El pasado miércoles 26 de septiembre fue uno de los días más aciagos en la historia de la Fundación Sur. Por primera vez desde 1979 no pudimos cumplir con nuestro deber de informar sobre la realidad y actualidad de África debido a un ciberataque. No vamos a dar más notoriedad a los autores de esta ominosa acción, sin duda es parte de lo que pretenden, pero sí querría comentar algo sobre sus objetivos.
Entra las frases que dejaron escritas como imagen de su paso destructivo, todas de la misma índole, se encontraba esta: “El Sahara es marroquí y seguirá siendo marroquí hasta que Dios herede la tierra”. Cierto es que el texto no es original, pero como opinión es respetable siempre que no la impongas por la fuerza, como fue el caso. Entre otras cuestiones, también se entretuvieron tildando a la Fundación Sur de ”mercenaria de los saharauis”. Sí, estamos al servicio de la sociedad saharaui en la misma medida que lo estamos de la marroquí y de los diferentes pueblos de África. Mercenarios, no. A la Fundación Sur nadie la mantiene, a no ser los fondos, que son el esfuerzo de sus patronos, y los recursos, los de aquellos que la conforman y que logran que desde hace más de 35 años trabaje por el desarrollo del continente africano a través de la formación y la información.
Cierto es que hemos informado sobre el Sahara Occidental (el territorio del Sahara trascendería mucho más incluso que la idea del Gran Marruecos), pero siempre desde una visón superior de la Justicia, dentro de la cual contemplamos los principios de derechos humanos, igualdad, democracia, etc. Por supuesto, cada uno tenemos una opinión formada sobre la cuestión, pero nos hemos encorsetado objetivamente en el criterio único de la Justicia, respetuosos de las diferentes sensibilidades. A lo largo de los años, la justicia y los organismos internacionales han establecido unos criterios claros en esta cuestión. No vamos a redundar en ello pues son harto conocidos por todos.
En este escenario informativo, aquellos que agreden a quienes informan y forman en pro de la justicia, los derechos humanos y el desarrollo inherente al imperio de estos principios, se definen y desprestigian solos. Aquellos que en defensa de un trasnochado nacionalismo marroquí atacan a la libertad de expresión y al derecho de información de los demás, dañan indudablemente la imagen y el desarrollo de su país.
Es cuestión de cada uno pensar si es casualidad la coincidencia de la fecha de este ciberataque con la celebración en Marrakech del II Foro Mundial de Derechos Humanos. Un evento que por celebrarse en Marruecos donde, según un artículo de Javier Casqueiro publicado el jueves 27 en El País, la “Vigencia de la pena de muerte, tortura, presos políticos y de opinión, represión en manifestaciones, actos y actividades prohibidas a numerosas ONG y colectivos ciudadanos, nacionales e internacionales…” ha provocado que solo una organización española “entre las 4000 ONG invitadas” acuda al Foro y que numerosos organismos, entre ellos el reputado Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, junto a otros de Brasil y del resto del mundo hayan rechazado sus participación.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que cuenta con 14.000 afiliados, ha rehusado la participación en dicho evento ya que “La Justicia en Marruecos no siempre es independiente… se actúa contra activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos; la represión e impunidad es una práctica corriente y las denuncias sobre torturas rara vez llegan a los tribunales”. Según la AMDH contabilizó el año pasado, se contabilizaron 317 presos políticos o de opinión en las cárceles de Marruecos.
Amnistía Internacional, en su portal web, denuncia, entre otras injusticias, el uso por parte de las autoridades marroquíes de la legislación relativa a la lucha contra el terrorismo, que prevén condenas de hasta 6 y 20 años de prisión, para restringir la libertad de expresión, la penalización de “las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo entre dos personas adultas, un hecho que viola el derecho a la intimidad y a la libertada de expresión” y que la violación se aborde en el apartado de delitos contra la moral.
Por su parte, Human Right Watch (HRW) en su portal web denuncia que “La Constitución de 2011 introdujo por primera vez la protección al derecho de formar una asociación, sin embargo, en la práctica, los funcionarios del Gobierno impiden arbitrariamente la legalización de algunas, socavando su libertad de operación. Entre los grupos afectados se encuentran algunos que defienden los derechos de los saharauis, los imazighen (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los desempleados. También se encuentran asociaciones benéficas, culturales y educativas”. Y respecto de la situación de la infancia es muy preocupante el siguiente párrafo “A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas—trabajan en el servicio doméstico. Según la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles ha disminuido en los últimos años, pero niñas de tan sólo 8 años siguen trabajando en casas privadas hasta 12 horas al día por cantidades tan pequeñas como US$11 al mes. En algunos casos, los empleadores golpearon y abusaron verbalmente de las niñas, les negaron una educación y les negaron una alimentación adecuada”.
Juan Méndez, Relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, indicaba en su informe sobre Marruecos que “existe un patrón de tortura y malos tratos por parte de agentes de la policía durante el proceso de arresto y durante su detención (…) Muchas personas han sido obligadas a confesar y han sido condenadas a penas de cárcel en base a esas confesiones”. No puede uno dejarlo de relacionar con el caso del Tribunal Militar que en 2013 condenó a 25 civiles saharauis, incluyendo nueve cadenas perpetuas, basándose en confesiones obtenidas mediante tortura, según las denuncias nunca investigadas de los acusados. El resultado de estos juicios injustos son condenas que tiene un objetivo político. Por otra parte, según HRW, el Ministerio de Justicia marroquí reconocía en 2012 que 31.000 de los 70.000 presos del país estaban es prisión preventiva.
El reconocido abogado sudafricano Michel Trapido escribía, el pasado 2 de septiembre en la web de Thougt Lider, que “Una población educada aceptaría de buen grado una ley sobre información para proteger la seguridad estatal, pero nunca permitiría que el Gobierno la utilizara para controlar a los medios de comunicación”. Estas son dos de las claves de una sociedad libre, transparente y democrática: Información y formación. Es por ello que suelen ser las víctimas propiciatorias de los salvadores de patrias que sitúan los interés personales y privados, el poder de unos pocos, por encima del interés de la ciudadanía y del poder soberano del Pueblo.
Atacando al Portal del Conocimiento sobre África de la Fundación Sur se ha pretendido actuar contra el derecho y el deber de estar informados, contra la libertad de expresión y contra la capacidad de formación de una ciudadanía que pueda estar capacitada para desarrollar el continente africano. Es lamentable que el conocimiento alcanzado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) quede al servicio de aquellos que quieren el silencio del pueblo y el oscurantismo. Como reseñaba Trapido “Educación, educación y educación si queremos que nuestros sueños se hagan realidad”. Pese a duros años de plomo hemos visto surgir las primaveras árabes y movimientos llenos de ilusión y esperanza como el 20F en Marruecos. Nos han ofrecido el testimonio de unas sociedades que desean resolver los problemas que tienen ante sí. Nosotros, al igual que ellos, no pararemos en el deber supremo que es seguir. Sobre lo sucedido, sus estridentes ladridos sólo son señal de que cabalgamos.
Rafael Sánchez
