La campaña anticorrupción
Hichilema ha mostrado voluntad política para abordar la masiva corrupción bajo Lungu. Ha designado al muy respetado ex fiscal general Musa Mwenye para presidir el ACC, que ha arrestado a exfuncionarios de alto perfil que eran intocables hace apenas un año. Y seleccionó al bien acreditado Mumba Malila, quien genuinamente aborrece la corrupción, como presidente del Tribunal Supremo de Zambia. Se espera que Hichilema tome una igualmente sabia decisión al nombrar al DPP, una vez que logre deshacerse de Siyunyi, y no instale un aliado para cumplir sus órdenes.
Al mismo tiempo, ha habido varias importantes debilidades en el primer año de Hichilema en la lucha contra la corrupción. Primero, los retrasos en la promulgación de reformas legales han dejado a la ACC sin el adecuado poder para llevar a juicio entidades privadas. Estas personas jurídicas estaban entre los peores infractores bajo Lungu, aunque Hichilema también tiene muchos lazos de negocios con empresas privadas que podrían beneficiarse bajo la administración actual.
En segundo lugar, la reiterada negativa de Hichilema a publicar sus activos y pasivos, en violación de la constitución de Zambia, socava la lucha contra la corrupción y la necesidad de transparencia del gobierno. Esto se ha sumado a la sospecha sobre el alcance de la participación del presidente en la economía de Zambia y si sus políticas están deliberadamente diseñadas para beneficiar a las empresas en las que tiene interés.
En tercer lugar, las persistentes sugerencias de Hichilema de que los exfuncionarios ladrones puedan ser absueltos si devuelven los activos robados tienen el efecto evidente de parecer legalizar o incluso alentar la corrupción.
Y cuarto, Hichilema ha mostrado falta de voluntad para lidiar con la corrupción en su propio gobierno. Por ejemplo, el presidente ha guardado completo silencio sobre una controversia en la que el Ministerio de Turismo canceló 18 contratos de concesión de caza firmados por el gobierno anterior en un potencialmente ilegal movimiento destinado a beneficiar a amigos del UPND.
Otro motivo de preocupación han sido las reuniones clandestinas entre Hichilema y la alta gerencia de la Fundación Brenthurst, con sede en Johannesburgo, una creación de la familia Oppenheimer, para discutir su posible participación futura en la industria minera de Zambia. La principal pregunta es si Hichilema está utilizando State House para sus propios tratos comerciales privados, confundiendo la línea entre negocios privados y gubernamentales en medio de una falta de transparencia.
Fuente: African Arguments
[CIDAF-UCM]
