Atentado contra Habyarimana y genocidio ruandés: Deconstrucción de una conspiración

« Una adecuada investigación sobre el ataque aéreo que provocó la muerte del presidente ruandés Habyarimana – atentado que desencadenó el genocidio ruandés – habría permitido desmitificar la leyenda tejida en torno al genocidio, a su desarrollo, a sus causas y a sus responsables”. Esta opinión no es, como podría suponerse, la de un abogado de las defensa en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Este juicio emana de un jurista eminente que tuvo un puesto en la Fiscalía de ese TPIR y que, desde entonces ha alcanzado una brillante carrera en derecho internacional. Ha recapitulado las acusaciones imputadas contra instigadores del genocidio, entre los que, en primera fila, figuran el antiguo jefe de gabinete del ministerio de Defensa, el coronel Théoneste Bagosora, hutu, y otros miembros de lo que se llamaba “Akazu”, esto es, el entorno cercano al presidente. Entorno inicialmente sospechoso de querer elimina la minoría tutsi para así garantizar el dominio hutu.

“La leyenda quiere que sean Bagosora y el Akazu los que hayan hecho que Habyarimana desapareciera por considerarlo moderado y participar en los acuerdos de Arusha para compartir (con los tutsi) el poder”, me ha declarado este jurista. Ello habría constituido el inicio de su gran genocidio, tras haber armado un año antes a las milicias hutu con machetes chinos.

Otro abogado que trabajaba en la Oficina de la Fiscalía, consideraba también, a la vista de los cargos, que una conspiración del “Akazu” como una pura fabricación. Se trataba, según él, de una teoría sin fundamento que colocaba la estrategia del TPIR en un impasse.

Según el primer jurista mencionado arriba, el tribunal establecido por la ONU tras las matanzas de 1994 era incompetente y se creaba “falsas ideas sobre el genocidio y sobre la dinámica de la región de los Grandes Lagos en su conjunto”. Los jueces se extraviaron a causa “del deseo y la necesidad de vengar el genocidio”, en lugar de comenzar a evaluar las causas y las consecuencias de la violencia. “En el seno del tribunal se tenía verdaderamente el sentimiento de perseguir a los malvados”, puso de relieve.

Yo le declaré que había tenido acceso a cierto número de documentos confidenciales que la Unidad especial de investigación del TPIR había filtrado que aportaban la prueba de los crímenes cometidos por el Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Paul Kagame. En el transcurso de varias entrevistas, le mostré las conclusiones de los investigadores sobre los crímenes cometidos; investigadores que habían recolectado testimonios de desertores del FPR. Mencioné el hecho de que yo misma había interrogado igualmente a varios exoficiales y soldados del FPR que hicieron declaraciones similares, incluso, a veces, más precisas todavía. Pareció sorprendido de que yo hubiera podido tener acceso a esos dossiers del TPIR, pero no quedó chocado lo más mínimo por su contenido. Ya conocía todo ello: la masacre sistemática de los hutu por escuadrones de la muerte del FPR, particularmente en el norte y este del país, los osarios, la incineración de los cuerpos en el parque Akagera, los métodos de disimulo.

“Pienso que el malvado se ha salvado”

“Pienso que el malvado se ha salvado”, admitió al hablar de Paul Kagame, antes de matizar “Al menos uno de los dos, pero ello no significa que el otro malvado sea menos malvado”, refiriéndose al coronel Bagosora, considerado como el instigador del genocidio contra los tutsi. En ese momento yo no evoqué con él la cuestión de los comandos del FPR que se infiltraron en las milicias hutu y masacraron a los tutsi. Me parecí fuera del tema, aunque era coherente con su propia evaluación del genocidio, que no se había desarrollado como inicialmente había planteado el tribunal ni como demasiado a menudo se cree.

Pero, según este jurista, la incompetencia y desvarío no son las únicas causas de este fiasco judicial. Mantiene que “una malévola conspiración” ha contribuido a poner fin a una investigación sobre el atentado que costó la vida a Juvénal Habyarimana para evitar la inculpación de Paul Kagame de los jefes de guerra del FPR por sus crímenes cometidos en 1994. En términos jurídicos, un “acto malévolo” era un acto ejecutado intencionadamente y sin justificación legal. Hay que comprender la expresión “conspiración malévola” en el sentido de una voluntad de enmascaramiento. En otros términos, a petición de los EEUU, el TPIR quiso proteger a Kagame. Este jurista fue, no obstante, menos locuaz sobre las razones de este enmascaramiento y sobre el beneficio que podían sacar de ello los EEUU y algunos de sus aliados occidentales.

Sea como sea, se expresó inequívocamente sobre los primeros verdaderos instigadores del genocidio: “Es el FPR el que derribó el avión. Lo sabe todo el mundo y ya lo sabía todo el mundo en la época (…) Había abundantes elementos de cargo que habrían pido ser utilizados normalmente para perseguir a los autores de los crímenes cometidos por el FPR. La razón por la que no han sido tenidos en cuenta proviene de la naturaleza de la cadena de mando y de control operativo; lo cual colocaba a Paul Kagame en una posición de autoridad sobre todas las masacres. Por consiguiente en último término, es Kagame el que habría sido inculpado”, concluyó. Según los jueces del TPIR, una inculpación de Kagame habría desestabiliza toda la región.

El FPR de Kagame masacró a cientos de miles de ruandeses en el interior del país, principalmente a hutu, durante y después del genocidio. Sus fuerzas invadieron Zaire en 1996 y desencadenaron una guerra que ha costado la vida a millones de personas. Sus milicias, así como las apoyadas por Uganda, han saqueado los recursos de Zaire/Congo, y sus redes militar-comerciales se mantienen sobre el terreno. ¿Cómo imaginar una desestabilización más extrema llevada a cabo por un solo hombre?

Hice notar a mi interlocutor que acordar la impunidad a Kagame había tenido en realidad un resultado inverso y que su empresa depredadora es la que incendió toda la región. En varias ocasiones le pedí pruebas concretas y serias que permitieran establecer que Kagame hubiera podido ser, de una u otra manera, un vector de estabilización. Terminó por explicarme que era “la percepción” de la estabilidad regional lo que importaba y no la realidad sobre el terreno.

3 millones de cadáveres invisibles

Se trataba de verdad ante todo, prosiguió, a ojos de los responsables políticos americanos, de medir “cómo Kagame corría el peligro de desestabilizar todavía más la región. No desde el punto de vista de los tres millones de víctima del Kivu, sino desde el punto de vista de la diplomacia y de los responsables políticos de Washington que dicen: ‘Yo no veo los cadáveres de esos tres millones de víctimas a la tarde en los informativos. No tienen ninguna incidencia en las elecciones al Congreso”’. Esos cadáveres no suscitan ninguna pregunta por parte de los periodistas en las conferencias de prensa, en la Casa Blanca. Esos tres millones de cadáveres son invisibles. Y, en consecuencia, la extracción del coltán va mejor que nunca, ese coltán gracias al cual funciona el teléfono que utilizo para llamar a mi hermana y a mis hijos. La realidad es que nadie se interesa por lo que hace Kagame en África central y, por consiguiente, la desestabilización que Kagame y Yoweri Museveni han fomentado en esta región es invisibles para aquellos que estarían capacitados en poner fin a la misma o en cambiar el rumbo”.

Es opinión general que la ONU no tenía gran interés en establecer las responsabilidades de unos u otros y que a Occidente apenas la importaba la estabilidad de África central. No obstante, parece que durante un tiempo, Francia buscó realmente identificar a los iniciadores del genocidio. Es lo que querían particularmente las familias francesas del piloto, del copiloto y del mecánico del avión de Habyarimana derribado. En 2006, tras una profunda investigación, el juez francés Jean-Louis Bruguière emitió mandatos de arresto contra varios oficiales superiores del Kagame e incitó al TPIR a perseguir judicialmente al presidente Kagame por asesinato de su predecesor y por el desencadenamiento de las masacres. Kagame replicó con la ruptura de las relaciones diplomáticas y con la acusación contra el gobierno francés de complicidad con el genocidio. En 2007, Bruguière dejó su puesto de juez de instrucción, cuando la investigación seguía en curso de recolección de cargos. Fue sustituido por Marc Trevidic y Nathalie Poux. En esta época, Sarkozy estaba decidido a restaurar las relaciones con Ruanda. Los jueces franceses ampliaron la investigación, incluyendo en la misma a expertos en balística y acústica y recogiendo testimonios de los que habían oído y visto la explosión la noche del 6 de abril.

En 2012, los jueces anunciaron los resultados de una investigación técnica, según la cual era más probable que los misiles que alcanzaron el avión hubieran sido disparados desde un lugar situado en Kanombe, una zona en la que las ex-fuerzas hutu tenían su base. La investigación francesa, sin embargo, no había terminado y seguía reuniendo testimonios. En 2014, un joven llamado Émile Gafirita, uno de los antiguos escoltas de Kagame, aceptó prestar testimonio en el sentido de que el FPR había impulsado el atentado. En la época en que se había unido al FPR, al comienzo de los años 1990, Garifita era un niño-soldado. En 2009 rompió con el régimen y huyó a Uganda. En 2014, vivía escondido en Kenia donde, como otros, corría el serio riesgo de ser asesinado por agentes del FPR. El 13 de noviembre de 2014, poco después de que el juez Trevidic hubiera identificado a Gafiriti como futuro testigo en la investigación, el joven fue secuestrado en Nairobi por un grupo de hombres armados y ya no se le volvió a ver. Según mis fuentes, tras haber sido secuestrado, Gafirita fue llevado al campo militar de Kami, en la periferia de Kigali, y asesinado. Poco tiempo después del secuestro, yo llamé al letrado Léon Foster, el abogado francés que defiende a los oficiales superiores del FPR acusados en este asunto y le pregunté si era él el que dio el nombre de Gafiriti a sus clientes en Kigali. Admitió que lo había hecho, añadiendo que tenía perfecto derecho a hacerlo. He grabado la conversación.

En febrero de 2018, considerando que esa actuación (de Foster) podía constituir una obstrucción a la justicia, envié la grabación de mi conversación con el abogado Foster al juez de instrucción francés Jean-Marc Herbaut, que había sucedido a Marc Trévidic en el procedimiento relativo al atentado. El juez Herbaut, lo mismo que la fiscalía, optaron por no incluir esta grabación en el dossier. En mayo de 2018, tras haber discutido con dos abogados representantes de las partes civiles en este asunto, Emmanuel Bidanda y Philippe Mailhac, les trasladé el famoso documento, emanado de la Unidad especial de investigación del TPIR que aporta pruebas de la implicación del FPR en las masacres. Recuerdo que este documento, clasificado como Top Secret, establecía, entre otras cosas, cómo cuadros del FPR, entre ellos Paul Kagame, habían mantenido reuniones para preparar el atentado contra el avión de Habyarimana; cómo un equipo para encargarse de los misiles había sido creado y entrenado en Uganda y por fin cómo esos misiles habían sido suministrados al FPR y luego transportados a una granja de Masaka, zona de la capital de Kigali, controlada en la época por los hombres de Kagame. El documento secreto del TPIR menciona los nombres del equipo de los misiles y de quienes dispararon contra el avión. Igualmente, detalla los potenciales investigados/impugnables y Kagame figuraba en esa lista. Contiene una serie de anotaciones relativas probablemente a testigos o a anexos, que no aparecen en el informe del TPIR. En mi opinión, este “material” habría podido enriquecer la instrucción llevada a cabo en Francia. Los abogados de los querellantes compartían este punto de vista en junio de 2018 y sometieron el informe Top Secret al juez Herbau, que, una vez más, rechazó incluir dichos elementos en el dossier.

En octubre de 2018, la fiscalía de París requirió el abandono de la persecución judicial contra los cuadros del FPR apuntados en la investigación de Bruguière y la clausura del dossier. El fiscal admitió que varios testigos atestiguaban que rebeldes tutsi fieles a Kagame habían disparado los misiles, pero que no había “pruebas suficientes” para establecer esas afirmaciones; concretamente una ausencia de pruebas materiales irrefutables”, tales como una caja negra o grabaciones. Por otra parte, dijo el fiscal, algunos de esos testigos se habían retractado y habían rechazado repetir sus declaraciones.

Filip Reyntjens, eminente profesor universitario especialista sobre Ruanda, ha seguido más que nadie las investigaciones y ha aportado pruebas que identifican los misiles disparados como provenientes de un stock ugandés (Uganda era en 1994 el más cercano aliado del FPR). Reyntjens ha vuelto a poner en cuestión la competencia del fiscal, al reprocharle haber ignorado repetidas veces importantes pruebas o de haberlas contradicho. Para Reyntjens, el fiscal ha polucionado el dossier al acordar credibilidad a una investigación ruandesa (el informe Mutsinzi de 2010, realizado de manera no independiente) y a otros testimonios pobremente documentados. Reyntjens ha informado que ocho de los doce testigos citados por el fiscal habían declarado que los misiles habían sido lanzados desde Masaka, apuntando de eso modo hacia la responsabilidad del FPR.

El abogado Emmanuel Bidanda ha estimado que la desaparición, el secuestro y el asesinato de individuos a punto de prestar testimonio constituían hechos graves y no habían sido tomados en cuenta seriamente por el fiscal. Además del secuestro de Garifita, Théoneste Lizinde, que es considerado como la persona que ayudó a Kagame a cometer el atentado contra el avión, fue asesinado en Kenia en 1996, después de haberse distanciado del régimen; Eric Leandre Ndayre, un cuadro del FPR cuyo testimonio fue transmitido a los investigadores franceses en 2005, fue asesinado dos años más tarde tras ser secuestrado en Uganda.

“El hecho de que esas personas hayan sido objetivo ha sido especificado en el dossier. Sin embargo, el fiscal trata esos hechos como si no tuvieran importancia; como si esas personas hubieran fallecido por una crisis cardíaca o por algo menor. No se tiene en cuenta el contexto”, me ha confiado el letrado Bidanda.

“Estamos frente a un terrorismo de Estado, desde el inicio. Hubo inmediatamente después del asesinato de Habyarimana una ofensiva del FPR. Todo el mundo, desde el simple soldado al militar de mayor graduación, ha declarado que era imposible desencadenar una ofensiva de semejante amplitud sin preparación. El FPR tomó el poder y sigue en él. No quería que se realizara una investigación. Tenemos un dossier que tiene bases geopolíticas. Si no se toma en consideración el contexto político, no se comprende nada de la historia y de este asunto”.

A finales de diciembre de 2018, el juez Herbaut, finalmente, ha pronunciado el sobreseimiento en favor de los adjuntos de Kagame…

Fuente: Marianne – La tribune Franco-Rwandaise

[Traducción: Ramón Arozarena]

Artículos relacionados:

– El Globe and Mail y Ruanda