“Que el ala juvenil del CNDD-FDD está muy militarizada desde hace tiempo es un hecho. Ciertamente la circulación clandestina de armas es una ulterior señal de alarma de que la situación se está deteriorando en vistas de las elecciones del 2015”, dicen fuentes misioneras contactadas por la MISNA en Buyumbura. “La noticia circuló en estos días en las emisoras de radio privadas e internacionales, pero hasta ahora la gente no ha hecho mucho caso. Esta mañana, con un comunicado difundido en los medios de comunicación, las autoridades han desmentido categóricamente el rearme de los Imbonerakure”, agrega el interlocutor de la MISNA, cuyo anonimato se mantiene por razones de seguridad.
Otro motivo de preocupación es “la existencia –como informan algunos– de listas entregadas a los jóvenes del partido con los nombres de destacadas personalidades de la oposición que deben ser eliminadas, al igual que personalidades cercanas a la ex-rebelión de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), tanto en la capital como en la provincia de Buyumbura Rural”, sigue diciendo el interlocutor. Por ahora la minoría tutsi, representada por el partido de la Unión para el Progreso Nacional (UPRONA), “ha optado por un perfil bajo, luego de haber sido parcialmente puesta fuera de juego políticamente en las últimas semanas, pero es grande el temor de que también sus militantes puedan ser rearmados”.
Observadores y analistas locales sospechan que el deterioro de la situación de seguridad, fomentado a propósito, forme parte de una estrategia político-electoral en vistas de la cita con las urnas del año próximo. Una estrategia peligrosa en un contexto inestable, y que amenaza los acuerdos de paz firmados entre el 2003 y el 2005, después de una guerra civil entre rebeldes hutus y el ejército dominado por la minoría tutsi, que duró más de una década y que costó la vida a unas 250.000 personas. “El presidente Pierre Nkurunziza podría utilizar la renovada instabilidad para presentarse como único candidato capaz de garantizar la paz, mientras su eventual sucesor no sería capaz de brindar las mismas garantías” concluyen fuentes de la MISNA.
En las últimas horas, incluso el Consejo de Seguridad de la ONU había lanzado la alarma por la “creciente violencia política” y “las restricciones de los derechos políticos, de la prensa y de las libertades civiles”. El Consejo pidió a las autoridades de Buyumbura que “tomen medidas concretas para frenar las intimidaciones, amenazas y violencia cometidas por grupos juveniles”.
Pocos días atrás, durante una visita al país, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Samantha Power, deploró que se acerca el cierre de la Oficina Política de la ONU en Buyumbura a fin de año, pro presiones del gobierno, “en un momento de gran volatilidad política”. Después de pedir el respeto de la Constitución y de los Derechos Humanos, Power manifestó su temor de que Burundi “caiga nuevamente en la violencia en gran escala, después de todos los avances logrados”.
Después de que ele parlamento votara en contra, el mes pasado, de la enmienda de la Constitución que buscaba permitir a Nkurunziza volver a presentar su candidatura, sigue abierta la cuestión de su participación en las elecciones presidenciales. Ayer el ministerio del Interior anunció la suspensión de 15 partidos políticos autorizados anteriormente, aún antes de que se pronunciara la Corte Suprema de Justicia.
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