Las reparaciones del apartheid son uno de los legados sin terminar de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). La mayoría de sugerencias y propuestas formuladas por el comité de reparaciones de la CVR sobre los pagos nunca fueron implementadas.
Sin embargo, por la módica suma de 300.000 rands pagada a aproximadamente 20.000 personas designadas como “victimas” por la CVR, la mayoría de las víctimas tuvieron que conformarse con la retórica de la reconciliación y la construcción de la nación.
La retórica de la reconciliación y “lo pasado, pasado está” no ha eliminado la necesidad de las víctimas del apartheid de reparaciones financieras. Para muchas víctimas, la necesidad es cada vez más aguda. Aplaudo la iniciativa adoptada por el Grupo de Apoyo Khulumani de exigir una reparación de las empresas multinacionales mediante el recurso a los tribunales en los Estados Unidos y de la Alien Tort Claims Act (Acta de Reclamaciones de Extranjeros por Agravios: una ley de EEUU que permite a los tribunales estadounidenses procesar casos de derechos humanos de ciudadanos extranjeros, por agravios cometidos fuera de los EEUU).
El grupo Khulumani y otros grupos de demandantes son ambiciosos y astutos. Hasta hace muy poco, el gobierno de Suráfrica se ha mostrado indiferente a esta iniciativa y siguió afirmando que este tipo de casos en los tribunales van en contra del espíritu de “reconciliación nacional”. Siempre he sentido que el término vago y mal definido de “reconciliación” es objeto de abusos. El término no encarna todo lo que es bueno, especialmente si está manipulado de esta manera.
Al no pagar una indemnización económica a las víctimas, el gobierno de Suráfrica no sólo ignora las recomendaciones de la CVR, sino también viola el derecho internacional. Además, el gobierno está demostrando su ignorancia de un movimiento importante hacia el reconocimiento de las víctimas y las reclamaciones de reparación en la comunidad internacional. Y las víctimas han quedado desamparadas.
Kader Asmal y otros que se oponen a la reclamación de los demandantes de Khulumani están equivocados si se centran en la percepción de que la reclamación refleja negativamente el gobierno de Suráfrica y el proceso de reconciliación. La reclamación no está dirigida contra el gobierno. Va dirigida principalmente contra las empresas que se beneficiaron de hacer negocios con el gobierno del Partido Nacional.
Al recurrir al proceso de Estados Unidos, los demandantes utilizan una poderosa herramienta de los derechos humanos, el Alien Tort Claims Act, que cada vez está siendo más utilizada por las víctimas en todo el mundo en los juicios contra grandes empresas.
Los demandantes muestran un conocimiento de los avances modernos en la ley internacional de los derechos humanos. Y el argumento de que las reparaciones del apartheid deberían ser en primer lugar un asunto interno muestra la insensibilidad ante el hecho de que los crímenes contra la humanidad (como el apartheid) son de interés universal. La gravedad de los delitos en cuestión supera a todas las demás preocupaciones.
En junio del año pasado asistí a una conferencia internacional en Praga sobre la restitución de los activos de la era del Holocausto. A la luz de las decisiones vergonzosas e insensibles con los derechos humanos de nuestro departamento de Asuntos Exteriores, no me sorprendió la ausencia del gobierno de Suráfrica en la conferencia.
Estuvieron presentes las delegaciones de 48 países (incluyendo micro-estados como Montenegro y estados no europeos como Australia). La conferencia dio lugar a la redacción de la Declaración de Terezín. En palabras de Stuart Eizenstat, quien encabezó la delegación de Estados Unidos, esta declaración es el instrumento más detallado y completo de su tipo hasta la fecha.
Pero parece que el gobierno surafricano no consideró este acontecimiento lo suficientemente importante como para asistir.
Ahora las reparaciones se han convertido en más que una cuestión de interés interno o político, es una cuestión de derecho internacional y la ley internacional de los derechos humanos. En Praga se señaló que todas las naciones se vieron implicadas y afectadas por el robo y el saqueo del Holocausto.
Ya que el Holocausto supuso “el mayor robo de la historia”, la restitución del Holocausto es de interés actual jurídico y moral.
Los movimientos de reparación en todo el mundo han sacado las lecciones del Wiedergutmachung (el término alemán para las reparaciones del Holocausto). La reparación del Apartheid es igualmente motivo de preocupación jurídica y moral que hoy prevalece.
En una declaración en el Parlamento en 2002, el entonces presidente Thabo Mbeki calificó la iniciativa de Khulumani de “totalmente inaceptable” y dio a entender que no es patriótico para los demandantes de Khulumani recurrir a los tribunales de Estados Unidos. No es más que uno de los ejemplos en los que el gobierno de Mbeki nadó contra la corriente de los derechos humanos.
Las demandas de reparación no se borran con el paso del tiempo. Esto se ilustra claramente por las continuas peticiones de reparación por parte de los descendientes de las víctimas de la esclavitud de los Estados Unidos. Nuestro gobierno hace caso omiso de tales demandas por su cuenta y riesgo.
MIA SWART
Mia Swart es catedrática asociada en la facultad de derecho de la Universidad de Wits.
Publicado en el diario Mail & Guardian, de Suráfrica, el 25 de enero de 2010.
Traducido por Pilar Maroto Montalvo, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción/Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.
