedimientos de recobro. No hay ninguna necesidad de contratar a otros estafadores internacionales, expertos en todo pero al final en nada, como fue el caso de las últimas veleidades de Dooh Collins con la bendición del antiguo Ministro de Justicia, Amadou Ali.
Desde 1991, como consecuencia de una decisión del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la malversación de fondos públicos se considera una violación de los derechos humanos. Se priva a los cameruneses de sus derechos y, tal y como los enuncia la Carta Internacional de los Derechos Humanos, nosotros somos con toda la razón las víctimas de los reglados pillajes organizados por esos «Don Vito Corleone» cameruneses. Sus prácticas nos perjudican a todos: a nuestros hijos, a nuestras mamás, a las familias pobres que forman el grupo de la población más importante y más vulnerable del país.
¿Cuál es el papel de la Agencia Internacional de Investigación Financiera?
La Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) es la Unidad de Investigación Financiera de Camerún, creada por el Reglamento nº 01/03-CEMAC-UMAC-CM del 4 de abril de 2003, que abarca la prevención y la represión del blanqueo de capital así como la financiación del terrorismo en África Central. El decreto nº 2005/187 del 31 de mayo de 2005 la hace operativa al fijar su organización y las modalidades de su funcionamiento.
La misión principal de la ANIF consiste en recoger, tratar y desarrollar una base de datos con información útil acerca de la lucha contra la delincuencia financiera concerniente a las declaraciones de sospecha y las operaciones efectuadas, así como a las personas que hayan efectuado la operación, directamente o mediante intermediarios. Esta información se puede transmitir, si así lo piden las autoridades judiciales competentes, con el fin de establecer el origen de la cantidad o la naturaleza de las operaciones que son objeto de la declaración de sospecha como la represión de crímenes organizados, la lucha contra la corrupción y la financiación del terrorismo.
La ANIF debería estar en el centro del ámbito institucional y organizacional de la prevención y lucha contra la corrupción, y debería trabajar con todas las agencias nacionales de lucha contra la corrupción, las instituciones bancarias locales, el Banco de los Estados de África Central (BEAC) y la Comisión Bancaria de África Central (COBAC), los organismos subregionales como el Grupo de Acción contra el Blanqueo de dinero en África Central (GABAC) y el Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de dinero en África Occidental (GIABA); pero también con todas las instituciones financieras del mundo, agrupadas en el seno del Grupo Egmont, del que es miembro.
Esta triple cooperación tiene como objetivo el intercambio de información financiera con el fin de ayudar a la ANIF en el proceso de trazabilidad de los fondos perdidos y a acrecentar su capacidad operacional en tanto que principal proveedora de inteligencia financiera con estructuras encargadas de investigar, informar y ejecutar la ley.
Como la mayoría de las agencias de inteligencia financiera en el mundo, la ANIF debe reformarse, ser independiente y dotarse de los poderes de coerción sobre las entidades declarantes y sobre la obligación de resultados en relación con las autoridades judiciales. Con su configuración actual de servicio público vinculado al Ministerio de Hacienda, la ANIF no puede ser eficaz aunque, por escrito, disponga de una autonomía financiera y de un poder de decisión sobre temas que le competen. Su ausencia se nota en todos los debates y casos de corrupción actuales, lo que refuerza esta apreciación. ¡El Estado debe reformar la ANIF urgentemente y empezar a creer de una vez por todas en la estrategia gubernamental de lucha contra la corrupción que le hace tanta falta con esta Operación Gavilán!
Por Dr. Nkoyock Alain
El blog http://www.afrohistorama.info/ 1 de octubre de 2012.
Traducido para Fundación Sur por Laura Moreno.
