El 5 de septiembre de 2012, HRW dirigió una extensa carta al Señor Makhtar Diop, Vicepresidente para África del Banco Mundial, con el objeto de expresarle las preocupaciones de la organización de defensa de los derechos humanos con relación a la financiación por parte del Banco Mundial de programas en Ruanda. Se presentan amplios extractos.
“A la vista de las detalladas pruebas de atentados contra los derechos humanos cometidos por el gobierno ruandés y del apoyo por parte del ejército ruandés a grupos armados en la RD Congo, responsables a su vez de graves violaciones de los derechos humanos, le escribo para exhortar al Banco Mundial a que revise sus programas con relación a Ruanda”. (…)
“Ruanda ha conocido un importante crecimiento económico desde el genocidio de 1994 (…) en parte gracias al apoyo y asistencia del Banco Mundial y de otros donantes. Sin embargo, estas conquistas han quedado minadas por la represión política, concretamente por las sistemáticas violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, el ejército ruandés ha seguido apoyando a grupos rebeldes armados responsables de fechorías en la RDC vecina, violando el embargo establecido por las Naciones Unidas”. (…)
“El gobierno ruandés se ha beneficiado de un fuerte apoyo del Banco Mundial a pesar de las evidentes pruebas de su desprecio de los derechos humanos fundamentales tanto en el interior de su país como en la RDC. El Banco Mundial es uno de los donantes de fondos más importante, con un montante de préstamos de cerca de 300 millones de dólares US en proyectos en marzo de 2012, 100 millones de los cuales son suministrados como apoyo presupuestario general cada año. Además el BM ha acordado entorno a 88 millones de fondos fiduciarios a Ruanda, poniendo el acento en sectores clave como la agricultura, energía, transporte, desarrollo de competencias, desmovilización y reinserción, así como en el desarrollo del sector privado. Un objetivo importante del BM ha sido el de velar para que los ruandeses más vulnerables se beneficien del crecimiento. El BM ha evitado emitir públicamente inquietudes sobre las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno ruandés, lo que expresa una falta de respeto de las obligaciones que el BM en cuanto institución de las Naciones Unidas tiene”. (…)
En lo que respecta a la Estrategia de desarrollo económico y de reducción de la pobreza (SDERP), el gobierno ruandés no puede ser considerado que haya estado a la altura de su programa, que debería haber respetado no solo los derechos humanos y el Estado de derecho sino igualmente haber permitido a los ciudadanos participar en su propio desarrollo social, político y económico”. (…) “El BM debería hacer mayores esfuerzos en poner evidencia la fosa de separación existente entre los compromisos de Ruanda con relación a la SDERP y la realidad cotidiana”.
“En julio y agosto de 2012, varios grandes donantes de fondos, EEUU, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Suecia, han suspendido o retrasad una parte de su ayuda a Ruanda como consecuencia de la publicación de un informe del grupo de expertos de la ONU, en el que se documentaba el suministro de armas, municiones, reclutas y otras formas de apoyo por parte de responsables militares ruandeses al grupo armado congoleño M23. (…) El BM debería tomar seriamente en cuenta el efecto desestabilizador de Ruanda en la región por el apoyo que presta a grupos armados responsables de graves atentado contra los derechos humanos en RDC”.
Human Rights Watch exhorta al Banco Mundial a:
? A que exprese públicamente y en privado ante el gobierno ruandés su inquietud sobre las graves violaciones de los derechos humanos y sobre el apoyo militar persistente que ofrece a grupos armados que cometen violaciones de los derechos humanos en RDC, a que informe al gobierno ruandés de que (si no adopta medidas inmediatas) el BM revisará su relación con Ruanda.
? A que examine el apoyo presupuestario directo a Ruanda (…)
? A revisar todos los programas del BM y los proyectos en Ruanda para garantizar que los fondos del BM no contribuyan a atentados a los derechos humanos, directa o indirectamente, en Ruanda y en RDC. En particular:
– A reexaminar el apoyo a proyectos de desmovilización y reinserción, ante las informaciones de que antiguos combatientes desmovilizados han sido reclutados de nuevo (…) para apoyar el M23.
– A reexaminar la financiación al Ministerio de administración local. (…) Informar al gobierno ruandés que el BM no financiará indirecta ni indirectamente a este ministerio si sigue impidiendo que partidos de la oposición se registren”. (…).
La carta termina con el deseo de que se produzca un encuentro entre HRW y el BM para debatir las cuestiones planteadas.
Firma la misiva: Jessica Evans, Consejera/Investigadora para las Instituciones Financieras Internacionales de Human Rights Watch.
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La carta va acompañada del siguiente documento titulado:
Ruanda: Compendio de las principales preocupaciones sobre los derechos humanos, especialmente pertinentes con relación al programa del Banco Mundial
Septiembre de 2012
“Apoyo militar ruandés a grupos armados congoleños implicados en crímenes de guerra.
El ejército ruandés tiene una larga historia de implicación en el conflicto de la vecina RDC. En 1996, las tropas ruandesas invadieron el este de la RDC y mataron a gran número de refugiados ruandeses y a civiles congoleños. Desde entonces, han apoyado una sucesión de grupos armados congoleños que han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra civiles, concretamente en la “segunda guerra” de la RDC, de 1998 a 2003, y posteriormente en 2004, 2007-2008, cuando apoyaron al CNDP. (…) El ejemplo más reciente de la implicación militar ruandesa en RDC lo constituye su apon al M23, grupo armado congoleño implicado en atentados a los derechos humanos y en violaciones de las leyes de la guerra. Uno de los principales líderes del M23 es Bosco Ntaganda, (…), contra el que pesa un mandato de arresto internacional emitido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre 2002 y 2004. A finales de marzo de 2012, alrededor de 600-800 soldados del ejército congoleño se amotinaron, afirmando que el acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009, que los había integrado en el ejército nacional, no se había aplicado íntegramente. En mayo, los amotinados crearon un nuevo grupo armado llamado M23, que se ha beneficiado del apoyo del ejército ruandés con armas, municiones, reclutas, y refuerzos periódicos de fuerzas. Gracias al apoyo de las autoridades militares ruandesas, que le han permitido entrar sin problemas en repetidas ocasiones a Ruanda, Bosco Ntaganda ha podido evitar ser detenido y transferido a la CPI. (…)
En su estrategia para la ayuda a Ruanda (CAS) por el periodo 2009-20013, el Banco Mundial reconoce ‘los potenciales riesgos para los países vecinos de la región, concretamente la amenaza de conflicto y de inestabilidad política en la región’ y que ‘los progresos de Ruanda en la construcción de la seguridad interior y estabilidad política son…vulnerables dada la inestabilidad política permanente en el este de la RDC’. Sin embargo, el BM no reconoce que el ejército ruandés ha contribuido activamente al conflicto y a la inestabilidad. El BM sugiere que sus programas de desmovilización y reinserción ‘podrían contribuir a atenuar ese riesgo’; sin embargo, (…) se ha informado a HRW que entre los individuos reclutados en Ruanda para apoyar el M23 figuraban combatientes desmovilizados de las FDLR y del CNDP, así como soldados desmovilizados del ejército ruandés, incitados por coordinadores de la desmovilización (…) con la esperanza de recibir dinero o un empleo. (…) Igualmente, las autoridades militares ruandesas han reclutado a centenares de muchachos menores de 18 años por la fuerza (…), algunos tenían menos de 15 años. Cierto número de entre ellos fueron sumariamente ejecutados por los mandos del M23 cuando trataban de escapar.
Ausencia de un entorno favorable a la participación cívica y a la responsabilidad social
El Banco Mundial reconoce cada vez más la importancia de la participación ciudadana y de la responsabilidad social para un desarrollo duradero. La libertad de expresión, reunión y asociación forman parte integrante de la participación cívica, sin embargo el BM no expresado preocupación alguna ante la violación persistente de esos derechos por parte del gobierno ruandés. (…) La represión no ha dejado prácticamente a ningún periodista independiente en Ruanda y ha debilitado considerablemente la sociedad civil independiente. El gobierno ha hostigado, amenazado, detenido y acusado a periodistas y otras personas (…) por haber denunciado críticamente al gobierno. Acusaciones como “ideología del genocidio”, atentado a la seguridad, incitación a la desobediencia son utilizadas para perseguir a los detractores del gobierno. (…) El Alto Consejo para los media (…) suspendió en 2010 dos de los periódicos más populares, Umuseso y Umuvugizi, y sus responsables fueron juzgados acusados de difamación. Un periodista de Umuvugizi, Jean-Léonard Rugambage, fue asesinado en junio de 2010. Dos periodistas de Umurabyo, Agnès Uwimana y Saidati Mukakibibi, purgan penas de cárcel (…) Varios otros periodistas han sido perseguidos (…) y la mayoría se limitan a tocar temas no controvertidos (…).
La sociedad civil independiente ha sido grandemente debilitada. La hostilidad del gobierno para con la organizaciones de defensa de los derechos humanos hace que estas organizaciones tengan poco espacio para denunciar abusos (…), las amenazas e intimidaciones se combinan con cierto grado de autocensura (…)
El gobierno ha reaccionado de manera agresiva contra organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas HRW, o contra organismos de la ONU que han publicado informes críticos. Algo que ha quedado demostrado recientemente con la cólera del gobierno ante el informe del grupo de expertos de la ONU sobre la RDC que se ha evocado anteriormente. Se trata de una respuesta similar a la reacción del gobierno ruandés ante el “informe mapping” de la ONU publicado en 2010 por el Alto Comisariado para los derechos humanos que describía los crímenes cometidos por las tropas ruandesas en RDC, así como por los grupos armados apoyados por Ruanda, en 1996 y 1997. La respuesta a estos informes consiste generalmente en negar todos los atentados a los derechos humanos, en desacreditar a las organizaciones que publican esos informes y en atacar reiteradamente a los autores.
El gobierno ha utilizado una ley controvertida, de 2008, sobre “la ideología del genocidio” para apuntar con ella a los presuntos detractores del gobierno. Actualmente el Parlamento estudia una revisión de la ley. (…) Sin embargo, la nueva ley, en el supuesto de que sea adoptada según se ha propuesto, conservaría la noción de “ideología del genocidio”, cuya infracción conlleva penas de cárcel y es propicia a abusos, sobre todo en el contexto actual de represión y restricciones de la libertad de expresión. El Banco Mundial, en lugar de expresr su inquietud al respecto, parece aceptar simplemente la afirmación del gobierno según la cual “la ideología del genocidio” persiste o ha resurgido.
El BM, en su CAS de 2009-2012, reconoce la importancia de la participación, de la transparencia y de la responsabilidad, pero omite poner en evidencia que la represión gubernamental es el obstáculo más importante para lograrlo. (…) Señala con ceguera que las organizaciones de la sociedad civil han aumentado en número sin poner de relieve que su independencia ha quedado gravemente comprometida.
Crecimiento económico sin libertades políticas
El Banco Mundial ha omitido expresar constructivamente sus inquietudes con relación a los potenciales riesgos que la represión del gobierno ruandés plantea para garantizar un desarrollo duradero. En su estudio del caso de Ruanda, World Development Report 2011 afirma que “la paz es más susceptible de durar si el espacio político de Ruanda se abre progresivamente”, y “la estabilidad post-conflicto fundamentada en el crecimiento económico y en un fuerte liderazgo – pero sin liberalización política – puede tener una duración limitada y un fin probablemente dramático”. Concluye que el éxito del desarrollo de Ruanda es frágil porque responde a la continuidad del reino del FPR. “La durabilidad depende a largo plazo de la apertura del espacio político y de la desconcentración del poder de entre las manos de una elite (…) En ausencia de un tal cambio político (…) las realizaciones notables del actual régimen pueden quedar anuladas”.
El FPR sigue monopolizando la escena política y controla todas las instituciones en todos los ámbitos, nacional y local (…). El periodo pre-electoral de 2010 estuvo marcado por un fuerte aumento de los actos de intimidación y de los ataques a los opositores, como sucedió también en las precedentes elecciones presidenciales de 2003 y en las legislativas de 2008. Para a las previstas en 2013 (…) no hay indicación alguna de que el gobierno vaya a abrir el espacio político. Sigue persiguiendo a los opositores reales o supuestos (…).
No existen partidos de oposición que puedan funcionar en Ruanda. (…). Bernard Ntaganda (PS-Imberakuri) y la presidenta de las FDU-Inkingi están actualmente encarcelados. Miembros de sus partidos de nivel inferior son detenidos y siguen siendo objeto de hostigamiento (…) El vicepresidente del Partido Verde fue asesinado en julio de 2010. (…) Incluso en el exilio los supuestos opositores o detractores no están seguros. En junio de 2010, el general Kayumba Nyamwasa, antiguo aliado cercano al presidente Kagame, actualmente su adversario declarado, escapó a una tentativa de atentado (…) en Sudáfrica; ruandeses residentes en Londres han sido advertidos por la policía británica de que estaban amenazados por el gobierno ruandés; (…) un periodista ruandés crítico con el gobierno fue abatido en Kampala por un hombre no identificado.
El Banco Mundial ha omitido poner de relieve sus preocupaciones con relación a la represión política llevada a cabo por el gobierno ruandés y con relación a los riesgos que esta represión representa para el desarrollo duradero del país. Antes al contrario, ha señalado en su CAS para el periodo 2009-2012 que “el enfoque ruandés de la promoción política y de una gobernanza inclusiva y estable parece funcionar”. En la sección titulada “Gestión de riesgos” ya hizo una previsión exageradamente optimista de las elecciones de 2010 y sugirió que ofrecerían “una nueva ocasión para profundizar el proceso de democratización de Ruanda”. Semejante análisis, si tenemos en cuenta que nunca ha habido elecciones democráticas, libres y equitativas desde la llegada al poder del FPR, es gravemente inoportuno. (…)
Falta de independencia del sistema judicial
Se han producido ciertas mejoras (…) Sin embargo el sistema sigue sufriendo de falta de independencia y el gobierno interfiere en el desarrollo y conclusión de cierto número de procedimientos, sobre todo en asuntos de connotación política, como los señalados anteriormente respecto de opositores y periodistas.
Además, HRW ha documentado casos de detención ilegal y de tortura en lugares de detención militar. Los jueces encargados de dichos asuntos no han ordenado diligencias (…). Los abogados son reticentes a la hora de encargarse de temas relacionados con la seguridad del Estado, con cuestiones políticas, libertad de expresión, ideología del genocidio, así como en asuntos de detenciones ilegales, todo lo cual limita los derechos del acusado. Numerosos imputados en este tipo de asuntos comprueban que se les reclaman honorarios exorbitantes.
Los tribunales comunitarios gacaca, encargados de juzgar asunto ligados al genocidio terminaron sus trabajos en 2012. Han juzgado a mas de 1,2 millones de asuntos desde 2005. Dejan detrás una herencia o balance mitigado, con algunas realizaciones positivas – un trabajo rápido, participación local amplia, y revelación de informaciones de los sucedido en 1994 – así como violaciones del derecho a un proceso equitativo, intimidaciones de testigos, corrupción de jueces.
Desafortunadamente, el CAS del Banco Mundial no ha reconocido el carácter mitigado o mediocre de esta herencia, al afirmar únicamente que el sistema de jurisdicciones gacaca “es beneficiario de una amplia aprobación por parte de la población”. Según investigaciones a fondo llevadas a cabo sobre el terreno y según observaciones de los procesos gacaca por parte de HRW, las opiniones son muy diversas y un gran número de ruandeses han expresado una profunda insatisfacción respecto a estos tribunales”
Para más amplia información sobre las preocupaciones expresadas en este texto, se ruega consultar: http://www.hrw.org/fr/africa/rwanda
Traducción/Resumen: Ramón Arozarena
